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Panama Papers: El fiscal Delgado pide investigar el patrimonio de Macri

Por Catalina de Elía

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A raíz de la presentación de ayer del diputado kirchnerista Norman Darío Martínez, el fiscal federal Federico Delgado pidió al juez federal Sebastián Casanello una serie de medidas para impulsar el caso conocido como “Panamá Papers”. Entre ellas, una pericia contable sobre el patrimonio del “Grupo Macri” para conocer el origen de 9.300.000 dólares utilizados para constituir la firma “Fleg Trading” en Bahamas e informes a las autoridades migratorias argentinas y brasileñas para conocer si Mauricio Macri, Franco Macri y Mariano Macri viajaron a Brasil durante septiembre y octubre de 1998. Según el fiscal, Fleg fue una empresa madre de otras empresas y mediante operaciones comerciales desarrolladas en Brasil firmó contratos con Owners y Socma, ambas de la familia Macri, para luego constituir otras tres sociedades nuevas. Para el fiscal el juez tiene que determinar el origen del dinero y conseguir los contratos que documentaron esas operaciones.

HACÉ CLICK ACÁ Y ACCEDÉ AL PEDIDO DEL FISCAL DELGADO Panama Papers

Recordemos que el Presidente Mauricio Macri está imputado en la causa “Panama Papers” por los delitos de omisión maliciosa y lavado de dinero, ya que según la denuncia del diputado Martínez Macri no consignó en su declaración jurada su participación en Fleg.  Además, el legislador sostuvo que había que investigar si como integrante de Fleg Macri cometió el delito de lavado de dinero.

Hasta el momento el juez Casanello libró numerosos exhortos internacionales reclamando información sobre las sociedades atribuidas al grupo Macri. También se incorporaron informes elaborados por la Oficina Anticorrupción, por la Unidad de Información Financiera,  declararon periodistas, expertos en sociedades comerciales y se agregaron informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la Inspección General de Justicia y la Procelac.

 

El fiscal Di Lello encabezó nuevos operativos en la Villa 31

Por Catalina de Elía

@CatadeElia

Nuevamente la justicia, de la mano del fiscal Jorge Di Lello y el juez Lijo, incursionó en la Villa 31.  A “Voces Excluidas” no le interesa el procedimiento en sí mismo que fue vasto. Treinta y cuatro allanamientos en los que se secuestraron armas y drogas. El punto a resaltar quizá pasa por una reflexión que ve los hechos desde otro lugar.

La representación ciudadana naturalizó una visión de los espacios geográficos habitados en condiciones de vulnerabilidad extrema, que los clasifica en sitios de los que no es posible volver. Algo así como que quienes los habitan están condenados a vivir en esas condiciones complejas. Ello quizá contribuye a explicar el olvido del Estado que ha resignado el ejercicio de la soberanía que, de hecho, la ejercen otros grupos. Esta penetración judicial se inscribe en llevar nuevamente el Estado a esos lugares que olvidó. La luz pública no hace milagros. Es evidente que la sola presencia estatal no alcanza para modificar esa situación de vulnerablidad. Sin embargo, coqueteando con Sartre, podríamos pensar que contribuye a generar condiciones que revelen un espacio de libertad para que aquel condicionamiento derivado del contexto, no se naturalice en la forma de determinación. En efecto, la presencia pública estimula esa noción de libertad que caracterizó al segundo Sartre y demuestra que la justicia puede hacer algo más que castigar.

Se realizaron 40 llamados desde el celular de López durante las últimas 24hs hasta su detención

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Por Catalina de Elía

@CatadeElía

Los problemas de jurisdicción entre la justicia de la provincia de Buenos Aires y la Federal de esta ciudad, explican que aún permanezca en un cono de sombra una cuestión que debe ser aclarada:  ¿Qué hizo José López en los momentos previos a su detención?, ¿Que lo llevó desprenderse de  U$S 9.000.000 de dólares, joyas y un arma en el Monasterio de General Rodriguez. Los documentos que mostramos contienen parte de esa respuesta

Los mapas, a los que accedió en exclusiva “Voces Excluidas” y que están en poder del juez federal Daniel Rafecas son parte de un trabajo más amplio que está realizando la fiscalía que interviene en el caso, a través del examen de registros telefónicos. Las imágenes revelan el recorrido de una persona allegada a José López, en los momentos anteriores su detención.

Concretamente, se ven idas y vueltas desde la casa de fin de semana de la familia López, ubicada en Dique Luján, partido de Tigre, hasta su residencia en el barrio de Recoleta, de esta ciudad.  También, varios recorridos por las zonas de Benavidez y Nordelta. De todas maneras, lo más llamativo para los investigadores, tiene que ver con que durante las primeras horas del día 13 de junio hasta de la detención de López, desde ese aparato telefónico se realizaron 40 llamados.

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Quizá en esas comunicaciones se hallan las claves para descifrar el misterioso revoleo de bolsos en el monasterio. Según fuentes judiciales, en los próximos días finalizarán esta reconstrucción que, de todas maneras, deberá ser completada con la que puedan tener los demás teléfonos que tenía José Lopez y que aún están en poder de la justicia bonaerense.

Denuncian persecución ideológica en la Universidad de Palermo

 Un resabio del pasado aparentemente ocurrió en la Facultad de Derecho de la UP (Universidad de Palermo). El docente Federico Delgado renunció alegando persecución ideológica. En su texto de renuncia deja entrever dos variantes: que la persecución obedece al tipo de textos críticos con que trabaja o a alguna circunstancia vinculada con su trabajo, es fiscal federal. Dada la gravedad de los hechos en el blog VOCES EXCLUIDAS decidimos compartir la carta de su renuncia.

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Buenos Aires   de junio de 2016

Señor Decano de la Facultad de Derecho

Universidad de Palermo

doctor Roberto Saba

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Tengo el agrado de dirigirme a Usted como docente de la facultad. Como sabe tengo dos materias obligatorias a cargo, Sistemas Jurídicos Comparados y Filosofía del Derecho. El próximo cuatrimestre comenzaba otra, “El derecho penal y sus implicancias en materia de deuda externa” Oficialmente el lunes 13 me informaron desde la facultad que por “razones presupuestarias” el curso no sería ofertado. Sin embargo, varias personas de la comunidad académica -cuyos nombres obviamente me reservo-, me explicaron que la “razón presupuestaria” era una excusa que velaba otra más fuerte, pero más difícil de explicar. Esas personas me explicaron que la universidad no me quería en su plantel docente por mi perfil ideológico y que esta contingencia era el primer estímulo para que deje los otros cursos. Lamentablemente no quisieron, ni supieron o no quisieron narrarme con precisión el “problema ideológico” Pero los relatos y otras cuestiones concomitantes, que también me reservo para no involucrar a gente que teme consecuencias, me animaron a tomar esta decisión porque, más allá de lo que se diga oficialmente, esto es cierto y yo no miento.

Nunca fui a la Universidad de Palermo a buscar afecto. Fui a trabajar y lo hice muy bien. Mi termómetro son los ex alumnos, el personal de la casa y algunos docentes. Nunca recibí una directiva o una señal sobre mi forma de dar clases. Pero no voy a tolerar la persecución ideológica en un aula. El aula es sagrada. Allí se hace y re hace una pequeña comunidad cuyos ciudadanos son los alumnos y el docente. Sólo hay espacio para la libertad y cuando la libertad se ve amenazada no se puede enseñar. Menos cuando desde la administración de la universidad comienzan a desplegarse mecanismos sutiles para empujar a los docentes hacia otros horizontes. Recién ahora entiendo pequeños hechos que tomé como desajustes, pero que ahora comprendo en toda su dimensión. Quienes no pensamos mal de los demás, a veces atribuimos al azar hechos guiados por objetivos innobles.

Es verdad que mi selección de materiales de estudio no es la “típica” de las facultades de derecho. Trato de incentivar el pensamiento de los alumnos y no la repetición acrítica de leyes que están escritas, tal como me enseñaron mis maestros de la Universidad de Buenos Aires, tanto en la Facultad de Derecho como en la de Ciencias Sociales. Si la falta que cometí y nadie me explicó concretamente es esa, la cometí. Prefiero abogados que se parezcan al tábano socrático. Si, en cambio, mi falta se vincula con otros aspectos como mi forma de vestir, mi escasa participación en la vida social de la universidad o con la trascendencia pública de alguna intervención derivada de mi trabajo en el sistema judicial de la República Argentina, que puede caer más o menos simpático en términos extra laborales, lo lamento. Trato de trabajar con la definición republicana de la libertad, que la entiende como no reconocer otro señorío que el de la conciencia.

Renunció a partir del 30 de junio, Señor decano, porque mi perfil ideológico, que es simplemente una más de las tantas formas de ver el mundo que hay en la tierra, no es el resultado de los vientos ocasionales de la historia, no es caprichoso y no está ligado a la búsqueda de afecto o beneficios sociales y/o económicos. Es el resultado del proceso de formación de mi identidad, elaborada todos los días con las mismas herramientas: honestidad, pasión y disciplina. Lo hago atravesado, además, por esa sentencia de Antonio Gramsci: el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad.

Saludo a Usted atentamente.

 

 

#LibertadParaBelén: Cuando la justicia es fuerte con los débiles y débil con los fuertes

Por Catalina de Elía

@CatadeElia

CjkYuseXAAEHPwT.jpg_largeBelén ingresó al Hospital Avellaneda de Tucumán por dolores abdominales la madrugada del 21 de marzo de 2014. Ese mismo día quedó presa por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Pasó dos años en la cárcel y fue condenada a la pena de 8 años de prisión. Pese a que su nueva abogada apeló esa decisión, permanece detenida porque los jueces temen su fuga si espera el final de juicio en libertad.

VOCES EXCLUIDAS no va a analizar en términos jurídicos la condena. Va a señalar, en cambio, dos o tres rasgos que atraviesan el caso de Belén y que de alguna manera se pueden trasladar a los hábitos generales de la justicia argentina.

En primer lugar llama la atención el tiempo. No hay datos públicos y con rigor metodológico. Se cuenta con un estudio oficial del año 2012 que hizo la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de delitos contra la Administración Pública de la Procuración General de la Nación. Ese trabajo reveló que las causas judiciales contra la corrupción tardan 7 años en llegar a la etapa de juicio oral. Si pensamos un proceso desde el principio al fin, podemos concluir que se tardan 7 años para recorrer la mitad del camino. Belén, en cambio, algo más de dos años estaba condenada.

En segundo lugar, aquel estudio atribuía las causas de la demora a problemas de la justicia internos y a la benevolencia de la ley de procedimiento que permitía a veces una suerte de abuso del ejercicio de la defensa técnica. En la jerga se las conoce como “chicanas” para retrasar el juicio.

Belén casi no tuvo defensa. Su abogada actual, Soledad Deza, identificó con mucha precisión las cosas que su primera defensora dejó pasar y que permitieron una condena que ella adjetivó como “arbitraria” Aquí, entonces, no hubo un derecho de defensa amplio, casi que faltó. Repasemos un poco.

Se condenó a Belen porque el 21 de marzo de 2014, aproximadamente a las 3.50 am, ingresó a la guardia mayor del hospital Avellaneda aduciendo cólicos renales. Se dijo que entre las 04:00 y 05:00 pidió permiso para concurrir al baño y que allí dio a luz a un bebé de sexo masculino de aproximadamente 32 semanas que nació con vida y que ella mató. Que luego volvió al consultorio médico como si nada hubiese pasado, pero que debido a las hemorragias que padeció un médico comprobó que había dado a luz. Como un enfermero halló el feto en el baño apareció la policía. Entre los uniformados y los médicos ataron cabos. Si Belén tenía hemorragias, si Belen había abortado, si había un bebe muerto en el baño y si Belen había ido al baño bingo: Belen es una asesina. Kafkianamente comenzó el proceso y kafkianamente fue condenada.

En tercer lugar, Soledad Deza señaló algunas contradicciones llamativas. El cuerpo fue rescatado a las 3.00 am y Belén ingresó al hospital a las 3.50 ¿Cómo puedo ella cometer el hecho?

El cuerpo del bebé se halló y sin cumplir con las formalidades legales fue manipulado. Tampoco hay historia clínica de Belen. No se hizo un estudio de ADN que demuestre que el feto era su hijo.

descarga (1)Durante dos años ella sostuvo su versión de los hechos. Tenía problemas estomacales, fue al hospital, pidió permiso para ir al baño y cuando regresó para ser atendida era una homicida. Para rematarla, el Estado tomó conocimiento de los hechos a través de la declaración de un médico del hospital. Ello está vedado por la ley, ya que el secreto profesional prohíbe a los médicos denunciar delitos que hayan percibido en el marco de la relación abogado – paciente.

Es obvio que aquella suerte de exceso en la defensa de los acusados de corrupción que demoraba los procesos aquí estuvo ausente. Al revés, la escasez de defensa aceleró que una joven vulnerable, a partir de sus propias condiciones de vida y de pocos recursos económicos para controlar la marcha de una acusación judicial, fuese condenada en un tiempo récord en base a conjeturas envueltas en contradicciones y pruebas de cuya legalidad la actual defensora de Belen duda.

Es muy probable que si el caso logra cierta visibilidad las arbitrariedades sean corregidas. Ello no opaca la tendencia de nuestra justicia de ser débil con los fuertes y fuertes con los débiles. En efecto, mientras la justicia trató como un objeto a Belén y transformó un aborto espontáneo en un homicidio calificado, esa misma justicia evita abordar con la misma fuerza los grandes casos de corrupción.

El caso de Belén habla de la ideología del sistema judicial, de sus contradicciones, de su hipocresía. Pero ese caso judicial es más que eso, porque si ese sistema judicial es así, ello también es un poco responsabilidad de todos. Pasan los años, pasan las teorías, pasan las modas y los problemas de los humanos son casi siempre los mismos. También los remedios. Los remedios se reducen a una sola palabra que es la fuente de esa medicina: querer. Quizá los resumió como nadie Nicolas Maquiavelo, decía el florentino que no puede haber grandes dificultades, cuando abunda la buena voluntad.

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ENTREVISTA A SOLEDAD DEZA, ABOGADA DE BELÉN, ASOC. CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR.

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¿Cómo está Belén?
Está procesando todo lo que le pasó y le está pasando. El acompañamiento de la gente y del movimiento de mujeres la ha fortalecido. Está entendiendo que es una víctima, no una criminal. Siente que es muy injusto lo que le pasa y está muy esperanzada con su absolución y con su libertad.

¿Podés describir cómo fue aquella madrugada del 21 de marzo de 2014 en que Belen llega por dolores abdominales y termina presa?

Belén fue sospechada primero de provocarse un aborto. La enfermera que la asistió en la guardia, luego de constar su hemorragia le preguntó intensamente sobre “¿ Qué se había hecho?”. Lo mismo una de las psicólogas que la atendieron y su propio médico ginecólogo quien la interrogó acerca de si no “había perdido un feto de entre 15 a 20 cm”. A eso debe sumarse la presencia policial en su atención gineco-obstétrica donde se violó la confidencialidad señalándola su médico como “abortante” frente a una policía y además, se le facilitó a esta oficial la historia clíncia de la paciente donde anotó “causa homicidio” a pocos minutos de salir Belén de su legrado. También se intentó vincular a su madre en todo este maltrato, se le dijo que ella sería complice del delito de su hija. Se le mostró a Belén un feto en una caja y se le dijo “mirá tu hijo, vos lo mataste”. Estuvo con custodia policial desde que salió del quirófano y en una sala comunitaria con parturientas, pese a que las psicologas indicaron que debía estar sola por su salud mental. En fin… fue una gran cadena de maltratos que cristaliza el poder disciplinador que tienen los efectores de la salud, sobre todo, en la atención pública donde la paciente es en general, más desempoderada para exigir calidad y respeto de los derechos. Los maltratos consolidan un castigo moral a un reproche personal que objetores y objetoras manifiestan frente al aborto. Y la violación del secreto médico en estos casos, es una vuelta de tuerca a la objeción de conciencia ya que frente al hecho consumado de un aborto, es el último acto de condena que le queda al médico o a la médica: criminalizar a su paciente abortante.
¿En qué situación está la causa ahora?
 Nos concedieron el recurso de casación. Esto quiere decir que la Corte Provincial revisará la condena y deberá expedirse sobre los planteos de nulidad que hicimos en relación a la investigación, que es completamente producto de la violación del secreto profesional. Y además, sobre la arbitrariedad planteada en relación a la prueba recolectada, respecto de lo que hemos argumentado que no existen pruebas para condenarla por homicidio. Principalmente porque no hay un ADN que la vincule al feto y luego, porque existen múltiples contradicciones que han sido pasadas por alto por su Defensa Técnica y merituadas de forma errada por el Tribunal. Hay estereotipos de género que han jugado en esta causa a modo de prejuicios. También planteamos un recurso de Casación porque nos denegaron el cese de la prisión preventiva. Ambos planteos deberán ser resueltos por al Corte.
¿En qué condiciones está presa?
Está en un Penal que está en condiciones bastante buenas para lo que es la situación carcelaria general. Tiene buen trato del personal de guardiacárceles. Pero está presa. Ella jamás debió estar encarcelada preventivamente, pensemos que los genocidas esperan la firmeza de su condena en su casa, mientras que esta joven se vio privada de su libertad inmediatamente después de salir de su legrado, con 25 años. Es muy injusto, muy desproporcionado el peso con que cae la ley en mujeres que desafían -voluntaria o espontaneamente – el mandato de maternidad obligatoria.

 

 #LibertadParaBelen

Lanzan un cuestionario para conocer el primer Índice Nacional de Violencia Machista

Por Catalina de Elía

NiUnaMenos

El colectivo   y un grupo de especialistas de diferentes disciplinas lanzaron un cuestionario que busca determinar el primer índice nacional de violencia machista. El título de la campaña es “Argentina cuenta la violencia machista”. Las preguntas indagan sobre las distintas formas de violencia (social, psicológica, física, económica, sexual, reproductiva, simbólica) y apelan a experiencias vividas en diversos momentos y ámbitos.

La intención es que sea respondido por la mayor cantidad posible de mujeres de todas las edades, niveles socioeconómicos y educativos, regiones, provincias y lugares de residencia. El cuestionario estará disponible durante 90 días en la página http://www.contalaviolenciamachista.com/  Es anónimo, multiple choice y se puede hacer por etapas.

Ezequiel y la fábrica social de pobres

Por Catalina de Elía, periodista y politóloga

@CatadeEliabansky

Ezequiel es un hijo de una sociedad que  fabrica pobreza. Tiene 19 años.  Apenas  pasó por el colegio primario. Le cuesta hablar. Cuando tenía siete su mamá murió. Se llevaba mal con su papá y se fue de su casa.  Pasó por varios institutos de menores.  Pero se fue de allí. Y empezó a deambular en la calle. Irónicamente era menos rudo que los espacios estatales para proteger a los jóvenes. Se mueve por la zona de Constitución. Pero su termómetro es la seguridad. Tan dura es la calle que se desplaza por la ciudad para evitar agresiones. Una asistente social le preguntó si consumía drogas, le dijo que no. Que pelea para no consumir. La asistente se lo preguntó porque vio sus ojos  rojizos. Pero él se lo aclaró. Le contó que no puede dormir, porque teme las agresiones de la calle. La charla se dio porque un juez lo pidió.

Es que Ezequiel fue detenido el 21 de abril en la Estación Retiro. La policía lo encontró robando dos pedazos de madera de 1,5 metros cada uno. Eran de una empresa que esta refaccionado el edificio. Cuando estaba tomando los tablones la policía lo agarró. El juez lo liberó. Seguramente la causa no va a prosperar. ¿Pero el juez lo liberó? Es verdad que no fue a la cárcel. Pero su cárcel es la calle. Ezequiel tiene problemas para comunicarse, carece de estudios, no tiene lazos sociales afectivos. Está solo en la calle. Qué alternativa tiene. Este es el drama de una fábrica social de pobres.

Es inevitable relacionar esta historia con los hechos que situó Victor Hugo en la Francia de 1815. Ese maravilloso texto se llama “Los Miserables” Victor Hugo describió crudamente una sociedad que fabricaba pobres, pero tendió un puente de esperanza a través del perdón. El perdón entendido como una mano hacia el otro y hacia nosotros mismos. El perdón ocupa un sitio fenomenal en la filosofía política.  Hannah Arendt le otorgó una potencia enorme para fundar comunidades políticas, fundamentalmente porque ese el único camino que tenemos para enmendar nuestros errores.  Las promesas hacen el resto, porque también es lo más certero que podemos hacer los humanos, prometer. Ezequiel es una persona a la que deberíamos pedirle perdón y prometernos que ningún humano puede vivir así en sociedad. Pero también es un concepto, que nos tiene que invitar a pensar cómo hemos llegado a instituir una fábrica social de pobreza.

PANAMA PAPERS: Qué son y cómo afectan a los argentinos

VOCES EXCLUIDAS accedió a un documento que comprueba que la sociedad Fleg no llevaba los libros contables. Declaraciones del fiscal del caso.

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Por Catalina de Elía, periodista y politóloga.

@CatadeElía

 

Los “Panama Papers” ocupan un lugar privilegiado en la agenda pública. Sobre todo, por la revelación que ubicó al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, primero como integrante de la sociedad “Fleg” constituida en Panamá que no fue incluida en su declaración jurada de bienes, luego por ser parte de la sociedad “Kagemusha” y por nuevas firmas que fueron surgiendo de la investigación judicial que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello. El magistrado enfocó su trabajo en determinar si el primer mandatario omitió consignar datos en su declaración jurada patrimonial y también en dilucidar si como integrante de esas firmas comerciales participó de un delito. En particular, de lavado de dinero. ¿Por qué la sospecha? Por la naturaleza de las sociedades conocidas como “offshore”.

A este blog le interesa, a partir del caso Macri,  detenerse en este punto para analizar qué es una “offshore”, para qué sirve, por qué se constituye una empresa de estas características en los denominados “Paraísos Fiscales”  y, en síntesis, para tratar de explicar brevemente cuál es la importancia de los “Panama Papers” para los ciudadanos que no están ligados a las altas finanzas. Para responder a estos interrogantes vamos a seguir  el libro “Las Islas del Tesoro”, cuya bajada es elocuente: “Los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo” de Nicolás Shaxson.

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Desde ese lugar, se puede afirmar que cada vez que alguien concurre a un paraíso fiscal busca ocultar dinero proveniente de un delito, fugar capitales o evadir impuestos. En los paraísos fiscales no se pregunta desde dónde viene el dinero y se garantiza el anonimato. Por ello, no siempre la elección de una sociedad offshore se vincula con un delito. A menudo, ello tiene que ver con estrategias comerciales para aumentar la tasa de ganancia, mediante la reducción del pago de impuestos. Pero en todos los casos, el uso de este tipo de instrumentos revela un fuerte apego al interés individual en desmedro del común o, si se quiere, poco apego a la ética ciudadana cuyo horizonte de sentido es cumplir la ley y no violarla o eludirla.

Por ejemplo, en el caso Macri, VOCES EXCLUIDAS accedió a un documento desconocido hasta ahora. Forma parte del expediente que inició Mauricio Macri ante el Juzgado Civil N° 104, para que el magistrado declare que el nombrado no fue propietario no accionista de la firma “Fleg”. Allí existe una presentación de Franco Macri, a través de la que explica que en el caso de sociedades radicadas en Bahamas, es una decisión de los directores que las empresas lleven libros contables. “Fleg” no los llevaba…Esta opacidad seguramente luego conspira a la hora de investigar los hechos en sede judicial.

    Para acceder al documento en el cual se comprueba que Fleg no llevaba libros contables hacé click acá: DOCUMENTO PANAMA

Para sacarnos esa duda, le preguntamos al fiscal del caso Federico Delgado y ante la pregunta precisa respondió: “Efectivamente es difícil siempre en casos de lavado de dinero reconstruir los hechos. Las empresas offshore están radicadas en paraísos fiscales y su capital, precisamente, es el secreto. Además, a la hora de acceder a información específica los jueces y fiscales dependen de la voluntad de los Estados que son quienes deciden cuando colaborar, como hacerlo y en qué tiempo hacerlo. Estas variables no las podemos manejar desde aquí. Irónicamente, la globalización es vertiginosa a la hora de garantizar transacciones comerciales, pero medieval a la hora de implementar los intercambios de información entre Estados”.

La modalidad de las sociedades “offshore” son un fenómeno mundial. Los primeros años de este siglo mostraron un fuerte avance de estas herramientas jurídicas. En Estados Unidos, hay una gran preocupación al respecto ya que con el simple recurso de una “offshore” las empresas eluden la tributación. Entonces, se pagan menos impuestos, el Estado tiene menos recursos y, en consecuencia, menos poder para diseñar e implementar políticas públicas. Entre 2008 y 2014 las empresas más grandes de los EE.UU. transfirieron más de  1,4 billones millones de dólares a paraísos fiscales. La fase financiera del capitalismo, que es la bandera neoliberal, agudizó esta práctica y resintió las capacidades de los Estados.

Existe, incluso, una feroz competencia entre paraísos fiscales para absorber este dinero que circula por el mundo. Los estados norteamericanos de Delaware, Nevada y Dakota del Sur forman una suerte de coalición contra Suiza, Luxemburgo, Bahamas y otros paraísos caribeños. Incluso hay quienes atribuyen estas filtraciones como los “Panama Papers” a esa suerte de guerra. De hecho, el estudio  Mossak y Fonseca, que fue la fuente de información que utilizó el Consorcio de Periodistas de Investigación y que fue contratado por la familia Macri, es una pieza clave en el mundo de las finanzas. A punto tal que estuvo involucrado en varios escándalos. Por ejemplo, en la administración de fondos sucios de la familia real española, en la city londiense por el manejo de fondos de la camorra italiana  en Brasil en el caso “Lava Jato” y en México con el cartel de Sinaloa.

Los “Panama Papers”, entonces, más allá del caso judicial que involucra al Presidente de la Nación, tienen un efecto directo en la vida de los ciudadanos. En efecto, cada peso que eludiendo las barreras tributarias del país se fuga hacia el exterior sin pagar impuestos, reduce las chances del Estado de recaudar más fondos y, por lo tanto, la capacidad de mejorar la educación, la salud pública, la seguridad ciudadana, la seguridad social y la asistencia a quienes se cayeron del contrato social.

Es muy importante que la justicia resuelva la situación del presidente Macri, pero es también muy importante que la dirigencia política construya un marco normativo que de alguna manera limite la fuga de la riqueza que producen todos los argentinos y que, a través de las “offshore”, disfrutan unos pocos.

 

VILLA 31: UN CASO JUDICIAL DIFERENTE

Por Catalina de Elía

@CatadeElía      

villa 31Tres inmuebles que eran usados para la venta de drogas en el interior de la villa 31 ahora serán bibliotecas y centros educativos. Así lo pidió el fiscal Jorge Di Lello y lo ordenó el juez Ariel Lijo. En la resolución, el juez explicó que durante la investigación se constató que esos lugares se usaban para cometer los delitos de comercialización de estupefacientes. Hace un tiempo atrás, la justicia hizo un megaoperativo con más de 40 allanamientos y desbarató una peligrosa banda de narcotraficantes. Hoy la puja es distinta: por el control del territorio. Para ello, el juez convocó a autoridades políticas, tanto a nivel nacional como local y a organismos específicos del Ministerio Público Fiscal.

La decisión

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La primera lectura de la sentencia llama la atención por su heterodoxia. El juez Lijo recogió una iniciativa del fiscal Jorge Di Lello que, de alguna manera, desdobló la actuación del Ministerio Público Fiscal. En efecto, sin renunciar al descubrimiento de los hechos e individualización de los responsables la fiscalía de Di Lello dio un paso más. Normalmente, el sistema judicial realiza procedimientos y se retira del lugar. Precisamente, la fiscalía esta vez hizo lo contrario. De la mano de la manda constitucional que asigna al Ministerio Público la representación de los intereses generales de la sociedad, se convocó a un equipo interdisciplinario para que se ocupe del día después. Esto significa garantizar la presencia del Estado después de la intervención compulsiva propia de un allanamiento.

Aquí reside la novedad. En primer lugar, separar la tenencia de drogas del narcotráfico como campos de la salud y del derecho penal respectivamente. En segundo lugar, en ensayar una serie de medidas político judiciales enderezadas a establecer de manera concreta y palpable la presencia del Estado en el territorio. En tercer lugar, en generar las condiciones para que esos lugares sean convertidos en espacios sociales de encuentro, de servicios y de creación de ciudadanía.

En definitiva, para este espacio es importante que exista un precedente de esta naturaleza porque indica que la justicia no solo puede reprimir los delitos sino que además tiene la chance de contribuir a la re significación del sentido que circula en espacios donde el Estado ve resentida o disuelto un rasgo que debería distinguirlo, el ejercicio de la soberanía.

           A modo de conclusión…

A 42 años del asesinato del Padre Carlos Mugica, cuya sombra envuelve a la villa 31 y al grito de justicia de sus vecinos, decisiones como la emprendida por la fiscalía de Di Lello,  permiten generar ilusiones vinculadas con otra forma de ver los problemas del lugar.

Inflación: el debate

INFLACION: EL DEBATE

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Opinan Marcelo Bonelli, Facundo Moyano, Myriam Bregman, Agustin Salvia líder del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Fernando Blanco Muiño de Defensa del Consumidor del Ministerio de Producción, Miguel Angel Boggiano economista, Pablo Knopoff de Isonomía Consultores y Daniel Menéndez coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie.

Por Catalina de Elía

@CatadeElia

 

Introducción

La inflación directa o indirectamente está presente en todas las charlas de los argentinos. No todos discuten sus causas, pero todos hablan de sus efectos prácticos cristalizados en las subas de los precios de los productos. A causa de la inflación se ajustan las tarifas de los servicios públicos. Por ella aumentan los precios. Debido a sus efectos corrosivos sobre los salarios, se movilizan los sindicatos que agrupan a los trabajadores del sector formal de la economía. Las organizaciones sociales pujan por hacer visibles la forma en que ese fenómeno agudiza su situación de vulnerabilidad extrema. La inflación afecta el ánimo de la gente, agudiza las tensiones sociales y erosiona la paciencia ciudadana. La dirigencia política oscila entre la protesta y la impotencia.

En términos técnicos la inflación es el resultado de un desequilibrio entre la producción y la demanda. Su efecto más visible es la suba permanente de los precios y, en consecuencia, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.  En la década del ’50 Juan Domingo Perón lo ejemplificó muy bien. Afirmó que los salarios iban por la escalera y los precios por ascensor.

Las escuelas de los economistas en general plantean dos salidas al fenómeno inflacionario. Unos postulan la necesidad de reducir la cantidad de dinero en poder de las personas. Ello trae aparejado una drástica caída del consumo, es decir, de las ventas. Por lo tanto los precios no aumentan. Esta salida es la denominada ortodoxa y su traducción coloquial es el ajuste. Otros ven el fenómeno al revés. Sostienen que hay que aumentar la oferta de bienes para equilibrar la demanda. Para esta mirada el Estado tiene que tener un rol más activo, interviniendo en la economía. La idea es sostener los niveles de consumo y bajar la inflación.

En medio de estas dos visiones del fenómeno inflacionario hay matices propios de cada sociedad. En nuestro caso, muchos dirigentes colocan la lente en los intermediarios. Afirman que los productores de bienes tienen que vender el resultado de su trabajo a un precio bajo y que los consumidores pagan por ello un precio excesivamente alto. En el medio se ubican los conglomerados empresarios que intermedian entre producción y consumo. A veces por posiciones monopólicas o por cartelización; es decir, acuerdos empresariales, manejan el mercado a su antojo.

Voces Excluidas decidió intervenir y requirió opiniones distintos referentes para tratar de abarcar los diferentes enfoques que abarcan tanto el diagnóstico y como las posibles soluciones del fenómeno.

MARCELO BONELLI, PERIODISTA

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La Argentina tiene la peor combinación: recesión y alta inflación. Es la peor combinación que puede tener el país. Ello es el resultado del desastre económico  que dejó activado Cristina Kirchner. Del plan bomba que armó para que estalle durante el gobierno que la iba a suceder en diciembre.  Esto hubiese ocurrido a cualquier sucesor, sea Scioli o Macri. De todas formas, el gobierno esta manejando mal las expectativas, hay un incremento de costos que no es compensado. La alta inflación a provocado una caída del salario. Esto ha provocado una caída del consumo y esto esta provocando también una caída en el nivel de actividad. La tasa de referencia del 38 % del Banco Central es insostenible y esta marcando de alguna manera que el gobierno espera una inflación del 35 %. La tasa de interés tendría que bajar  a la expectativa  de la inflación que espera el gobierno que es del  orden del 25 %. Es factible que el índice de precios en el segundo semestre ceda. Pero esto va a ser producto de la recesión y no de una política macroeconómica adecuada, ordenada, coordinada y que corrija los desequilibrios que Macri heredó de Cristina Kirchner.

FACUNDO MOYANO, DIPUTADO DEL FRENTE RENOVADOR

FACUNDO MOYANO

La aceleración del proceso inflacionario en la Argentina tiene consecuencias nefastas para el país. El aumento de los niveles de pobreza e indigencia no sólo dificulta la reactivación económica porque achica el mercado interno, sino que incluso descompone el tejido social. Como en el 2014 la devaluación junto a la suba de la tasa de interés, transfiere recursos de manera automática hacia los sectores agro exportadores y el capital especulativo desde los sectores asalariados. Cuanto menores son los ingresos en pesos, menores los recursos para protegerse de la inflación. También como en el 2014 se le dio fuertes señales a los mercados y acreedores de Argentina llámense CIADI, Club de París o Buitres, para generar “confianza” y “previsibilidad” en la generación de empleo. A diferencia de ese año en donde también se buscó contener la inflación con los bajos salarios, el ajuste parece más brutal a partir de la quita de subsidios y los despidos en el sector público y privado. La inflación es un fenómeno económico sobre determinado muy complejo y con muchas causas. Nadie puede discutir que una de sus causas es la confianza y la previsibilidad, el problema es que hasta hoy no hemos visto una sola señal del gobierno que inspire confianza en los trabajadores formales, informales, jubilados o desocupados, que son los que día a día tienen menos confianza en llegar a fin de mes.

FERNANDO BLANCO MUIÑO, DIRECTOR DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

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La inflación es el más grande desafío que asumimos como Gobierno desde el momento que, luego de 7 años de negarla y esconderla a través de estadísticas fraudulentas, el Presidente Macri la puso en la agenda de gestión. No se puede trabajar en políticas públicas si se niega el problema. La lucha contra la inflación requiere el ordenamiento de la economía y ese proceso de transición lo asumimos con responsabilidad acompañando a los sectores más vulnerables con herramientas como Precios Cuidados, Ahora 12 y, desde el próximo 13 de mayo, con Precios Claros, la plataforma informática para visibilizar los precios. Estas políticas más las que se llevan adelante en materia monetaria, fiscal y de ordenamiento del frente externo permitirán estabilizar la economía argentina y alinearla con el resto de los países de nuestro continente donde, salvo en Venezuela, la inflación no es tema de preocupación pública.

AGUSTIN SALVIA (CONICET-UBA/UCA)

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“ESPERANDO EL DERRAME: HERENCIA, NEGACIONES Y FALACIAS”

La Argentina habría experimentado en la década pasada mejoras evidentes en términos de crecimiento, calidad del empleo, distribución del ingreso y derechos sociales. Sin embargo, la investigación social es prolífera en recoger señales inequívocas de que, al mismo tiempo, ningún cambio estructural tuvo lugar en materia de desarrollo y que la pobreza, la marginalidad y la desigualdad se hicieron más estructurales durante la última década. Asimismo, hace un lustro que la economía está nuevamente estancada en materia de crecimiento, sin inversiones ni creación de empleo, al mismo tiempo que está envuelta en un proceso inflacionario con déficit fiscal y otros varios desajustes macroeconómicos.

Como parte del mismo proceso, la era kirchnerista se llevó puestas las estadísticas públicas, así como a centros de investigación independientes e investigadores sociales destacados, todo ello recursos científicos necesarios para alertar de los errores y orientar soluciones. En general, las pocas advertencias no autorizadas nunca tuvieron aceptación, legitimidad ni asidero oficial. Salvo muy raras excepciones, el oficialismo de entonces nunca acompañó diagnósticos que dieran malas noticias.

El final relativamente febril en materia de consumo y estabilidad social del último período bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner fue posible en la medida que se lograba desplazar desequilibrios y postergar vencimientos. De igual manera, proliferaron los programas de asistencia a los pobres con el fin de mantener la paz social y se utilizaba el gasto público de manera políticamente correcta para disciplinar a amigos y castigar a enemigos. En ese marco, el gobierno fue dilapidando activos financieros, productivos, energéticos, ambientales, sociales y políticos con el fin de mantener un clima de fiesta. La negación de problemas acuciantes, entre ellos la inflación, la pobreza o la inseguridad, fue un instrumento del discurso político oficial para a través de una grieta retórica mantener invisibilizada la grieta social.

Según la información que releva de manera sistemática el Observatorio de la Deuda Social Argentina, a diciembre de 2015 el 6% de la población sufría indigencia extrema y más ampliamente entre el 25% y el 29% (según la fuente de datos que se utilice) se encontraba en situación de pobreza por ingresos. Asimismo, el 48% de los hogares urbanos del país –el 54% de la población– se encontraban afectados por al menos una de las formas que adopta la pobreza estructural: inseguridad alimentaria (15%), tenencia irregular o vivienda precaria (22%), falta de acceso a la red de agua corriente y servicios sanitarios (17%), padecimiento de enfermedades crónicas sin cobertura médica (20%), exclusión de la seguridad social (25%) o exclusión educativa (20%). En este contexto, el 20% de los niños sufre insuficiencia alimentaria, y el 45% de los adolescentes no termina el nivel secundario. En fin, el balance resultante en materia de exclusión social, después de más de una década de políticas ambiciosas políticas distribucionistas, no deja de ser preocupante: el 25% de la población urbana experimenta alguna carencia social fundamental y al mismo tiempo carece de ingresos para lograr un adecuado funcionamiento en sociedad.

Pero si bien estas cifras pueden ser objeto de discusión académica, las distintas evaluaciones que ofrece la realidad dependiendo de la fuente de datos utilizada pierden sentido cuando el foco se vuelca sobre las fallas más estructurales que presentan el sistema productivo, el mercado de trabajo y la estructura social. En tal sentido, la literatura coincide en destacar que más del 47% del empleo asalariado y no asalariado no está afiliado a la seguridad social´, la mitad de la fuerza de trabajo gana menos que un salario mínimo, el 25% de la fuerza de trabajo está desocupada o realiza trabajos de indigencia, y, entre otras evidencias, el 30% de los hogares recibe porque necesita alguna asistencia social fundamental para su subsistencia.

El problema es que, tanto antes como ahora, con verdades parciales útiles para la construcción de ficciones políticas se pierde capacidad para enfrentar la realidad, así como para encontrar los mejores senderos que permitan superar los escollos. Ni antes ni ahora las islas de fantasía nunca fueron buenas para promover debates ciudadanos ni acuerdos sociales que fortalezcan las instituciones de la democracia, permitan resolver de manera equilibrada las emergencias y proyectar políticas de desarrollo de largo aliento. De ahí que el necesario balance que demanda el actual momento requiere interrogarse también sobre los procesos que fijan límites estructurales a cualquier programa de ajuste, reactivación y crecimiento.

Al respecto, aunque no es esta la oportunidad para profundizar este tema, no sería pertinente omitir que el sistema socioeconómico argentino continúa padeciendo una serie de barreras estructurales que parecen operar como freno a cualquier programa de desarrollo con plena inclusión social. A saber:

  • Concentración económica e inserción internacional a partir de una fuerte especialización productiva basada en recursos primarios;
  • Profundas heterogeneidades en materia de productividad entre empresas, sectores y regiones con efectos directos sobre los mercados de trabajo, y la calidad de empleos y remuneraciones;
  • Fuerte concentración económica de capitales físicos, financieros, recursos ambientales y de la riqueza, con creciente extranjerización de las empresas líderes;
  • Grandes limitaciones para la producción y difusión microeconómica de los progresos científico-tecnológicos;
  • Patrones desiguales y socialmente segmentados de consumo, junto a crecientes desequilibrios fiscales y comerciales en el marco de una estructura tributaria regresiva.

Es en este contexto que la sociedad también recibe dividida, incluso sin comprender demasiado su significado, el cambio de régimen político que implica el arribo de Cambiemos al gobierno. Se observa tanto un exaltado entusiasmo como un comprensible y creciente temor. Además de las conocidas promesas de progreso y unidad de los argentinos, el nuevo gobierno apuesta a alcanzar soluciones estructurales al problema del subdesarrollo (p.e. “pobreza cero”) a través de un régimen de mayor libertad económica. En lo inmediato, este horizonte demandaría salir del default, abrir las puertas al capital financiero internacional, instalar un tipo de cambio más comprometido, bajar las retenciones a las exportaciones, normalizar las variables macroeconómicos, reactivar la paralizadas obra pública, corregir las distorsiones en los precios de las tarifas, ajustar el costo laboral por medio de una baja del precio relativo de los salarios, entre otras medidas, todo lo cual es de esperar mejore el clima de negocios, vengan las inversiones, baje la inflación, se retome el crecimiento, se reactive el empleo y se reduzca la pobreza.

Pero mientras madura el esperado derrame hay que pasar una dolorosa transición. En este marco, con el fin de evitar una obturación de la paz social el gobierno se preocupó en activar una serie de medidas de alivio social: aumento en las prestaciones por jubilación y pensión, programas sociales y asignaciones familiares, reducción del mínimo no imponible de ganancias, establecimiento de tarifas sociales, adelantamiento del consejo del salario mínimo, mantenimiento del sistema de precios cuidados, entre otras medidas; a la vez que algunas de las cuales todavía no dejan de ser proyectos (ampliación de la AUH, reducción parcial del IVA para los alimentos a beneficiarios de programas sociales).

Ahora bien, mientras esperamos que este plan de ajuste heterodoxo (no centrado en el equilibrio fiscal ni monetario) logre su cometido de mediano-largo plazo, los agentes económicos empoderados (léase los empresarios) han hecho y siguen haciendo de las suyas. En particular se han protegido aumentando precios antes, durante y después de la devaluación, lo siguen haciendo luego del ajuste de las tarifas, incluso a pesar de la caída del consumo. Es decir, la estanflación especulativa continúa siendo la moneda de cambio de una clase empresarial nacional con escasa vocación y gimnasia capitalista. La inversión de riesgo con recursos propios parece detenida hasta lograr mayores incentivos. Es cierto, todavía no están despidiendo a mansalva pero quieren poder hacerlo en cualquier momento, incluso, al menor costo económico posible.

Es frente a este escenario que los actores sindicales, sabiendo del riesgo estratégico que corren, negocian salarios reales a la baja pero cubriéndose del espanto en materia de desempleo. De ahí la demanda legítima de mayor protección, aunque todavía no exista crisis ocupacional. Pero el mayor riesgo económico en realidad lo están experimentando la pymes y microempresas, y con ellas una amplia capa de trabajadores asalariados precarios, trabajadores independientes, pequeños comerciantes y trabajadores eventuales (al menos 3,5 millones de trabajadores); en buena medida votantes del cambio. Los cuales, además de carecer de visibilidad y de representación política, o debido a ello, no han sido objeto de una especial protección social frente a la tormenta perfecta generada por la caída del consumo, el aumento de los precios y la creciente amenaza de despido. Un segmento al cual no llegan aumentos por paritarias, ni tasas de interés favorables, ni tarifas sociales, ni aumento en los programas sociales, etc.

Justamente, es esta masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares los que constituyen los “nuevos pobres” de los primeros meses de gobierno. En el caso de los que ya lo eran, lejos todavía de encontrar una salida a la pobreza, aunque sin todavía perder la esperanza, les ha tocado profundizarla sin red de contención. En abril pasado, el Observatorio de la Deuda Social buscó registrar este proceso al señalar un aumento estimado de manera conservadora de entre 24%-29% a entre 27%-33% en la incidencia de la pobreza urbana (en cualquier caso, más de un millón de nuevos pobres).

Es quizás un capítulo aparte, pero frente a esta cuidada puesta en escena de la información hubo diferentes y no menos extrañas reacciones que no es posible omitir. Por una parte, sorprendió un discurso kirchnerista sensible al aumento de la pobreza, cuando en general este sector político fue mentiroso a conciencia al momento de usar estadísticas sociales, a la vez que siempre fue crítico –cuando no amenazante- frente a las estimaciones de la UCA. Ahora bien, no menos patético fue registrar la reacción de algunos portavoces y consultores del nuevo oficialismo, antes proclives siempre a valorar las estadísticas sociales del Observatorio. A igual que en tiempo no tan lejanos, algunos sospecharon de las intenciones, otros pusieron en duda la metodología y no faltaron los que sometidos a una esperanzadora fidelidad de clase buscaron negar la realidad. Afortunadamente, muy diferente a otros tiempo, no fue esta fue esta la reacción del actual gobierno, quien inmediatamente procuró entender la problemática y no confrontar con la información.

En este marco, el continuado aumento de los precios, la falta de señales en materia de inversión, el riesgo que encierra el poner muchas esperanzas en el derrame y la preocupación cierta en que lejos de la “pobreza cero” se vuelva a generar una nueva capa de pobres, motiva a algunos sectores oficialistas a reflexionar sobre las responsabilidades compartidas, así como de la necesidad de contar con un programa más integral que promueva la inclusión social.

Sin duda, resulta deseable contar con un programa integral de combate de la pobreza como política de Estado que comprometa al gobierno, a trabajadores, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, asumiendo que es tarea de todos. Pero en principio el argumento resulta falaz –cuando no engañoso- si sólo se convoca a poner el foco en la herencia recibida, cuya vigencia es tan real como rivalizados son la interpretación sobre sus alcances y sentidos; y mucho menos, si de la propuesta no surge no surge la identificación de diferentes responsabilidades.

En efecto, es engañosa cualquier asignación no diferenciada de responsabilidades cuando en realidad los actores de carne y hueso –los institucionalizados y las capas de trabajadores informales, pobres o marginados no representados por nadie- no tuvieron igual protagonismo al momento de decidir el reparto de la torta ni mucho menos accedieron a iguales porciones de la misma mientras duró la fiesta. En este sentido, no parece justo que una vez finalizado el aquelarre se solicite a todos que paguen de manera democrática la cuenta; y menos aún si la fiesta termina mal, teniendo en cuenta que no todos los participantes tienen similar capacidad para protegerse de la debacle.

Aunque sobra decirlo, solo una mesa en donde todos los actores puedan verse la cara, sin antifaces (incluido el gobierno), podrá hacer posible distribuir talentos por devolver, prioridades por atender y sacrificios necesarios, es decir, saldar la salida de fiesta haciendo algo de justicia. Bajo este escenario, la situación exige del gobierno, antes que de nadie: información cierta, objetividad, lucidez, audacia, fortaleza, entusiasmo, transparencia, todo cual debe expresarse en la puesta en escena de un plan de emergencia mucho más integral que haga frente a la tormenta, priorizando a los más débiles, a aquellos sin recursos ni defensa frente a la crisis.

Pero además de lamentar que la mesa de actores sigue vacía, cabe la pregunta: ¿se están repartiendo con equidad los costos de la herencia?, ¿existe un plan de emergencia que prevenga y contemple las injusticias de la debacle?, ¿son suficientes y están llegando a tiempo las medidas de alivio social adoptadas para los sectores más pobres? No parece. El aumento, algo más que “probable”, que habría registrado la pobreza por ingresos según el Observatorio de la Deuda Social Argentina muestra que pueden ser millones los hogares que se sigan sumando a la pobreza si, al margen de toda red de contención, el derrame tarda más de lo previsto, resulta débil o nunca llega.

Es posible que el gobierno necesite ganar tiempo para instalar confianza plena en que un futuro distinto es posible, sin embargo, muy poco se logrará de manera objetiva al respecto si durante el tránsito no hay efectivas señales de equidad en la distribución de las responsabilidades y de los escasos recursos económicos disponibles. Para ello sin duda habrán de ser necesarias más y mejores estadísticas sociales, sobre todo estadísticas públicas (todavía ausentes), pero sobre todo una más clara voluntad política a resolver con responsabilidad, solidaridad y justicia este final de fiesta.

MIGUEL ANGEL BOGGIANO, ECONOMISTA Y CEO DE CARTA FINANCIERA

boggiano

¿Cuál es la causa actual de la inflación?

Lo que vimos en desde diciembre del año pasado es un aumento en los precios de determinados bienes. En especial los llamados “transables” (aquellos bienes que pueden comerciarse internacionalmente), los combustibles y los servicios (gas, luz, transporte). Los transables por efecto de la devaluación más anticipada de la historia (luego de una fantasía de tipo de cambio dramáticamente atradaso), los combustibles por elegir mantener empleo en las zona de producción petrolera, y los servicios por actualizar tarifas que no tenían ningún sentido económico.

Los transables y las tarifas, fueron sinceramiento de precios. Los combustibles son el resultado de haber perdido una batalla política.

En cualquier caso, hay que diferenciar inflación (aumento generalizado de precios), de cambio de precios relativos (donde determinados bienes se encarecen en relación a otros). Este último fue el caso. Obviamente esto impacta en un salto en el costo de vida y en el cómputo aritmético del índice de inflación, pero por su naturaleza de ser saltos de “una vez”, no deberían implicar inflación futura.

¿Qué hace el gobierno para combatirla?

Ha liberado no solo el cepo cambiario sino decenas de “cepos” que había en la economía. La era K fue una era de precios intervenidos y asordinados que no permitió transmitir la información de escasez relativa que transmite un precio.

Además de liberar los precios para restablecer el normal funcionamiento de una economía, se ha puesto énfasis en el componente monetario de la inflación. Se han hecho progresos pero aún se carga con la herencia de Lebacs (acrecentada por este mismo gobierno) que exige la necesidad de imprimir más pesos, sumado a la gran emisión necesaria para cubrir el dólar futuro de Vanoli. Hay mucho por trabajo por contener aún el componente monetario.

¿Qué debería hacerse o como debería hacerse para erradicarla?

Está todo en camino para que eso suceda. La gente se ha vuelto increíblemente impaciente, fogoneada por los políticos. Luego de soportar una inflación del 30%-40% por cuatro años, ahora quiere verla erradicada de cuajo. No hay soluciones mágicas.

MYRIAM BREGMAN, DIPUTADA FRENTE DE IZQUIERDA

Myriam Bregman

¿Cuál es la causa actual de la inflación?

La inflación tiene múltiples causas, sin embargo, es indudable que las medidas que tomó el macrismo desde que asumió provocaron una suba acelerada de los precios. A las medidas tomadas por el gobierno se suman las acciones de los empresarios que buscan mantener sus elevados márgenes de ganancia, aprovechando en algunos casos los manejos monopólicos de determinados mercados, creando una espiral de subas de precios.

El kirchnerismo dejó una “herencia” de inflación e ingresos de una mayoría por debajo de $7.900 (según último dato publicado por el INDEC en el segundo trimestre de 2015) pero el esquema económico que fijó el nuevo gobierno desde su asunción generó una escalada inflacionaria. En primer lugar, el dólar subió un 50 %, y esto es el principal elemento que explica la escalada de precios.  Se encarecieron los insumos importados que necesita la industria para producir y subieron los precios de los productos exportables que sus productores y comercializadores pretenden cobrar en el país al mismo nivel de precios en pesos que en el exterior.

Otras medidas inflacionarias han sido la quita de retenciones al campo y a la industria (lo cual lleva a que los productores busquen cobrar en pesos lo mismo que ganan en dólares al exportar), la eliminación de los Registro de Exportación (ROE) permite a los productores agrarios aumentar sus ventas al exterior y así presionar por precios en dólares al mercado interno, la quita de subsidios y tarifazos en agua, luz, gas, la suba de los combustibles, transporte,  por citar algunas. En mayo impactará la suba de cigarrillos, medicina prepaga y nueva suba de naftas.

El lunes pasado las consultoras económicas dieron a conocer la inflación de abril: la ubican entre 6 % y 8,5 %. La mayor suba en 14 años. En el acumulado entre enero y abril el aumento de precios alcanza de mínima al 20 %. Hasta la inflación que mide la Ciudad de Buenos Aires registró en marzo una inflación del 35 % interanual. Pero considerando que el promedio de inflación entre enero y abril está alrededor de 4,5 % y si este ritmo se extrapola hasta diciembre, la inflación anual podría superar el 60 %.

¿Qué hace el gobierno para combatirla?

El Gobierno busca bajar la inflación atacando el salario, imponiendo techos salariales del 25 % bajo la amenaza de la desocupación. La política económica de Cambiemos es de recesión de la economía con ajuste, restricción monetaria y encarecimiento del crédito que ya generó miles de despidos.

Por otro lado, con una concepción liberal, sostiene que la inflación es consecuencia de la emisión descontrolada del BCRA para cubrir el déficit fiscal durante el kirchnerismo. Sin embargo, su política reducción de dinero no redujo la escalada de precios. El gobierno también aplicó una fuerte suba de tasas, se licitaron Lebacs, con tasas que son muy atractivas para los grandes tenedores de pesos (bancos, financieras y grupos económicos). Este mecanismo viene alentando la “bicicleta financiera” que representa un gran costo para el BCRA, se calcula una suma similar a la que se le abonará a los buitres.

La inflación en caso de bajar es a costa de un enorme endeudamiento del Estado como de una fuerte recesión que recae sobre el empleo y las condiciones de vida del pueblo trabajador. En este sentido ajustador, el crédito hacia el sector privado se ha contraído en los primeros meses del año, el financiamiento para las Pymes se encareció. El objetivo es golpear al consumo mientras por otra parte se aplica un plan de ajuste del gasto del Estado con miles de despidos que también se replica en el sector privado y busca disciplinar al salario dejándolo por debajo de la inflación anual.

¿Qué debería hacerse o como debería hacerse para erradicarla?

Para los que nos decidimos claramente por la defensa de los que viven de su salario, Para enfrentar la inflación hay que exigir un salario equivalente a la canasta familiar para que se recupere el poder de compra frente a la inflación. La Junta Interna de Ate de las trabajadoras y trabajadores del INDEC estimaron la canasta familiar de marzo en $17.492. Es necesario que el salario mínimo sea igual a la canasta familiar, que haya paritarias libres y sin techo; contra los despidos. Para que la inflación no desvalorice el poder adquisitivo, imponer las cláusulas de ajuste automático de los salarios, así como para la asignación universal por hijo y las jubilaciones. El 82 % móvil para los jubilados.

Se deberían poner en pie comités de trabajadores y usuarios para el control de precios desde los lugares de producción, pasando por todos los canales de distribución hasta la venta, y la exigencia de apertura de los libros de contabilidad de todas las empresas que aduzcan que “necesitan” ajustar sus precios. También control de los stocks dado que las empresas recurren muchas veces al desabastecimiento para presionar y subir precios.

Por otro lado, la estatización de todos los bancos y una banca estatal única permitirían dar créditos baratos y acabar con las gigantescas ganancias financieras. Entre otras muchas estafas están las cargas en los pagos con tarjeta, sumas enormes que los supermercados descargan en los precios para después hacer los días de “descuento”.

La nacionalización del comercio exterior permitiría asegurar la producción y el abastecimiento local, vender al exterior y asegurar las compras a otros países, en función de las necesidades de la población, sin tomar medidas que golpean al pueblo trabajador en beneficio de un puñado de firmas.

PABLO KNOPOFF, SOCIO DIRECTOR DE ISONOMIA CONSULTORES

pablo

La mayoría de los temas o variables que pueden ser evaluados tienen una lectura filo política o asociada al nivel de aprobación hacia el gobierno nacional. Dicho de otro modo, la respuesta está condicionada con el voto del año pasado y la afinidad o lejanía con el gobierno actual. En contrapartida, cuando se evalúa la situación de inflación en opinión pública, si se toma una segmentación según niveles de aprobación hacia el Presidente Mauricio Macri, con ciertos matices, se observa un comportamiento similar en todos esos segmentos; esto es, sin importar el nivel de aprobación o desaprobación sobre la administración actual, la situación incide de similar manera.

Vale decir, por otro lado, que existen al menos tres elementos que mitigan el efecto de la inflación en la aprobación del gobierno: la responsabilidad sobre el tema presenta a empresarios y al gobierno previo con muchas más menciones que al Presidente Mauricio Macri; por otro lado, dos tercios de los argentinos sostienen que muchas de las decisiones de la administración actual son consecuencia de la herencia recibida; y, por último, las expectativas sobre que se logrará controlar la inflación se mantienen altas.

Aparece con claridad e importancia el “segundo semestre” como momento central asociado al tema inflación, siendo que el propio gobierno ancló las expectativas hacia tal fecha, lo que implica, por un lado, la posibilidad de sostenerlas con fuerza hasta tal momento y, por otro lado, en caso de no poder cumplirlas, la necesidad de comunicarlo previamente para extender el periodo mencionado.

DANIEL MENENDEZ, COORDINADOR NACIONAL DEL MOVIMIENTO BARRIOS DE PIEdanielmenendez

Los índices de desigualdad son cada día más desalentadores en nuestro país. A pesar de que nos prometieron Pobreza Cero, comprobamos que en los cuatro meses cumplidos del 2016, son miles las personas que han caído bajo la línea de la pobreza.

Hace unas semanas, el Presidente de la Nación hizo una serie de anuncios, los cuales no tienen el suficiente impacto ante el deterioro de las condiciones de vida.

En lo que respecta a la devolución del IVA a los productos de la Canasta de Alimentos, el descuento mensual sería de $138 por persona, y $428 para una familia de dos adultos y dos niños pequeños. El ministro Triaca dijo que el tope de las devoluciones es de $300, con lo cual el beneficio sería aún más reducido. Si tenemos en cuenta que los ingresos necesarios para solventar sus gastos mensuales generales, para la misma familia está en el orden de los $ 9164 (según Índice Barrial de Precios de marzo) esos $300 de reintegro significarían una reducción del 3,27%. Y para efectuarse el descuento, la compra debe hacerse con tarjeta de débito. En los pequeños negocios de los barrios, por lo general no se trabaja con tarjetas.

En segundo lugar, teniendo en cuenta que la jubilación mínima es de $4990, una retribución por única vez de $500, asignada en mayo que se cobraría en junio, es absolutamente insuficiente.

Por otra parte, los anuncios no han mencionado ni el problema de los tarifazos ni el de los despidos, dos realidades que hoy afectan directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El aumento sostenido de precios de los artículos de la canasta de alimentos y los tarifazos que el Gobierno está imponiendo en los servicios públicos, y en la nafta más recientemente, son un durísimo golpe para amplios sectores de la sociedad, en especial para los hogares humildes.
Desde Barrios de Pie adherimos a la segunda convocatoria de #SuperVacíos para el 10 de mayo (la primera fue el 7 de abril) porque creemos que el Estado Nacional debe, de manera urgente, instrumentar medidas contra la inflación. El mensaje de esta iniciativa está dirigido a dos destinatarios: el Gobierno y los formadores de precios. Los aumentos los terminan pagando los trabajadores y los humildes, mientras que los sectores concentrados no tienen que hacer ningún tipo de sacrificio ante el ajuste económico.

Siempre se nos acusa a los movimientos sociales de reclamar y no proponer soluciones. Contrariamente a eso, hemos coordinado en el último tiempo reuniones con la Pastoral Social y con distintos sectores de la Iglesia, así como con otras organizaciones sociales, para acercar propuestas a diputados de diferentes sectores políticos.

Entre las medidas que proponemos se encuentran: la devolución del IVA de los productos de la Canasta Básica Alimentaria; la suspensión de despidos; la actualización del monto de los planes sociales, jubilaciones y pensiones, y de la prestación por desempleo; y la implementación de una verdadera tarifa social de los servicios públicos, de fácil y rápido acceso.

A este paquete de propuestas las hemos enmarcado dentro de un objetivo común que consiste en solicitar que se declare la Emergencia Social. Estamos convencidos que  través del diálogo y del consenso se pueden lograr avances significativos en la lucha contra el droga, la pobreza y la exclusión.

No compartimos con el Gobierno la visión de que las inversiones se traducen en mejoras sociales. La experiencia histórica demuestra que además es indispensable la intervención del estado para garantizar que los beneficios que las mismas traen se distribuyan equitativamente a toda la población. Para no profundizar la actual estructura de pobreza en nuestro país, es preciso tomar medidas urgente.

DIARIO DE UNA DECLARACIÓN: LA INDAGATORIA DE STINFALE

por Catalina de Elía  @CatadeEliaWP_20160504_009

 

 

 

 

 

 

El despacho

A través de diversas fuentes, VOCES EXCLUIDAS pudo reconstruir lo que pasó adentro del juzgado de Casanello durante la declaración indagatoria de Víctor Stinfale.

No fue fácil. El cuarto piso estaba cercado por la policía por orden del juez. Los periodistas fuera. A Stinfale lo trasladaron desde la comisaría 46, que queda a pocos metros de los tribunales, a la alcaidía de Comodoro Py a las 8.30 am. Pero recién a las 11.30 lo subieron al cuarto piso donde está el despacho del juez. Víctor Stinfale había pasado una mala noche. De hecho le tuvieron que dar medicación en la comisaría donde estuvo detenido. Entró de traje, esposado y acompañado por sus abogados Mariano Cúneo Libarona y Alejandra Baratta que lo esperaban en la puerta. Antes de declarar, pidió examinar las pruebas que citó la fiscalía de Delgado en su contra: los handys, las conversaciones de whatsapp y las órdenes de pagos secuestradas en Speed.

Una de sus primeras palabras fueron para el secretario de Casanello: “Me pusiste el homicidio”, le dijo Stinfale. Es que había escuchado la lectura del hecho que concretamente le imputó el juez: la facilitación de la Time Warp para la venta de drogas y el abandono de las personas que culminó con cinco muertes. Cerca de las 12.30 del mediodía arrancó la declaración.

La indagatoria

            En su declaración se dedicó a desmentir o desvirtuar todos los puntos de la acusación. Por ejemplo:

+ Dijo que su exmujer Fasano tuvo la idea de traer la marca Speed al país y que a él no le interesaba el tema

+ Dijo que Fasano ideó la empresa Energy y que convocó a Santangelo como capitalista

+ Dijo que él solo fue un asesor jurídico y que no fue dueño de Energy

+ Dijo que Érica Troilo era una amiga de Conci y que éste la recomendó para que ingrese a Speed. También que ella es una administrativa de la empresa y no es su secretaria. Sin embargo, también dijo que ella lleva: “todos mis chequeos médicos y los teléfonos de todos [sus] médicos”.

+ Dijo que se lleva mal con Gontad. “No me gusta”, dijo textual.

+ Contó que hace 5 años que no duerme por las noches por un problema de salud

+ Dijo que Speed siempre auspició fiestas electrónicas. “En el 90% de los casos desde el año 2000”.

+ Explicó que siempre hay personal de Speed con handys para avisar si: “falta champagne en el VIP, sacá esa publicidad”. Fundamentalmente porque los teléfonos colapsan.

+ Dijo que desde 2011 mermó su participación en eventos nocturnos. Ahora está haciendo marketing a través del fútbol en Deportivo Riestra.

+Declaró que Diego Herrera trabajó para Speed y por lo que averiguó ganó la concesión de la disco Pachá y que no participó activamente en la firma DELL. Tampoco en los eventos.

1.30 del mediodía hubo cuarto intermedio. Y una hora después se reanudó. Pero las cosas habían cambiado. Ya no hablaba libremente Stinfale sino que el que preguntaba era el juez. Las preguntas giraban sobre el mismo eje que utilizó Stinfale para hacer su descargo.

Cerca de las 4 de la tarde la indagatoria no había terminado. Stinfale permanecía con cara de póker. Y los empleados del juzgado ya no ocultaban su cansancio. Por lo bajo, algunos decían “esto no termina más”.

Stinfale dijo que tuvo cero participación en la fiesta y que no dio ninguna directiva. Cuando el juez le preguntó por el documento borrado en la notebook que se encontró en la firma Energy respondió que llegó después de que se formalizara el secuestro y que pudo haber sido cualquier empleado de Energy. Contó que la empresa le paga 60 mil pesos mensuales como asesor. Cuando la declaración estaba terminando pidió permiso para hablar con su mujer por teléfono y ella le contó que Maradona le mandaba saludos.

A modo de conclusión

VOCES EXCLUIDAS reflejó desde adentro un momento del que se habla mucho pero se sabe poco. Después de un día mirando, podemos decir que una declaración indagatoria es una conversación entre personas que representan intereses diferentes, pero repleta de formalidades, por momentos tediosa, repetitiva y que tiene muy poco que ver con cualquier sensación vinculada a un sentimiento de justicia. Una declaración indagatoria se asemeja más a una capa de las tantas que cubren la burocracia y se aleja con la misma intensidad de las imágenes que nos suministran las series de Hollywood en las que, inexorablemente, siempre después de un diálogo procesal hay un vencedor y un vencido. En este caso, después de muchas horas, dicen los expertos que el proceso está comenzando…No obstante, poco es lo que se sabe en relación al dolor derivada de las cinco muertes, de los múltiples heridos y de las historias de vida que cambiaron para siempre a partir de la tragedia de Time Warp ocurrida el 16 de abril.

TIME WARP: LA ALERTA QUE NADIE ESCUCHÓ

Por Catalina de Elía

@CatadeElia

El tráfico de drogas en las fiestas electrónicas

            Todo empezó en España. Se sabe que desde allí venía la droga. Luego, entre los meses de agosto y septiembre de 2015, en Uruguay se secuestraron 54 mil pastillas de éxtasis cuyo fin era la Creamfields del 14 de noviembre de 2015 en Argentina. Por el destino de la droga las autoridades uruguayas le dieron intervención a las argentinas. Así es como comienza una investigación sobre la ramificación de nuestro país de una banda internacional dedicada a la venta de drogas. La justicia en lo penal económico se concentró en los contactos de los narcos argentinos. Hubo intervenciones telefónicas, seguimientos y otras tareas que permitieron descubrir la dinámica de un grupo de personas que vendía drogas sintéticas. Ese trabajo logró que detectaran que el 15 de abril Lautaro Crespo estaba vendiendo pastillas en el predio de Costa Salguero en el marco de la fiesta Time Warp en la que murieron 5 jóvenes. Lautaro tenía en su poder unas pastillas llamadas “Superman” y otras de baja calidad llamadas “Gold”.

La alerta que nadie escuchó

La Prefectura Naval por decisión judicial llevaba adelante lo que en la jerga se conoce como “escucha directa”. Esto significa que una persona permanentemente oye las conversaciones que el juez quiere conocer. Y debe dar aviso inmediato al juez acerca de cualquier novedad. Sin embargo, ese día, el día de la tragedia de Time Warp, algo pasó y la noticia no llegó al juez que intervenía. Según el prefecto Rubén Darío Morel, Lautaro Crespo se encontraba: “en Av. Costanera, Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, es decir, donde se realizó la fiesta Time Warp”. Continúa Morel: “que el citado LAUTARO mantuvo diversas conversaciones siempre con el mismo individuo llamado Martín…donde surge claramente que dichas conversaciones se efectuaron dentro de la fiesta en cuestión”. Concluye el prefecto que Lautaro Crespo estaba vendiendo drogas en la fiesta. ¿Y por qué entonces no pasó nada? El prefecto respondió: “que…debido a la imposibilidad de efectuar escucha directa con motivo de un procedimiento realizado en la provincia de Corrientes por personal de la Prefectura, la información fue recibida con posterioridad a la fiesta y puesta en el día de hoy en conocimiento al fiscal”. Esta declaración se produjo el 19 de abril de este año ante el fiscal Miguel Schamun.

¿Qué hubiese pasado entonces si alguien escuchaba como debía la conversación de Lautaro Crespo? ¿Se hubiese evitado la tragedia de Time Warp? ¿Es solo responsabilidad del prefecto que no escuchó o hay cadena de complicidades e impericias? ¿Por qué en la Argentina el Estado recolecta la información y no la puede usar para prevenir? Este blog Voces Excluidas no tiene respuestas para estos interrogantes pero puede llamar la atención sobre algunos de ellos.

La banda narco: quién es quién

Este relato fragmenta un hecho más complejo. Que esta ramificación de una banda internacional vendiendo drogas en la Time Warp no agota ni explica es evidente. Ella atraviesa autoridades públicas, a empresarios y a una sociedad civil que insistentemente recurre a la heteronomía para encontrarle sentido a la existencia. De todas formas, no podemos dejar de llamar la atención sobre una voz que quiso ser oída pero nadie escuchó en el preciso momento en que la muerte empezaba a habitar la Time Warp: la voz de Lautaro Crespo alertando al Estado que vendía drogas.

Detrás de Lautaro hay una banda. Veamos quién es quién.Para resultar más claros vamos a mostrar esta red de conexiones presuntamente delictivas a través de este gráfico:

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Video de Quién es Quién:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUERRA A LOS NARCO: ENTREVISTA AL FISCAL DI LELLO

REFLEXIONES TRAS EL OPERATIVO DE LA JUSTICIA FEDERAL EN LA VILLA 31

Por Catalina de Elía

@CatadeElía

Mientras en el mundo se halla en plena ebullición el debate sobre la forma en enfocar desde el Estado el problema de las drogas, a punto tal que Asamblea General de las Naciones Unidas dedicará a partir del martes 19 de abril, y por tres días, una sesión especial para discutir la materia, “Voces excluidas” entrevistó al Fiscal Federal Jorge Di Lello, quien lleva adelante una investigación sobre narcotráfico en la Villa 31 de nuestra ciudad en conjunto con el juez Ariel Lijo. Precisamente el modo en que se enfocó el proceso nos llamó la atención, fundamentalmente porque salió de la matriz prohibido – permitido, que se limita a criminalizar exclusivamente a quien tiene drogas prohibidas en su poder, sin prestar mayor atención al contexto en que se produjo el hecho. El trabajo de Di Llleo lleva a la práctica las críticas que desde la teoría se hace a la “lucha contra las drogas”

De algún modo la causa que lleva adelante el Fiscal Di Lello junto al Juez Federal Ariel Lijo, atraviesa esa discusión mundial que aspira a un desplazamiento, guiado por la distinción entre el consumo de drogas y el narcotraficante que hoy están en la misma bolsa. Ante el fracaso de las políticas públicas que colocan toda la cuestión dentro de la criminalidad, la nueva mirada podría llevar a considerar el consumo de drogas como un problema de salud pública y la venta como una cuestión criminal. Hay algo de esta perspectiva en fallo “Arriolla” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2009, pero no tiene la claridad de las palabras del Fiscal Di Lello.

Recordemos brevemente que esa causa es el resultado de muchas causas iniciadas aisladamente con un patrón común: detectar la venta de drogas en la villa. A “Voces”, no le interesa tanto la dinámica de esa venta de drogas, sino la postura del Estado a través de la justicia. Esta vez, la acción estatal no se limitó a allanar y meter presos a los que tenían drogas, sino que la actividad se extendió más allá y se comenzaron a articular políticas públicas junto al gobierno local y los referentes sociales para recuperar espacios ocupados por los narcos. El vector de la intervención de Di Lello tiene que ver con una cuestión politológica: que el Estado recupere la soberanía sobre el territorio y que ese espacio no esté en poder de los narcotraficantes.

di lelloEntrevista con Jorge Di Lello, fiscal federal

 

 

 

Periodista: ¿Cómo llegan y con que se encuentran en la villa 31 para empezar con esta investigación judicial?

Di Lello: La investigación lleva 4 años. No tanto por la complejidad, sino porque se fueron agregando varias denuncias de otros jugados y que se fueron acumulando. El juez de la causa es Ariel Lijo y delegó la investigación en la fiscalía. A través de tareas de inteligencia fuimos detectando los principales lugares en los que operaba una de las bandas principales, la de
“Los paraguayos” y llegamos a la conclusión que además de allanar y detener a los narcotraficantes, lo más importante era dominar el territorio. Encarar el fenómeno de otra manera, ya que experiencias previas indicaban que hacer un procedimiento y detener gente, solo generaba la mudanza de los vendedores a otro sector. El enfoque clásico de lucha contra las drogas fracasó. Y el mundo está ensayando vías alternativas. Por ello se hicieron 40 allanamientos y se articularon otras políticas con el gobierno de la ciudad  para que el Estado recupere la soberanía sobre el territorio que de hecho ejercían los narcos. Ya la investigación revela que espacios comunes, antes ocupados por los narcos, ahora volvieron a ser de libre tránsito.

Periodista: Hay un video en el que se lo ve a usted recorriendo la villa 31, ¿nos puede describir de qué se trató ese recorrido?

Di Lello: El video muestra la recorrida que hicimos con personal de la fiscalía, de la policía y del Gobierno de la Ciudad, del programa Atajo de la Procuración General  mirando los principales lugares de ingreso y los centros de distribución de drogas. Ya los funcionarios de Atajo plantearon usar lugares recuperados. Estamos hablando con los curas del barrio y con las organizaciones sociales para que la gente participe del proyecto de recuperación de espacios con el gobierno de la ciudad. Pensamos en guarderías y un dispensario

Periodista: El trabajo que ustedes hacen es muy importante en materia de narcotráfico y presencia del Estado. Pero, ¿qué reflexión podría hacer en términos generales sobre este problema en todo el país y no solo en la villa 31?

Di Lello: Es un problema muy antiguo y profundo. Se funda en las migraciones internas y de países vecino buscando mejores condiciones de vida, porque hay gente en el interior que vive pero que en la villa 31 que, comparativamente, es la 5 Avenida de New York. La villa genera chances de changuear. Además, se agravó la cuestión por la ausencia de programas de desarrollo en el interior del país.

Periodista: Jorge, en alguna medida usted lo explicó, pero para que quede claro, ¿por qué cree que penetró tanto el narcotráfico en la Argentina en los últimos años?

Di Lello: El crecimiento del narcotráfico es un problema mundial. Además, el precio de la droga es superior aquí o en Europa que en los países de producción. Aunque no soy un experto, mi experiencia como fiscal y como militante, me hace pensar que la prohibición de drogas genera una plusvalía a la hora de venderla y la gente excluida ve en eso una oportunidad de trabajo. Además las villas son lugares propicios para que los narcos los ocupen por el abandono que hizo el Estado desde el lugar. Por ejemplo en la 31 converge la estación de trenes y de ómnibus. Los narcos aprovechaban de eso y tiraban la droga desde los colectivos hacia la villa antes de que ingresen a la terminal. La ausencia estatal también permitió la apertura de un corralón de materiales, cuyos precios son más caros que en zonas céntricas.

Si esto sale bien, es importante abordar las drogas desde este enfoque multidisciplinario. A mi me marcó mucho una experiencia que leí narrada en una revista sobre las favelas, en Brasil, en la que los narcos explicaban que el Estado fracasaba porque no manejaba ni la gente ni el territorio. Entonces pienso que la solución es política, la política entendida como la solución de los asuntos públicos. Por eso yo creo que la única forma de poner en caja la droga es legalizándola y al narcotráfico se lo combate controlando el territorio. Droga y narcotráfico son cosas diferentes, aunque relacionadas. La droga tiene que ver con las adicciones de los humanos. En la época de la ley seca fue el alcohol en EEUU, ahora es a la comida o a la gimnasia. Por eso es un problema político. El narcotráfico, si se legaliza la droga, pierde plusvalía derivada de la clandestinidad.

Periodista: ¿Está hablando de la legalización de todo tipo de drogas Jorge?

Di Lello: Hablo en general, no soy un técnico. Yo leí esto en los ’80. Lo dijo el economista Milton Fridman de la escuela de chicago. Me sorprendió porque uno piensa que los liberales son conservadores y estas soluciones son progresistas. Repito, no soy un experto pero, la primera cuestión es que desde el punto de vista económico se le saca plusvalía. Segundo, si la droga se fabrica en laboratorios se elimina del mercado todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como “corte” , que según mi experiencia es lo más grave, porque esto intoxica más que la droga. La tercera cuestión es que cambia la estigmatización del consumidor, ya que se lo puede plantear como un problema médico y así deja de ser marcado por la comunidad. Por ultimo, ello permitiría enfocarse en las organizaciones criminales.

Periodista: Una última reflexión sobre el tema abierta y libre…

Di Lello: A ver, por lo que te dije antes, el tema de la droga es un tema de Estado. No de Macri o del peronismo. Es un tema para política de largo plazo. Hay que urbanizar las villas, sus plazas, construir viviendas dignas. Hay que implementar políticas que achiquen las brechas sociales y pongan un piso de respeto a la condición humana. Y hacer algo para que la clandestinidad se pierda. Armas, drogas y sistemas financieros, todos tienen algo de parentesco. Entonces cuando menos sea el margen de ganancia por izquierda menos ilegalidad.

Una conclusión abierta al debate…

El sociólogo Diego Gambetta, definió a la mafia como una empresa económica que promueve y produce protección privada. La  mafia se las ingenia para fabricar miedo y vender la solución. Según Di Lello, en la villa la ausencia del Estado permitió que algunas bandas se disputaran violentamente la soberanía sobre el territorio para monopolizar el narcotráfico. La eficacia de la novedosa respuesta del Estado está abierta porque hace muchos años que desde la teoría se impugna el paradigma represivo por su fracaso. Pero este caso puso a prueba esa impugnación que, paralelamente y por esas cosas de la historia, se va a discutir en el ámbito de la ONU.

La idea es separar la salud del delito, reemplazando el paradigma de “criminalización y castigo”, por otro basado en “la ciencia, la salud y los derechos humanos”, como dicen las notas con las que se publicita el encuentro en la red. De la reunión no sólo participaran los Estados parte, sino la Comisión de Estupefaciente, que funciona en Viena, formada por 53 países y que elaboró la convención conocida por el nombre de esa ciudad como “Convención de Viena” y que es el texto que gobierna las políticas públicas mundiales en la materia bajo la premisa de la “criminalización” y “guerra a las drogas” .

Mientras tanto, los vecinos de la villa 31 esperan que la intervención del Estado sea efectiva para que los narco no vuelvan a apoderarse de la zona, para que este gran trabajo de la justicia federal no haya sido en vano y, sobre todo, para que puedan vivir un poco más en paz.

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FONDOS BUITRE: DOCUMENTOS EXCLUSIVOS

Un Estado débil con los fuertes y fuerte con los débiles

Por Catalina de Elía, periodista y politóloga

@CatadeElia

El proceso de pago a los fondos buitres está en plena ejecución. Los documentos a los que accedió “Voces excluidas” revelan con nitidez que la República Argentina es dócil con los acreedores externos y feroz con sus ciudadanos. Una explicación conjetural para comprender esos textos, nos lleva a afirmar que la docilidad hacia el exterior se va a financiar con el ajuste hacia el interior del país.

Como se sabe, el pago a los buitres fue autorizado por una ley del Congreso de la Nación. El mensaje de elevación del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo el 16 de marzo de este año es por demás elocuente. Demuestra que la vocación de pago ni siquiera permitió precisar cuál era el monto de la deuda. En efecto, se requirió autorización para emitir deuda por un importe que no exceda los U$S 12.500.000.000. Es decir, no por una suma fija.

Además, la Argentina suscribió un Acuerdo Marco de Solución el 8 de febrero de 2016, cuando aún no había ley. Es un contrato genérico que no distingue situaciones distintas y que apunta de otorgar beneficios para seducir acreedores que no han demostrado la causa de la deuda. La idea evidentemente era simplificar y regularizar contra reloj la situación de los hold outs. Ese apuro llevó incluso dejar al país en las mismas condiciones de vulnerabilidad legal que permitieron la humillación ante el juez Thomas Griesa.

La República Argentina no sólo ofrece una discutible combinación de quita de deuda y pago de intereses moratorios, que no se sabe a quien beneficia más en realidad si al deudor o al acreedor, sino que se comprometió el 6 de febrero; es decir antes que el proyecto de ley respectivo ingresara al Congreso Nacional, a derogar la “ley cerrojo” que impedía emitir nueva deuda y la ley de “pago soberano” que asignada competencia a los tribunales locales para intervenir en eventuales juicios. También renunció por ello mismo a la jurisdicción de nuestro Poder Judicial a favor de los tribunales de Nueva York y a oponer la inmunidad soberana que impide juzgar los actos de Estado. Un país desnudo frente a los buitres.

Es más, “Voces Excluidas” accedió a un correo electrónico que envió al Ministerio de Economía un ciudadano extranjero llamado Tomas Lanski. Lo envió porque recibió por la misma vía el contrato modelo que remitió nuestro gobierno para que como acreedor acepte la oferta de pago. El Señor Lanski, el 18 de febrero de 2016, respetuosamente hizo una serie de observaciones vinculadas al cálculo de los intereses de su acreencia y a la quita que sobre la deuda hacía el país. No obstante, el mismo día economía le contestó que su deuda estaba incluida en la nueva oferta y ante la insistencia del acreedor, que reclamaba 100.000 euros, el gobierno replicó el 24 de febrero que debía ir por la oferta standard.

Fotos del mail:

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Si querés ver el acuerdo que enviaba adjunto a los acreedores la Argentina, hacé click acá:

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Ese apuro por pagar, esa predisposición para eliminar las barreras legales que protegían al país frente a un grupo de acreedores especulativos que merecieron el repudio de las Naciones Unidas, del Papa Francisco y que son el temor de los Estados Nación, porque compran deuda en cesación de pagos por centavos y luego utilizan los juicios para percibir el valor nominal más los intereses se traduce en una actitud de excesiva dureza del mismo gobierno hacia adentro.

Mientras tanto, la cantidad de chicos en los comedores en la zona metropolitana comienza a crecer. Voluntarios de distintas ONG´s han registrado al menos el doble de personas que se acercan a desayunar, almorzar o merendar y le cuentan a este blog que han tenido que reforzar la cantidad de alimentos. Incluso algunos son talleres de apoyo escolar y los profesores notan que los alumnos se acercan no solo con necesidades de estudio, sino también alimenticias. Citando una nota del diario La Nación, y según un informe de la UCA difundido a principios de este mes, la falta de comida, salud, agua corriente o educación, entre otros flagelos, afecta al 53, 7% de la población. A su vez, un tercio de la población está en hogares donde hay dos de las carencias mencionadas, y dos de cada 10 personas integran espacios donde son tres o más las privaciones.

Una conclusión que invita al debate…

Este contraste no sólo es inmoral, es dramático. Significa que la Argentina inaugura un nuevo ciclo de endeudamiento. Lo hace otra vez sin dilucidar si las deudas que va a pagar son lícitas o ilícitas. Renunció a cualquier tipo de defensa legal. Corre el riesgo de que otros acreedores, los que entraron a los canjes de 2005 y 2010, por ejemplo, inicien nuevos juicios para cobrar lo mismo que van a percibir los acreedores actuales. Esta nueva vuelta de la rueda de la deuda otra vez se financia con la riqueza que generan los argentinos, pero ese financiamiento es cada vez más cruel: devaluación, despidos, tarifazos y desfinanciación de los comedores. Literalmente el pago se financia con el hambre.

La República Argentina se comportó como un deudor desesperado que cae en manos de un usurero inescrupuloso. Pero es también un deudor tan inescrupuloso también que admite el hambre de los chicos.

 

 

RICARDO JAIME COMO CONCEPTO

Jaime declaró ante el juez Ercolini que recibió órdenes de los Kirchner. No quiso responder preguntas y quedará detenido en el edificio Centinela. Mañana será indagado por otra causa. Vázquez, en cambio, se negó a declarar. Dijo que lo hará cuando conozca las pruebas y que pedirá prisión VIP dadas sus condiciones de salud. Además, después de los reiterados pedidos de la fiscalía de Delgado Ercolini citó a Julio De Vido por considerarlo tan responsable como Jaime por el delito de peculado. Si querés acceder a la declaración de Jaime hacé click acá:

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Porque la corrupción mata

Por Federico Delgado, fiscal federal

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La detención de Ricardo Jaime se puede leer de distintas maneras. Algunos lo hacen como una decisión “ejemplificadora” contra la corrupción. Otros como un acto de “oportunismo judicial”, porque el juez podría haber avanzado con más firmeza y menos espectacularidad al menos desde junio de 2013 (cuando el Ministerio Público Fiscal había pedido que impute a todos los responsables; o desde mayo de 2014, cuando la fiscalía reclamó sacar el proceso de la dinámica de la calesita judicial que coloca a los juicios en un eterno durante con principio pero sin fin). Una lectura diversa ubica la detención en el lugar de la esperanza, como si el avance del proceso tuviese un efecto multiplicador mágico, capaz de terminar con la corrupción. Quienes siguen la evolución de las causas en la administración de justicia, ven el nacimiento de nuevos jueces al estilo el juez Moro de moda en Brasil, o una fase más de la sucesión de coaliciones de gobierno en la República Argentina que trae consigo, recurrentemente, la reactivación de procesos judiciales que involucran a la coalición saliente. En fin, hay tantas lecturas como lectores. Sin embargo hay otra posible: el caso Jaime como concepto.

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En efecto, más allá del hecho puntual del arresto, el caso Jaime hay que ubicarlo en su contexto concreto. Según la Auditoría General de la Nación, casi el 50% del material ferroviario que el país compró no servía y se pagaron 171% de sobreprecios, que incluían “servicios técnicos” que en realidad podrían alojar coimas. Estos hechos se produjeron como resultados de un acuerdo firmado entre la República Argentina y el Reino de España y entre nuestro país y Portugal, entre los años 2004 y 2010. Su horizonte era mejorar el servicio de trenes. Visto así, se podría tratar de un caso más corrupción en un país erosionado por este tipo de prácticas. Pero hay un elemento más que lo vuelve dramático: el 22 de febrero de 2012, a las 8.33 de la mañana, el tren n°3772 identificado con chapa n° 16 del ferrocarril “Sarmiento” no frenó e impactó contra el paragolpes de contención. Alrededor de 1200 pasajeros iban en esa formación. 51 de ellos murieron… En la fiscalía también trabajamos ese caso. Sostuvimos desde el primer día que el estado de abandono de los trenes había jugado un rol clave en la tragedia. Entre 2004 y 2010 se compró el material y “Once” ocurrió el 22 de febrero de 2012. A veces los hechos hablan por sí mismos.

Una relación, a los fines analíticos, revela con nitidez que la corrupción mata. Por eso “el caso Jaime” es preciso analizarlo como un concepto, independientemente de la evolución judicial del caso. Ese concepto debería ser el disparador de un proceso de reflexión individual y colectiva que nos permita aprehender y comprender como sociedad, que estas cosas pasan porque además de funcionarios infieles, de complicidad política y muchas cosas más, hay una serie de condiciones sociales que hacen posible la corrupción. De hecho, el “qué”, el “cómo” y el “cuándo” de toda esta materia, lo narró de manera impecable Omar Lavieri en “El Rekaudador”, un texto del año 2011.  Y la fábrica de esas condiciones sociales que hace posible la corrupción es de todos los que habitamos esta tierra, porque esa fábrica es la propia sociedad civil, que sabiamente Karl Marx llamaba “el hogar de la historia”.

ANGELICI AL BANQUILLO

El fiscal federal Federico Delgado le pidió al juez Casanello que cite a Angelici por tráfico de influencias como imputado. Este blog accedió al escrito completo. 

Por Catalina de Elía, periodista

@CatadeElía

Para acceder al pedido del fiscal Delgado hacé click acá:

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Cuando se mezcla lo público y lo privado se llama Corrupción

angeliciLas democracias se distinguen por la separación tajante entre lo público y lo privado. Cuando los intereses privados afectan la imparcialidad del sector público se produce ese fenómeno llamado corrupción. La corrupción no se limita a una coima. Cuando las políticas públicas favorecen a una persona en particular al margen de la ley, también hay corrupción. Y la corrupción, además de la traducción moral y legal, tiene consecuencias sociales.  La corrupción mata, tal como lo demostró la tragedia de Once, y la impunidad no solo daña a las democracias porque la ausencia de sanción a la corrupción trae aparejados otros males: menos presupuesto para educación, jubilaciones, salud pública, etc. Algo de eso envuelve el pedido del fiscal federal Federico Delgado que solicitó al juez Federal Sebastián Casanello que interrogue como imputado al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, por el delito de tráfico de influencias que prevé una pena de hasta 12 años de prisión.  Según Delgado, que se apoyó en la declaración que ayer brindó Elisa Carrió ante Casanello, Angelici se muestra como una persona con capacidad para interferir en el sistema judicial y ello lo coloca en los términos del artículo 256 bis del Código Penal.

Según el texto del fiscal al que accedió “Voces excluidas”,  “las aseveraciones de la Diputada Nacional Elisa Carrió, en relación a los vínculos que Daniel Angelici posee con diversos miembros del sistema judicial por su condición de presidente del Club de Boca Juniors y persona de confianza al círculo presidencial, lo colocan en un lugar que lo ubica en el grado de sospecha que prevé el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. Ese sitio justifica que se lo interrogue como imputado para qué, si lo desea, brinde su visión de los hechos”.

La justicia tiene una vez más la chance de investigar las prácticas corruptas que afectan siempre a los sectores más vulnerables de la sociedad, aunque no siempre tan visibles.

DE VALIENTES Y REMADORAS

La mención de Michelle Obama a Marcela Ojeda y la lucha de #NiUnaMenos

Por María Julia Mastromarino y Catalina de Elía

Seguinos en Twitter: @mjmastromarino  @CatadeElia

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“¿Queda mal decir que me emocioné un poco?? ¡Gracias! Sólo tuve una idea…lo demás es lo más importante… Mis compañeras”. Marcela Ojeda resumió así desde su cuenta de Twitter @marcelitaojeda las sensaciones que la atravesaron ayer, después de que Michelle Obama, la primera Dama estadounidense la mencionara como una de las mujeres valientes de la Argentina. Paradojas del destino. En ese momento, Marcela no estaba ahí.

“Yo estaba acreditada para ir a cubrirlo ese día, tenía afiches y el pin preparados. Pero no había cronistas y me mandaron a otro destino”, cuenta Marcela. En ese momento estaba volviendo a la radio y le tocó verlo en los televisores de la redacción de Radio Continental, donde trabaja desde hace 12 años. “Llegué a escuchar cuando Michelle Obama mencionó a Ni Una Menos y mi nombre. Después fueron todos gritos y emoción de mis compañeros. Imaginate. Una redacción”.

Sus compañeros, sus amigos, recibíamos la noticia desperdigados por diversos destinos. Los que estábamos en la tarima preparada para los periodistas en el Centro municipal de Diseño, a unos metros de Michelle, nos buscamos con la mirada. Entre nosotras hubo alegría inesperada, sucesión de guiños y palabras de satisfacción. Un “¿viste? ¡Qué grande!”, un “¡Qué bueno!”. Y un repentino brillo en los ojos.

La mujer de Barack Obama venía hablando sobre la importancia de la existencia de mujeres líderes en el mundo, en el marco de su campaña para incluir a las adolescentes en la escuela “Let girls Learn” (Dejémos que las niñas aprendan). Y ahí nomás, instó a seguir el ejemplo de las mujeres valientes de la Argentina, como Marcela. “Una mujer valiente que decidió plantarse fuerte y dejarse oír”, dijo.

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¿Qué simboliza que Michelle Obama haya mencionado a #NiUnaMenos en su visita en Argentina?, le preguntamos a Hinde Pomeraniec, periodista de La Nación y una de las fundadoras de la movida.

H: La mayor importancia es que Ni Una Menos estuvo incluido en el discurso de la esposa del presidente de EEUU, a quien se escucha en todo el mundo. Michelle Obama es, por otra parte, una mujer comprometida con los temas de género y lleva sus propuestas allí donde va. Por eso, produce satisfacción que haya incorporado nuestra movida entre los logros de las mujeres en la política y la sociedad argentina.

Entonces pensamos en los orígenes. Todo nos remontó a mayo del año pasado. A aquella seguidilla de femicidios que consolidaba una realidad angustiante que no cambia: en la Argentina muere una mujer cada 30 horas por violencia de género. Detrás de los números duros estaban las historias, las familias desesperadas, la preocupación por el futuro de los hijos de esas víctimas, el grito de auxilio silenciado o desoído. Cada semana, cada día, cubríamos un nuevo caso. Todavía resuena, entre otros, el desenlace de Chiara Páez, la adolescente de 14 años de Rufino, provincia de Santa Fe, que había desaparecido el domingo 10 de mayo del año pasado. Chiara, que estaba embarazada, fue asesinada a golpes por su novio quien, después, la enterró en el patio de su casa. En 2015, fueron asesinadas treinta y seis adolescentes de 15 a 21 años. Los detalles, el trasfondo nos atormentaba. Y fue Marcela quien dio el puntapié. “Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales…mujeres, todas, bah..¿no vamos a levantar la voz? NOS ESTÁN MATANDO”, arengó en un primer twit. El mensaje pronto se viralizó. Se volvió imparable. Y así, con aportes, opiniones, fue tomando forma la idea de convocar a una marcha.

Ya, un tiempo antes, en la plaza de la Biblioteca Nacional, un grupo de intelectuales, artistas y periodistas había organizado una maratón de lectura, a la que se sumaron a leer familiares de víctimas de femicidios. Aquella actividad surgió como respuesta al hallazgo del cadáver de Daiana García, quien fue asesinada por un hombre que luego metió sus restos en una bolsa de basura. Hinde Pomeraniec,  presente en aquella plaza de lectura, compartía el impulso de Marcela y de otras colegas inquietas. Hoy recuerda los inicios del colectivo Ni Una Menos y la elección del nombre. “Es parte de una conocida consigna más larga de la poeta feminista mexicana, Susana Chávez Castillo, que decía: “Ni una mujer menos, ni una muerta más”. Cuando meses más tarde surgió el impulso para salir a decir ´Basta de femicidios´, retomamos esa consigna como para aunar esfuerzos y que no se diluyera lo que ya se venía haciendo”.

La idea original creció. “Un amigo de un amigo tiene una imprenta y nos regaló 5 mil carteles. Íbamos a imprimir todas a un locutorio a la vuelta de la plaza de los Dos Congresos. Después pensamos que las organizadoras tuviéramos pulseritas violetas y los familiares de las víctimas de los femicidios, unas naranjas. Para eso, pusimos 100 pesos cada una de nosotras. El gobierno nacional y el de la ciudad también contribuyeron. Y el INADI ayudó con unos banners”.

Y el 3 de junio de 2015 llegó la gran movilización. Miles de personas de todo el país se manifestaron en las plazas. “Fue una implosión. Vino desde el interior hacia la Capital Federal. No esperábamos tanta repercusión”, confía Marcela.

Desde aquel 3 de junio a esta parte, ella se transformó en una referente, con las líneas echadas para saber cómo llegar cada vez más lejos con los reclamos. No estaba sola. Ya había logrado hacerse conocida para los organismos y luchadores que bregan por revertir la cruda realidad de la violencia machista. Y sabía, también, que en cada medio contaba con algún espíritu inquieto, alguien con quien compartir preocupaciones, y empujar por darle difusión a cada nuevo hecho de violencia de género y las formas de prevenirla. Pero claro, a veces hace falta que el reconocimiento venga de afuera para que se tome dimensión sobre todo lo conseguido.

Sobre la lucha por obtener recursos para que se cumpla la Ley de Protección Integral a las Mujeres y lograr un cambio sobre el enfoque cultural. De la pelea por hacer cumplir otras demandas como la sanción de la ley de patrocinio jurídico gratuito para las víctimas, la creación del primer Registro Nacional de Femicidios dependiente de la Corte Suprema y el proyecto del Poder Ejecutivo para el monitoreo electrónico de los victimarios.

“Obligamos a los políticos a incluir en sus plataformas el tema de la violencia de género. Eso fue histórico. Había algunos que ni lo tenían”, se enorgullece hoy Marcela.

Alguien debe haberle contado a Michelle Obama. Pero ¿Por dónde le llegó?, ¿Cómo tenía tantas precisiones? Lo cierto es que la mujer de Barack puso en valor su trabajo. Y que eso pareció animar y legitimar una lucha tantas veces infructuosa.

Identificadas con esa forma de “remar” contra la corriente, sentíamos que la reivindicación de Michelle al trabajo de Marcela era como un espaldarazo para todas nosotras. O, mejor dicho, “nosotros”, porque nada sería igual sin esa red de colegas hombres comprometidos y felices por escuchar su nombre. “Diosaaaaa. Me emocionó a mí…no quiero pensar vos”, escribió en un chat de colegas el fotógrafo Gustavo Ortiz. “Qué grande chicas. Besos y vamos por más, carajo!”, siguió Orlando Morales, de Cadena 3, en una de esas felicitaciones espontáneas que no paran. Todos conocíamos bien, desde la primera hora, como había nacido el colectivo “#NiUnaMenos”, pero la alusión de Michelle fue la confirmación de que ese trabajo de hormiga que tuvo a “la Ojeda” como impulsora había trascendido más fronteras de las que imaginábamos.

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   Cuando Michelle Obama te nombró, todas nosotras lo sentimos como una conquista. ¿Por qué?

M: Porque el primer grupo que dijo ‘vamos, hagamos algo’ fueron los colegas. Los que tuvieron que convencer a sus jefes de hacer notas, que difundieron por las redes sociales y a apoyar nuestra movida y a sumarse fueron ustedes.Es importante que me dejen decir esto: “Lo de Michelle Obama está bueno pero no es una conquista personal. Me gustaría que el árbol de la mención no tape el bosque de las deudas que deben saldarse.

QOM, UN DESGARRO COMUNITARIO

 

IMG_7606Por Catalina de Elía, periodista

@CatadeElía

El acampe en la ex ESMA   

Cuando uno entra a la ex ESMA el aire se corta. El canto de los pájaros retumba por los pasillos. Y desde el fondo se escucha el grito desesperado de justicia. Es imposible caminar y no sentir el peso de la historia y la lucha por la igualdad, la dignidad y la vida en cada pared, en cada rincón. Afuera, en la calle, por la avenida del Libertador, pasan los colectivos, los autos y los transeúntes. Con la excepción de algunos informados, nadie está al tanto de que en un hall de ese predio el líder Qom Félix Díaz encabeza un nuevo acampe junto a un grupo de 40 representantes de comunidades originarias de distintas provincias y pueblos desde hace una semana.

Detrás de los molinetes espera Relmu, representante de la comunidad Mapuche. “Pasá, te está esperando en su oficina”. En el fondo del salón, junto a la gran zapatilla llena de cargadores y celulares de sus compañeros está sentado, con su mirada  serena y penetrante, el cacique Qom Félix Díaz. “Llegamos hasta aquí para consultarle al secretario de DDHH, Claudio Avruj, sobre el estado de la presentación del acta constitutiva de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas de la cual me designaron a mí como presidente. Dieron muchas vueltas hasta que nos dijeron que nunca existió, nos ofrecieron alternativas que no nos ayudan. Entonces le exigimos que le pida a Garavano, el ministro de justicia, que emita un DNU reconociendo que esta Mesa Nacional de Pueblo Indígena existe”, explicó el líder Qom a este blog. Díaz, además, contó que les ofrecieron cargos públicos y aclaró que no están de acuerdo con esa propuesta: “no venimos a buscar empleo, nosotros queremos el reconocimiento del Estado”.

Félix mantenía su mirada fija en el salón. Tenía un vaso de jugo al lado pero no lo tomó durante toda la entrevista. Se ocupó de aclarar que seguirán allí, acampando, hasta que obtengan una respuesta favorable. Al preguntarle por la reunión que han tenido con el presidente Mauricio Macri el cacique Qom hizo una pausa y le relató detalladamente a este blog: “El gobierno de Macri se comprometió a cambiar la historia. Nos pidió que levantáramos el acampe en la 9 de julio a cambio del diálogo, a cambio de participación indígena dentro de la función pública. Y nos ofreció la conducción del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Nos dijeron que podíamos elegir un representante dentro de ese organismo y que iban a asegurar de que tengamos recursos propios para poder financiar las actividades en el territorio. Toda la propuesta era muy buena por lo cual nos motivó a creer que con él todo iba a ser diferente. Nos convocó el día 11 de diciembre del año pasado. Y volvimos a reunirnos el 17 de diciembre con la presencia de varios líderes del país en la Casa Rosada”. Díaz contó también que con el anterior gobierno, en la era de los Kirchner, también tuvieron contactos con diferentes organismos estatales. Con el ministerio del interior, con la secretaría de DDHH, con desarrollo social. “Los contactos fueron muchos. El problema es que el Estado nunca resolvió los problemas que venimos denunciando: la falta de agua, los desalojos, las persecuciones, el hambre, las muertes”, se lamentó.

En ese mismo salón de la ex Esma, liderados por Félix, comparten la protesta otros 40 dirigentes de comunidades originarias de distintos pueblos y provincias. Como Collas de Jujuy, Diaguita de Tucumán, Catamarca y La Rioja, Qom de Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, Nivaclé de Salta, Wichí de Salta y de Formosa, Pilagá de Formosa, Mapuche de Neuquén y Buenos Aires y Guaraní de Misiones.  La mayoría de ellos duerme sobre aislantes. También en sillas. Todos comen las donaciones que les acercan militantes que pasan por el día a apoyar la causa. “Un sanguchito al mediodía, una empanada a la noche. A veces solo galletitas y mate. No es mucho. Lo que pasa es que no es fácil estar lejos de casa, pero estamos en la lucha, es así”, relató Rolando Flores de la comunidad Diaguita de Andalgalá a este blog.

IMG_7599Rolando se encarga de coordinar la prensa durante este nuevo acampe y contó que el tema que más le preocupa a su comunidad es la salud: “ hace poco se nos murieron dos compañeras por enfermedades que son curables, es inentendible. Macri se había comprometido a resolver esta necesidad lo más pronto posible. Y no tuvimos una respuesta concreta, nos pasaron la pelota hasta abril. Nosotros recorrimos una cantidad enorme de kilómetros costeados de nuestros bolsillos para reunirnos y tratar estos problemas. Entonces volvernos a nuestras provincias sin nada en la mano es desalentador, por eso estamos acá”.

Pablo Pereyra es delegado de la comunidad Qom y es de Bartolomé de las Casas, una localidad ubicada a 140 kilómetros de Formosa capital. Se vino solo a la ciudad y su familia quedó allí. Cuando participó del acampe en la 9 de julio no los vio durante nueve meses y ahora de vuelta se tuvo que separar de ellos. Dice que los extraña mucho.  “Vinimos a entregar la vida acá en esta lucha. Y espero que lleguemos. Yo entregué la vida en esto y si tengo que morir, moriré porque es para defender la vida”. Según Pablo: “las preocupaciones son el desalojo y las usurpaciones. Las empresas están invadiendo los territorios a través de los gasoductos y también mensuraciones de tierras. Pero el problema más urgente es la salud. La gente se está muriendo y lo más triste es que en casi todas las comunidades no hay médicos permanentes, las salitas están vacías”.

Miguel Montes es representante de la comunidad Wichí y vive en Embarcación, Salta. Se vino a Buenos Aires con la misma intención que el resto de los dirigentes de las otras comunidades indígenas: que los escuchen, reconozcan y, sobre todo, que cumplan la promesa que les hicieron. “Nos van sacando y cuando decimos ‘pará Estado, pará provincia, yo vivo aquí’ siempre te responden que hay un papel que dice que el territorio pertenece a tal empresa o a tal familia”. Montes relató que no están luchando solo por el territorio, que para ellos es necesario y elemental, sino también por el medioambiente. Y en este sentido fue lapidario y expresó a este blog: “los pueblos originarios nos bancamos el calor y el frío, pero vemos que los algarrobos ya no dan el mismo fruto ni el mismo gusto, ya no crecen a la orilla del río, nosotros vemos a los animales, vemos todas esas cosas que ya empiezan a faltar y no pueden hablar. Se han sembrado soja y han quedado miles y miles de tierras desiertas por el veneno fuerte, el glifosato, ese agroquímico. Y nos sacan además el agua de los cerros con la minería. No es un capricho nuestro. Se vienen por todo. Entonces yo hablaré por los que no pueden hablar, por los animales y la naturaleza además de por nosotros”.

Todos escucharon el rumor de que los quieren sacar del acampe. Ya están acostumbrados a resistir. Y ninguno quiere volver a su territorio sin una respuesta. De eso están seguros. “No importa el cansancio, no importa si comemos o no comemos porque tenemos una prioridad que es mucho más grande que tiene que ver con que realmente se puedan ejercer y aplicar los derechos que tenemos”, declaró Relmu, representante mapuche, a Voces Excluidas.

Cabe destacar que este blog se comunicó con la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y esto declararon al respecto de la cuestión: “nos hemos reunido en reiteradas oportunidades y lo seguiremos haciendo porque hay voluntad de diálogo. Desde diciembre venimos trabajando para fortalecer nuestra relación con los pueblos originarios. Ellos reclaman que Macri firme un DNU institucionalizando a la Mesa de Trabajo y Diálogo Político de los Pueblos Indígenas con presupuesto del Estado. Nos negamos ya que dicha medida implicaría una evidente superposición de funciones con el INAI, además de ir en contra del marco legal vigente que ya ha determinado al Consejo de Coordinación (CC) y al Consejo de Participación Indígena (CPI) como los órganos legítimos y naturales con competencia en el trabajo de los pueblos originarios y el Estado Nacional. No vamos a crear una estructura paralela. Los integrantes de los CPI son elegidos de manera democrática por las comunidades. Se les propuso sumarse a la estructura del INAI, en el Consejo de Coordinación, como integrante.”

A propósito de los Qom

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El problema la cuestión indígena abarca a todos los pueblos originarios, pero que por cuestiones de espacio y de disponibilidad de información escogimos a los Qom para el análisis que sigue a continuación.

En la República Argentina muchas cosas permanecen invisibles. De hecho esa invisibilidad es un poco la musa que inspiró el nacimiento del blog. La cuestión del indigenismo es parte de ése núcleo invisible. No sólo en nuestro país, sino en general en toda América Latina. El levantamiento de Chiapas el 1 de enero de 1994, cuando el mundo conoció al sub comandante Marcos y el lema zapatista de “mandar obedeciendo” o la llegada a la presidencia de Evo Morales en Bolivia el 22 de enero de 2006, tampoco iluminaron totalmente el tema.

En nuestro país, el gran público conoció a los Qom que viven en la “Comunidad La Primavera”, provincia de Formosa, recién en junio de 2010 cuando los medios de comunicación de alcance nacional reflejaron la brutal represión del gobierno del justicialista Gildo Insfrán para desarticular un corte de ruta. Aunque no sea el objetivo central de la nota, es importante recordar brevemente los hechos y algunos datos.

La comunidad Qom es una de las tres etnias que habitan Formosa. Viven en un espacio que desde 1940 es reconocido por el Estado como reserva. Originalmente la superficie era de diez mil hectáreas y hoy se estima que se redujeron a tres mil. Los sucesivos gobiernos provinciales, en particular las gestiones de Gildo Insfrán, desplegaron diversas estrategias para apropiarse de esos terrenos. Cooptación, sobornos, indiferencia, miedo y violencia fueron medios que individual o alternativamente se usaron. Dentro de esos objetivos, en el año 2007 el gobierno de la provincia destinó 600 hectáreas de esas tierras para construir un edificio para la Universidad Nacional de Formosa.

Los Qom reaccionaron y cortaron la Ruta Nacional n° 86 en el departamento Pilcomayo. Intentaban hacer visible la expropiación de esa parcela. La salvaje represión del 23 de noviembre de 2010 incluyó la quema de casas, el asesinato de Roberto López y Sixto Gómez, vejaciones de distinta intensidad, la destrucción de títulos de propiedad y el invento de causas judiciales.

La reacción no se hizo esperar. Y así fue como, colectivamente, los Qom decidieron desplazar la protesta hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acamparon en la Avenida 9 de Julio, más precisamente al lado del obelisco, y desplegaron una amplia gama de acciones para visibilizar su protesta. Charlas, huelgas de hambre, conferencias de prensa, etc.

En mayo de 2011 los gobiernos federales y provinciales se sentaron a una mesa de diálogo y el acampe se levantó, pero el problema permaneció inconcluso. A punto tal que el acampe se renovó porque los Qom reclamaban una reunión con la presidente Cristina Fernández de Kirchner que nunca tuvo lugar.

De todas formas, algunas cosas cambiaron. El cacique Felix Díaz fue elegido “qarashe” por sus pares. Hasta ese momento, el aparato del gobierno provincial intervenía en la elección del referente comunitario. Además, en junio de 2013 Díaz fue recibido por el Papa Francisco. También en el campo internacional, con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se expuso el caso ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Díaz visitó Chiapas, México. Sin embargo, hacia el interior de la Argentina el caso permanecía en una zona gris: los actores institucionales no paraban de elogiar la lucha Qom, pero esos elogios no se traducían en hechos.

Es más, Feliz Diáz llegó a exponer su caso en una Audiencia Pública ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La procuradora fiscal ante la corte, Irma García Netto, dictaminó a favor de los Qom en el marco de un amparo colectivo presentado por la comunidad destinado a obtener la posesión de tierras tradicionales contra la provincia de Formosa, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Universidad Nacional de Formosa. La fiscal requirió a la Corte que solucione el conflicto en el que la Nación y la Provincia no cooperaban. Dijo, además, que según la Constitución correspondía al Congreso reconocer “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. La Corte no se pronunció.

Cuando terminaba el año 2015, el candidato a la presidencia Mauricio Macri visitó a los Qom y les prometió que si accedía a la primera magistratura se haría cargo del tema. Tras ganar las elecciones se reunió nuevamente con ellos. No obstante, tampoco pasó del plano de las palabras. Por eso, el 15 de marzo de 2016 los Qom, con Félix Díaz a la cabeza, junto a 40 integrantes de la Mesa de Diálogo de los Pueblos Indígenas, acamparon dentro del predio de la ex Esma reclamando, una vez más, una solución que no llega.

Lo que hemos hecho de los Qom

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¿Qué hemos hecho de los Qom? Ese interrogante recorre el sentido de la nota. Los Qom permanecen bajo una situación de exterminio latente que se remonta a la colonización europea de estas tierras. Es difícil detenerse en este aspecto. Tan solo señalar que el centro de Europa, a través del monopolio de la palabra y de la fuerza de la espada, arrasó a los pueblos originarios del “nuevo continente” desde 1492. Mató, asimiló, aisló y cosificó a las etnias originarias. En 2016, los Qom aún son percibidos como “barbaros”, como el “otro” que no es parte de “la nación”, ese arco de solidaridades compartidas que es el recurso para aglutinar a una comunidad política a un “nosotros” y que hoy, con una intensidad cada vez más alarmante, está jaqueado en la Argentina por la fragmentación de una sociedad cada vez más desigual.

Ellos permanecen envueltos en combinación perversa, compuesta de indiferencia pública y violencia estatal. Perseguidos en Formosa, cosificados en Buenos Aires, transformados en una herramienta que utilizan los actores institucionales para mostrarse políticamente correctos, o en una herramienta que utilizan los conglomerados mediáticos para mostrar la incorrección política del ocasional oficialismo. Presos de esa tensión, abandonados a su suerte e ignorados por “la Nación”, sobreviven los Qom entre la escena porteña que los utiliza en busca de rating y el territorio formoseño en disputa con el Estado.

El mismo Estado que los reconoce en su Constitución y los empuja con sus policías a un abismo. Policías que trabajan con el consenso silencioso pero explícito de una concertación que agrupa a la dirigencia política –más allá de los colores partidarios- y los conglomerados empresarios.

La forma en que tratamos a los Qom nos describe como sociedad. El existencialista Jean Paul Sartre siempre sostuvo que el infierno son los otros y este caso bien lo demuestra. En 1961, el filósofo escribió además el prefacio al libro “Los condenados de la tierra” de  Frantz Fanon. Es un texto potente y múltiple. Y de allí es muy interesante rescatar una de las denuncias que hace sobre el fracaso del humanismo europeo que disolvió al hombre mismo, inmortalizada en una dura sentencia: “Basta que nos muestren lo que hemos hecho de ellas [las víctimas] para que conozcamos lo que hemos hecho de nosotros mismos” .

Un ejercicio de introspección similar podemos hacer con los Qom: el colonizador los intentó aniquilar, luego la “Nación argentina” tomó un atajo y buscó la asimilación; más tarde los recluyó en una “reserva”. Pero la voracidad del Estado provincial no lo toleró y poco a poco fue tomando parte de esa “reserva”. Para ello se sirvió de la penetración material del dinero y de las armas del Estado.

Cuando la comunidad “La Primavera” quiso rebelarse contra esa arbitrariedad, los reprimió con sus armas y a la luz pública. Los Qom llevaron la protesta a la Capital Federal. Allí fueron utilizados como un elemento de marketing político que alternaba la visibilidad mediática embebida de promesas y la cruda indiferencia real. Lo que hemos hecho con los Qom nos tiene que servir para develar en lo que nos hemos convertido: en una sociedad formada por seres que viven juntos y se perciben como amenazados unos por otros, envueltos en un egoísmo y una indiferencia que ya no sólo nos impide ver al otro, sino a nosotros mismos.

La propia arquitectura de nuestra sociedad nos describe, en la medida que toleramos el lujo de Puerto Madero separado de escasos metros de la villa Rodrigo Bueno o toleramos esa suerte de prisiones vip, llamadas “barrios cerrados”, rodeados de asentamientos de emergencia que, irónicamente, son la fuente de mano de obra que pone en movimiento esas cárceles consentidas por sus internos.

La cosificación por siglos de los Qom, maquillada con una retórica de “reconocimiento de los pueblos originarios” que no es más que una estrategia de marketing para velar la brutal represión e indiferencia estatal, sólo puede ser posible en el marco de un profundo proceso de deshumanización de nosotros mismos.

En la antigua Grecia, Aidos representaba la diosa de la vergüenza y la dignidad humana. Aidos generaba emociones que tocaban las vísceras más sensibles frente a la disolución del otro. Precisamente por ello, Marx resaltaba que sentir vergüenza de una situación histórica era fuente de sentimientos revolucionarios. En nuestro país, sin embargo, la tragedia de los Qom es invisible. La reacción social general, se limita a un lamento testimonial en la sociedad civil y a una reivindicación sin contenido de las elites políticas y empresariales. En otras palabras, la tragedia de los Qom ni siquiera genera vergüenza.

Sartre escribió el prólogo del libro de Fanon con la mirada en el proceso de descolonización de Argelia. Pero la potencia de sus palabras va más allá de la tensión franco – argelina. Por eso, es interesante cerrar esta nota con un fragmento que habla por sí mismo y que, como todo texto, se reescribe a través de la lectura que de él hace cada uno de nosotros. Decía Sartre: “Ustedes saben bien que somos explotadores. Saben que nos apoderamos del oro y los metales y el petróleo de los “continentes nuevos” para traerlos a las viejas metrópolis. Compréndanlo de una vez: si la violencia acaba de empezar, si la explotación y la opresión no han existido jamás sobre la Tierra, quizá la pregonada “no violencia” podría poner fin a la querella. Pero si el régimen todo y hasta sus ideas sobre la no violencia están condicionados por una opresión milenaria, su pasividad no sirve sino para alinearlos del lado de los opresores.”

Sigue: “Mientras existió la condición de indígena, la impostura no se descubrió; se encontraba en el género humano una abstracta formulación de universalidad que servía para encubrir prácticas más realistas: había, del otro lado del mar, una raza de subhombres que, gracias a nosotros, en mil años quizá, alcanzarían nuestra condición. En resumen, se confundía el género con la élite. Actualmente el indígena revela su verdad; de un golpe, nuestro club tan cerrado revela su debilidad: no era ni más ni menos que una minoría. Lo que es peor: puesto que los otros se hacen hombres en contra nuestra, se demuestra que somos los enemigos del género humano; la élite descubre su verdadera naturaleza: la de una pandilla. Nuestros caros valores pierden sus alas; si los contemplamos de cerca, no encontraremos uno solo que no esté manchado de sangre”.

El caso de los Qom revela cómo la sociedad argentina desafía una vieja advertencia de la filosofía política clásica, que Sartre señaló con envidiable nitidez: mientras cada uno de nosotros permanece en la esfera de los asuntos privados, los públicos quedan en mano de  pandillas.

Prender una luz…

Félix Díaz quiso cerrar su entrevista con un mensaje especial para los lectores de Voces Excluidas: “La sociedad tiene que defender su origen. Nosotros somos un pueblo que ha sobrevivido en momentos difíciles y creo que la ciudadanía también está preparada para demostrar que son capaces de reconstruir una sociedad más humana, más justa y que defienda y proteja los derechos de los demás pueblos”.

Si la indiferencia viene de los políticos de turno.  Si la oposición y los grandes medios de prensa usan el tema solo por rating, marketing o conveniencia política, entonces solo nos queda salir de esa esfera privada que describe Sartre. Debemos dejar de transformar en un infierno la vida del otro para empezar a ser su salvación, o al menos, encender una vela de esperanza y solidaridad. Después de todo, el infierno son los otros, alude al efecto que tiene en cada uno de nosotros el reconocimiento del otro. El reconocimiento, precisamente, es el puente hacia esa reconstrucción que propone Félix Díaz.

 

PEQUEÑOS GIGANTES: VECINOS DE ENTRE RÍOS VS. AGROTÓXICOS

Donde los cuerpos gritan. Los casos de Basavilbaso y San Salvador

Por Catalina de Elía, periodista.

@CatadeElia

PH: PABLO PIOVANO Costó arrancar la nota con Fabián Tomasi. Estaba parado justo con su foto detrás.  Era la muestra de Pablo Piovano en el Palais de Glace y se había venido de Basavilbaso, su pueblo en la provincia de Entre Ríos, solo para este evento. Lo acompañaban Nadia, su hija de 21 años, y su mamá de 80. La sala estaba llena y todos se acercaban a saludarlo. Desde una Madre de Plaza de Mayo hasta familiares y víctimas directas de los agrotóxicos. Se sacaban fotos con él y también le sacaban fotos a su foto. Las dos imágenes hablaban solas. Fabián es el rostro viviente del deteriorio físico. Es un hombre que perdió sus dos manos y que padece una polineuropatía tóxica severa.  También es el rostro de aquel que nunca abandona su integridad. Solo bastaba verlo ahí parado. Le respondió con una sonrisa a todos los que lo saludaron porque quiere que lo escuchen, quiere gritar lo que vivió y que se sepa lo que está sucediendo.

“Me intoxiqué con biocidas cargando aviones para fumigar. Yo era peón rural, trabajaba en short, remera, en patas…hasta comíamos junto al avión. Lo hice por un año. Hasta que un día me empezaron a doler mucho las manos. Ahí empezó todo”, relató Fabián a este blog. Fue diez años atrás. Y en ese momento fue a distintos médicos hasta que le diagnosticaron lo que tenía. “La llaman también la enfermedad del zapatero’ y es por aspirar solventes. Es lo que afecta a los chicos que aspiran pegamento. Este trabajo lo hice por un año. Pero con diez minutos hubiese bastado para que me pase lo que me pasó. Estamos hablando de veneno”, contó Fabián. Lo echaron apenas se enfermó y él nunca quiso hacerle juicio a la empresa a pesar de estar seguro de que lo hubiese ganado. “O le enseñaba a mi hija cómo era defender la verdad, que es una y no otra, o cobraba. Si yo cobraba el juicio yo no hubiese podido hablar de vida y de verdad porque me hubiese convertido en un negociador. Yo busco tratar de salvar a los chicos porque nos están dejando morir y nadie se hace cargo”.

Fabián también perdió a su único hermano que murió de cáncer. Y hoy vive gracias a una jubilación mínima que le otorgaron por su enfermedad. “Y esto recién empieza. No se va a hablar nunca de esto cuando hay un lobby entre los medios grandes, la política, justicia y medicina. Todos callan. Porque todos tienen parte de este negocio fantástico sino fuera que causara tanta muerte. Más en estos lugares que tenemos tierras tan buenas y que tenemos políticos tan degradables que no se ponen a pensar. Mientras las tierras den, esto no va a cambiar”, se lamenta Fabián. Pero él dice que no va a parar hasta que se quede ronco.

Basavilbaso, la ciudad donde vive Fabián, está ubicada en el centro este de la provincia de Entre Ríos. Queda a unos 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Y es una zona rodeada de sembradíos de soja, maíz, arroz. Los vecinos cuentan que antes de la llegada de los agrotóxicos, una imagen típica eran las luciérnagas y los focos de luz llenos de bichitos cuando estaba por llover. También los campos verdes, llenos de flores, animales y mariposas. “Todo eso ya no está”, relata a este blog Mariela Leiva vecina y docente de esa ciudad. “Ayer, por ejemplo, viajaba en auto con una amiga de Rosario del Tala, una ciudad que está cerca de Basavilbaso y de la que nos separa el río Gualeguay. Y la banquina desde Rosario del Tala hasta el río estaba totalmente fumigada y seca. Una banquina. Y la otra verde por completo. Entonces le digo a mi amiga `qué casualidad, una banquina amarilla y la otra verde’”, cuenta. Mariela Leiva es directora de la Escuela Rural Nro. 44 de Basavilbaso y recuerda que cuando ella arrancó a trabajar allí en 2008 el lugar estaba rodeado de eucaliptus y que era muy bonito a la mañana escuchar los loros y el canto de los pajaritos. Que también se veían zorros y que los chicos jugaban con los lagartos. “Hoy te puedo asegurar que ya no hay nada, solo animales muertos. Nosotros vemos cómo se va muriendo todo y solo pasaron ocho años. Es muy poco tiempo”

Mariela tiene 44 años, está casada, tiene dos hijas pero dice que sus alumnos también son sus hijos. “Esa es mi familia y por eso también mi lucha”, contó. Ella es directora de una escuela de personal único. Y hasta diciembre de 2014 en ninguna ocasión había tomado cartas en el asunto. “Es que nunca habíamos tenido un problema que nos tocara como para hacernos reaccionar”, dijo. Hasta el 4 de diciembre de 2014. Era un día caluroso allá en el campo y sobre todo en la escuela. Las clases se dictan de 13hs a 17hs. De repente uno de los nenes gritó “seño anda volando un avión” y ahí empezó todo. Era una avioneta fumigadora. Una de las alumnas empezó a vomitar. Otros empezaron con mucho dolor de cabeza y mareos. Todos muertos de miedo. Mariela no entendía bien que pasaba. “Hasta que salí y ví al avión a 20 metros nomás haciendo la aplicación”, contó con los ojos llorosos. Llamé a la policía, al hospital y a los padres. Después de un rato llegaron todos. “Había una nena que me causó una impresión terrible, no me olvido más esa imagen. Estaba tirada sobre el pupitre toda mareada. Y a todo eso súmale mi impotencia de no poder hacer nada porque estaban todos ahí, pero el avión seguía fumigando”.

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Rápida de reflejos, Mariela hizo que la médica que atendió a los chicos dejara constancia del cuadro de intoxicación que habían sufrido. La denuncia se realizó en la Fiscalía de Concepción del Uruguay ya que el oficial que debía tomarla no se encontraba en la comisaría de Santa Anita. Hubo un fiscal, Pablo Bur, que empezó a investigar rápidamente pero luego lo reemplazaron y todo se frenó. Hoy la causa está en etapa de investigación. “Te puedo decir en marzo de 2016 que nosotros todavía no sabemos si tenemos agroquímicos en sangre. Además siguen vehículos de arrastre de fabricación casera que no están matriculados”

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Adjuntamos documentación sobre el caso denunciado por Mariela Leiva: denuncia y certificados médicos sobre la intoxicación de los alumnos por fumigación. Basta con hacer click

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“Yo creo que recién está empezando a conocerse lo que sucede. Necesitamos que los medios concentrados puedan romper ese silencio cómplice e informen con honestidad sobre esta cuestión”, dijo el fotógrafo Pablo Piovano a “Voces Excluidas”. Pablo es fotógrafo de Página 12, pero por decisión personal en 2014 partió de viaje por Entre Ríos, Misiones y Chaco en busca de las historias personales que ilustran todo lo que venía leyendo sobre los agrotóxicos en medios independientes. Así fue como, después de muchos viajes, compromiso y trabajo con las familias afectadas, finalmente llegó al Palais de Glace con su muestra “El costo humano de los agrotóxicos”, lugar donde lo entrevistamos para este blog.

Piovano nos relató que a través de la fotografía entiende que puede ser un instrumento más para todas las pruebas que están llegando de la academia y de los abogados para todo ese movimiento que se está gestando para denunciar qué sucede en esta tierra. Y aclaró: “no soy un militante, esa es una excusa de las corporaciones, un lugar de falsedad en la que nos ponen las grandes empresas y el poder político. Este trabajo es un trabajo documental, periodístico. Y siempre voy a querer estar cerca de las personas que luchan, de las que levantan la bandera de algo digno”.

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El fotógrafo contó también que en San Salvador, Entre Ríos, se encontró con una gran cantidad de casos de enfermos de cáncer que se repiten de manera alarmante. “Hemos visto 14 casos de cáncer en 4 cuadras. Era muy fácil dar con las víctimas. Era caminar unas cuadras y encontrarlos”, describió Piovano. Al referirse a las empresas que operan en las zonas que él recorrió expresó: “Hay muchas. Pero acá hay 25 corporaciones que han entrado luego del 96 cuando Argentina prueba con Monsanto la entrada de la soja transgénica y el uso del herbicida glifosato. Desde ese momento, se abrieron las puertas del país y a la región para que nuestro país sea un espacio de experimentación y para que nuestros cuerpos sean territorios también de experimentación”.

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Andrea Kloster tiene 48 años, vive en San Salvador y es referente de la organización “Todos x todos”. Se involucró en el tema de los agrotóxicos después de la muerte de una amiga que sufrió un tumor cerebral fulminante. “Vi enfermar y morir a mucha gente de cáncer, desde 1996 se empezaron a ver cada vez más casos. Pero a fines de 2012 me impacto la cantidad de niños. Gente sana, deportistas, que de repente tenían cáncer”. Y ahí es que junto con otros vecinos afectados y preocupados por el mismo problema comenzaron con su lucha.

La mamá de Iván Alcides murió en 2004 a raíz de un cáncer de útero. Y el médico les preguntó si estaban en contacto con algún pesticida. Y a su familia le llamó la atención la pregunta. Pero lo dejaron pasar porque eran chicos sus hijos cuando eso pasó. Pero hoy comprenden la dimensión de lo que sucede. “El porcentaje de cáncer en San Salvador supera a lo normal. Tarde o temprano nos toca a cualquiera de nosotros”, le dijo Iván a este blog.

San Salvador es la ciudad cabecera del departamento que lleva el mismo nombre de la provincia de Entre Ríos. Según el censo de 2010, tenía un poco más de 13 mil habitantes. La ciudad fue fundada el 25 de diciembre de 1889.  Se inscribe en una de las tantas ciudades agroindustriales de la zona. Su rasgo singular pasa porque la especialización en la producción de arroz. Precisamente porque concentra el 75% de esa producción en nuestro país, se la conoce como la “Capital Nacional del Arroz”. A partir de mediados de los años ’90 todo comenzó a cambiar de la mano de lo que se conoce como la “Revolución Biotecnológica”. Es decir, la aplicación de la industria agropecuaria de tecnología de semillas genéticamente modificadas y de productos químicos que eliminan las  malezas y, en consecuencia, permiten que los cultivos crezcan en libertad y maximicen su potencial productivo.

PH. PABLO PIOVANO

La Revolución Biotecnológica tuvo múltiples impactos en el país porque redefinió la agricultura. Generó el ingreso al negocio de los “pools”, palabra que aloja a inversores no vinculados a la agro técnica tentados por los precios internacionales. Cambió el paisaje agrario en la medida que generó una marcada concentración de la tierra. Las semillas transgénicas y los agrotóxicos lo modificaron todo. Dentro de la multiplicidad de impactos generados, hay uno que pese a la encarnizada lucha de los vecinos no obtuvo la luz que merece: los impactos en la salud de los agroquímicos.

Según Laura Pérez Frattini, investigadora en el Instituto de Geografía Dr. Romualdo Ardissone y docente de la cátedra de Geografía Rural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la Revolución Biotecnológica consiste en la implementación en la producción agraria de semillas genéticamente modificadas. La modificación genética tiene que ver con generar variedades resistentes a la aplicación de agroquímicos de modo tal que la planta cultivada quede a salvo cuando es fumigada, mientras las malezas mueren. “Para que esta “agricultura moderna” sea exitosa y rentable, además de las nuevas variedades de semillas y los agrotóxicos concomitantes, el agricultor debe pagar por todo un paquete tecnológico que va desde riego suplementario hasta el uso de maquinaria de importación.”, explica. En Argentina, este proceso se inscribe (y no por casualidad) en el marco de las políticas de liberalización y desregulación de los mercados promovidos por el Plan de Convertibilidad de 1991.

Muchas ciudades del interior de nuestro país denuncian sus efectos en la salud.  Las “Madres de Ituzaingó” se ocupan de cuanto ocurrió en el barrio homónimo de Córdoba, El “Movimiento Campesino de Santiago del Estero” de los estragos en el monte santiagueño, el “Centro de Estudios Nelson Mandela” de Chaco, los vecinos de Bignad en Santa Fé hacen lo propio con su terruño, en Formosa la gente de Colonia Loma Senés hace lo mismo. Este blog escogió ocuparse de dos ciudades entrerrianas: Basavilbaso y San Salvador. Pero esa elección no obtura la gravedad del fenómeno en términos globales.

San Salvador, la “Capital Nacional del Arroz”, comenzó a cambiar su perfil a partir del boom sojero de la primera década del siglo XXI. La proporción pasó de 8 mil hectáreas de arroz contra 30 mil de soja. Que 38 mil hectáreas sean sometidas a la Revolución Biotecnológica implica que la ciudad permanece, literalmente, envuelta en agrotóxicos desde arriba y desde abajo. Los suelos son el terreno para las semillas genéticamente modificadas y el aire el espacio par que los agroquímicos liberen la tierra de las molestas malezas que afectan el potencial productivo de las semillas.

La peligrosidad aún no dimensionada en el uso de los agroquímicos excede al momento de su aplicación porque se incorporan a los ciclos ecositémicos. Según la docente de la UBA Laura Pérez Frattini, las mismas contaminan los suelos y las aguas superficiales, percolan hasta llegar a las aguas subterráneas, se esparcen en el aire, eliminan biodiversidad y llegan a la mesa de millones de personas contenidos en los alimentos. Además, cada vez se requieren mayores dosis de agrotóxicos porque las malezas también se vuelven resistentes.

El problema de San Salvador es parte de una perspectiva que atraviesa a toda la Argentina. El país registró durante los últimos años un fuerte crecimiento económico anclado en un modelo extractivo. Similar al del modelo “agroexportador” de fines del siglo XIX y principios del XX. La soja y la megaminería fueron los andariveles por los que se desplegó el crecimiento. Trajeron aparejado el ensanchamiento de la frontera productiva que se tradujo en la tala de bosques, el sacrificio del agua y la tendencia al monocultivo, en pos de la tasa de ganancia derivada de los precios internacionales de la soja.

“La expansión de la frontera agropecuaria se produjo con una violencia inusitada sobre las poblaciones locales y sus prácticas. La lucha de la comunidad Qom es quizás la que mayor visibilidad ha tenido pero no es la única”, expresó la docente de geografía rural Pérez Frattini a este blog.

El enfoque de “Voces Excluidas”

Sin embargo, a “Voces excluídas” le interesa abordar el problema desde otro lugar. Desde la tensión que se da entre el progreso científico que busca mejorar la calidad de la vida humana y las consecuencias de ese propio progreso que desemboca en una crisis ecológica de la humanidad. El tema no es nuevo. Se han ocupado de él la denominada “Escuela de Frankfurt” de la mano de una interpretación marxista del fenómeno, hasta el Papa Francisco en la encíclica “Laudato Si”. Ambas miradas coinciden en los riesgos derivados de aquella tensión entre la búsqueda del progreso para mejorar la vida y las consecuencias de ese progreso que en su búsqueda frenética amenaza con destruir la tierra y, por lo tanto, aquello que busca mejorar: la vida. Este perfil productivo, además, se inscribe en una matriz que subordina la existencia humana a una carrera individual por el éxito económico, apoyado en una sólida alianza que aglutina a poderosos agentes globales del capitalismo financiero como las empresas multinacionales proveedoras de servicios agropecuarios y los bancos, junto a grupo sociales de los países profundamente relacionados a ellos.

“A dos décadas de la aprobación en la Argentina de los eventos transgénicos los argumentos que afirmaban que la Revolución Biotecnológica vendría a solucionar el hambre mundial han demostrado ser falaces. En los países graneros la merma de diversidad que implica la adopción del monocultivo condujo a la pérdida de la soberanía alimentaria. ¿Y ahora todos comemos soja?: para nada. La mayor parte de la producción de transgénicos no está orientada a la alimentación humana. Con todo, la falacia radica en que el hambre en el mundo no es un problema de producción sino de distribución”, agrega la especialista en geografía rural Pérez Frattini.

Este fenómeno, además, es mucho más intenso en los países en desarrollo o subdesarrollados, en los que la necesidad de generar divisas debilita las regulaciones estatales. Y este punto es crucial. La debilidad estatal no sólo tiene que ver con las tenues actividades de control a la hora de permitir el uso de las semillas genéticamente modificadas y de los agentes tóxicos que las ayudan a desplegar su potencial productivo, sino que va mucho más allá. En efecto, se extiende a las áreas de la salud, de la justicia, a las autoridades locales y provinciales. Esta crónica no va a analizar las causas de la indiferencia estatal. Ellas pueden ser múltiples. Desidia, corrupción, temor. Pueden ser una de ellas, varias o una combinación de todas. Nos interesa contrastar la lucha de una comunidad que intenta conservar su ecosistema para poder vivir y el silencio estatal, porque más allá de algunas iniciativas individuales o generadas por la presión popular, la regla es la indiferencia estatal.

La madre de todos los problemas es el glifosato

El glifosato es el principio activo del producto herbicida conocido como Roundup, fabricado por la multinacional Monsanto que también patentó la semilla de soja resistencia a ese herbicida. Ese matrimonio es el que revolucionó la producción agropecuaria. El herbicida mata todo, menos la soja y otras semillas que también desarrollo la Monsanto.

San Salvador, Entre Ríos, sufre las consecuencias de este nuevo paradigma. Andrea Kloster lo resumió con envidiable nitidez “Somos un pueblo en el que los vecinos están muriendo como moscas”. Andrea y sus vecinos llevan adelante una batalla asimétrica: enfrentan al conglomerado de multinacionales que venden agrotóxicos y a la indiferencia oficial. Veamos algunos datos.

En 2010 hubo 58 muertes de las cuales 27 fueron de cáncer. En 2011 de las 80 muertes, 40 fueron de cáncer. En 2012, 22 de  52 y en 2013 19 de 59 fallecidos, murieron de cáncer.  En medio de las acciones vecinales a través de las marchas “Todos x Todos” y de la difusión que llevó adelante la “Red de Pueblos Fumigados”, la municipalidad ordenó estudiar la red pública de agua potable y el informe concluyó que los tanques estaban contaminados con materia fecal. No obstante, los vecinos señalaron otros riesgos. Sobre todo, porque el principal foco de muerte es el barrio “Centenario”, contiguo a un hangar desde el que despegan los aviones que fumigan los cultivos. Como dijimos, el aire, el agua, el ecosistema salvadoreño quedó envuelto en la Revolución Biotecnológica. Los poros de los salvadoreños están contaminados. El glifosato es la estrella de esta revolución.

Según el médico investigador principal del Conicet, Andrés Eduardo Carrasco, que declaró en el caso emblemático por contaminación derivada de fumigaciones que llevó adelante la Cámara Criminal de Córdoba por la que condenó a los imputados por el delito de contaminación ambiental en septiembre de 2012: “el glifosato no se degrada en tierra rápidamente, lo que ha demostrado en su trabajo la Dra. Pizarro, sino que queda mucho tiempo.  No es biodegradable y pasa a la sangre sea por alimentación o por consumo de alimentos a la vía digestiva o por vía inhalatoria y permanece en ella de 10 a 14 hs. y parte queda en los tejidos y nunca sale” Expuso que  “Tiene un olor desagradable, produce picazón en las vías aéreas y trastornos digestivos y en la piel.  Señaló que es más difícil detectar lo crónico que lo agudo.  Lo crónico en una enfermedad como el cáncer o en una enfermedad neurodegenerativa requiere una cantidad de tiempo de desarrollo, por lo que debe ser esto monitoreado permanentemente en la población cercana a los campos donde se están usando los químicos”. Pero Carrasco no está solo.  En marzo de 2015, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer – Órgano que actúa dentro del marco de la Organización Mundial de la Salud – concluyó que hay evidencias para clasificar al glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.

“Quizás lo más angustiante para las poblaciones que denuncian el riesgo de vida al que están expuestas a causa de las fumigaciones es que son voces sin experticia científico-técnica y por tanto desautorizadas por quienes detentan el saber. Así y todo, cuando han logrado hacerse oír ya sea por la fuerza de las evidencias, ya sea porque se han sumado a su reclamo discursos expertos (como el del Dr. Carrasco), las conclusiones de la Justicia han sido que el glifosato es tóxico si se utiliza de manera negligente pero totalmente seguro si es implementado con buenas prácticas. Así, se traslada el cargo y la culpa a agentes privados individuales y el Estado queda librado de cualquier responsabilidad”, explicó a “Voces Excluidas” Laura Pérez Frattini, investigadora y docente de la cátedra de Geografía Rural de la UBA.

El “NO judicial” y la indiferencia estatal

El contraste que no deja de asombrar a “Voces Excluídas” es precisamente esa trágica coincidencia entre la intuición popular, sostenida por el daño en los cuerpos y por la muerte, corroborada por la ciencia local y global pero irónicamente ignorada por las autoridades políticas. Sabemos que muchos concejos deliberantes municipales y legislaturas locales han debatido e incluso aprobado iniciativas legales para prohibir las fumigaciones cerca de las ciudades. También sabemos que hubo algunas intervenciones judiciales. Nos detendremos en ellas. Pero antes hay que hacer una aclaración técnica.

La estructura administrativa de nuestro país es federal. Ello significa que hay esfera de la vida pública cuya regulación corresponde a las provincias y otras al Estado federal. Pero hay una zona gris: las llamadas facultades concurrentes ¿Qué son? Son espacios en el que la potestad para legislar corresponde a las provincias y también al Estado federal ¿Cómo? Los daños ecológicos son un ejemplo. En este caso los municipios pueden dictar ordenanzas reglando algunas actividades locales. Pero también puede hacerlo la provincia con respecto a todo el territorio provincial. Además, como se trata de una cuestión de medio ambiente, el Estado federal puede actuar también en la materia. La única condición legal es que ninguno de los tres tipos de ley contradiga a la otra.

¿Cuál es la explicación de estas capacidades concurrentes? Cuando se incorporó la provincia de Buenos Aires a la “Nación Argentina” en 1856 se estableció en la Constitución que los estados provinciales conservan todo el poder no delegado al Estado Federal. La chance de preservar el medio ambiente no fue delegada. Por lo tanto, las provincias y los municipios pueden actuar. Pero como el medio ambiente es en cierto modo un lugar común para todos, la propia carta magna reconoce el derecho a un medio ambiente sano. Así, las tres organizaciones administrativas posibles del Estado: municipal, provincial y federal pueden y deben proteger el medio ambiente.

Una mirada rápida lleva a pensar que no hay excusa para no cuidarlo porque todos pueden actuar de acuerdo a su nivel. Pero en rigor de verdad, la evidencia implica que la multiplicidad de competencias no se tradujo en eficacia. Además, ese entramado de potestades vuelve más difícil detectar intervenciones judiciales. El resultado es que la Ley federal de Residuos Peligrosos 24.051 rige pero no se cumple prácticamente. De modo que, al final de cuentas, la regulación múltiple termina siendo funcional a las violaciones que debe proteger y sancionar. Casi no hay condenas y no existen registros públicos que contengan y clasifiquen los actos judiciales municipales, provinciales y federales.

“Voces Excluidas” de todas maneras detectó algunas intervenciones del sistema judicial.

* Durante 2003 en la ciudad de Colonia Senés, Formosa, la jueza Silvia Amanda Sevilla fue la primera juez en ordenar el cese de las fumigaciones. En diciembre de 2007 fue echada de su cargo.

* En diciembre de 2008, la justicia cordobesa prohibió fumigar en a 500 metros por tierra y 1500 por aire, en el barrio Ituzaingó.

*El Juzgado en lo Civil, Laboral y Comercial de San Jorge, provincia de Santa Fe, en junio de 2009, hizo lugar a un amparo presentado por los vecinos y prohibió aplicar agroquímicos en un radio de 800 metros de un barrio de viviendas en forma terrestre y de 1500 por aire.

*El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 10 de Resistencia, provincia de Chaco, ordenó el 29 de abril de 2010 suspender la fumigación en las ciudades de La Leonesa y Las Palmas, en un radio de 1000 metros en caso de fumigaciones terrestres y 2000 aéreas.

* En septiembre de 2011, el Juzgado Correccional 2 prohibió en septiembre de 2011 fumigar a menos de 300 metros por tierra y 1500 por aire en Antillas, Salta.

*La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires en agosto de 2012 prohibió fumigar a menos de 1000 metros de un barrio en la ciudad de Alberti

*La Cámara 1 del Crimen de la provincia de Córdoba, el 4 de septiembre de 2012 a Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra, porque ordenaron fumigar con un derivado del glifosato campos en un radio que no traspasó los 1500 metros de la zona urbana, como lo exigía la normativa municipal, a la pena de 3 años de ejecución condicional, por violar el artículo 55 de la ley 24.051 que reprime, precisamente, la acción de quien derrama residuos peligrosos para la salud. La condena fue ratificada.

Esta recolección de datos realizada sin mayor rigor metodológico muestra que el sistema judicial es, como mínimo, indiferente a los problemas que surgen de la aplicación de agrotóxicos. En efecto, no hay registros oficiales y las resoluciones halladas son medidas cautelares. Técnicamente son provisorias y siempre dependen de un juicio posterior largo y tedioso, de los que se desconocen los resultados. No se ve a las agencias públicas actuar de oficio; cuando lo hicieron, fue por la presión popular de las víctimas que a través de abogados particulares presentaron acciones de amparo que desembocaron en las medidas cautelares reseñadas. La Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, de la Procuración General de la Nación ni siquiera menciona, en el informe sobre su actuación en el año 2014 –último disponible- el problema de los agroquímicos a nivel federal. Una actitud similar surge tras compulsar el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Basta colocar en el buscador el número de la ley (24.051) para no hallar resultados.

Esta periodista de “Voces Excluidas” intentó comunicarse con el Presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti para preguntarle sobre esta cuestión pero hasta el momento de la publicación de la nota no tuvo éxito. Asimismo, pidió respuesta a voceros de la empresa Monsanto pero no las obtuvo para el horario de la publicación de la nota.

Por el contrario, accedimos a hablar con el ministro de Medio Ambiente, el rabino Sergio Bergman, quien se refirió al tema: “el abordaje lo tenemos que diferenciar en tres niveles que, a veces, se superponen. El primero es la autorizacion al uso de los agroquímicos. Este plano incluye todo lo que tiene que ver con los que están autorizados así como también con la vulnerabilidad de nuestras fronteras porque muchas veces hay muchos agroquímicos que entran a la Argentina de contrabando”. Bergman aclaró que no importa la escala porque muchas veces es extensiva y muchas veces es de pequeños productores. Y concluyó que en el país hace falta, sin dudas, debate parlamentario sobre el tema y una ley de agroquímicos más ajustada a la realidad preservando la salud de las comunidades.

La segunda dimensión de la que habló el ministro de Medio Ambiente tiene que ver con la aplicación de los agroquímicos. “No hay una ley de jurisdiccion federal sobre cómo se aplican, está descontrolada la reglamentación y no tienen los suficientes monitoreos y controles”, le dijo Bergman a este blog. No discernir estas dos categorias genera perjuicios para la salud de la población pero también la industria es la que pierde. Pierden todos. Afirmó el rabino.

La tercera dimesión que describió Bergman es la referida al cambio de paradigma global. “Nuestros prueblos originarios hablan de la Pachamama, del concepto de ecología integral, de que somos parte de una sola unidad indivisible y del que degrada el ambiente degrada lo humano”. Esta visión nos va a llevar a que también en esta materia volvamos a economías regionales y privilegiemos la preservación tanto de la salud como de la cultura.

Esta conclusión invita al debate…

Una canción de Viejas Locas dice: “si tocan el botón nos vemos en el infierno”. Aquí podríamos cambiar ese título, pero no su sentido. Diríamos: si no tocan el botón, vamos al infierno. Esto es duro, pero es así. Si no se coloca en la agenda pública la discusión sobre el incremento sin límite de la producción agropecuaria en base a las nuevas tecnologías en desmedro del medioambiente y de la salud, es casi indiscutible que esta querella existencial entre la vida y la muerte la gane la muerte.

Y la prueba de ello, entre muchos otros, los cuerpos de nuestros entrevistados. También la desidia estatal y la indiferencia judicial y mediática ante corporaciones tan poderosas que siembran el miedo incluso entre los propios afectados. Pero como decía Hanna Arendt en uno de sus textos, aún frente a estas adversidades los seres humanos conservamos la acción que tiene la singularidad de ser impredecibles. Cada comienzo es infinito. Y quizás, la acciones de las víctimas sean las que contengan el germen que invierta la relación entre la vida y la muerte…

*Tres aclaraciones a los lectores: 1) Las fotos en blanco y negro fueron tomadas de las fotos de Pablo Piovano en su muestra.  2) Este blog es nuevo y aún no sé cómo usar las sangrías 3) Esta es una primera aproximación al tema. Habrá otras notas e invito a los lectores al debate y a la reflexión…

LA INSOLENCIA DE MILAGRO SALA

MILAGRO SALA LE ENVIÓ UNA CARTA DESDE LA CÁRCEL PARA EL BLOG VOCES EXCLUIDAS

MILAGRO SALA ESCRIBIÓ UNA CARTA DESDE LA CÁRCEL PARA EL BLOG VOCES EXCLUIDAS

 

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Por Catalina de Elía, periodista y Federico Delgado, Fiscal Federal. Politólogos.

@CatadeElia

Era un sábado 16 de enero. Ese día en el país se hablaba de las paritarias docentes, del caso Nisman, de las negociaciones con los fondos buitre y de la cumbre de los intendentes del PJ. Mientras tanto bajo el sol de Jujuy, Milagro Sala, la líder de Tupac Amaru, llevaba 32 días de acampe frente a la casa de gobierno provincial junto a militantes de su organización para establecer una mesa de diálogo con Gerardo Morales. “Decidimos esa forma de protesta porque el gobernador no nos quería recibir”, cuenta Luis Paz abogado de la Tupac Amaru. Hacía calor, era cerca del mediodía y la orden del juez Gutiérrez ya estaba desde la madrugada.  Pasadas las 12, más de 200 efectivos de la policía provincial con el ministro y el secretario de Seguridad provincial a la cabeza fueron a la casa de Milagro, le mostraron la orden del juez y se la llevaron detenida. “Ahí ella gritó: ‘me está deteniendo Gerardo Morales, soy diputada del Parlasur y no están respetando los fueros´”, cuenta su abogado Luis Paz. “Milagro es una mujer menudita y me llamó la atención que mandaran un ejército de ocupación solo para detenerla” . “Raúl, su marido, que ya es una persona mayor se puso muy nervioso”, relata Paz. A pesar de la situación, Milagro mantuvo el temple y lo contuvo. A Milagro la metieron presa y la imputaron por los delitos de “instigación a cometer ilícitos y tumultos”. Y recién después la comenzaron a investigar por el desvío de fondos públicos. Días más tarde de la detención, el 6 de febrero, el gobernador Morales afirmó en una entrevista al diario La Nación que no iba a dialogar con Milagro Sala.  “ Querían voltear al gobierno, yo no voy a parar”, argumentó Morales.

Desde aquel momento se escribió mucho y se habló más del caso. Los trabajos recorrieron dos andariveles distintos o una mezcla de ambos. Se analizó la cuestión desde una perspectiva jurídica, también desde una política o se mezclaron ambos andariveles. Nuestra idea es mirar el mismo acontecimiento desde otro ángulo. Un ángulo que incluye tres dimensiones: la de un sistema judicial en crisis, la de la solidaridad y la humana.

  EL SISTEMA JUDICIAL EN CRISIS

Como decíamos, a mediados de enero Milagro Sala fue detenida por tomar una plaza. La justicia jujeña la acusó de instigación a cometer delitos. A fines de ese mes fue excarcelada.  No obstante,  quedó detenida en otras causas por el delito de asociación ilícita y fraude en la administración de fondos públicos. La denuncia fue realizada por la gobernación jujeña. Algunos de los que siguen el caso desde los medios de comunicación empezaron a hablar de eso que los norteamericanos llaman “excursión de pesca”, es decir, formar un proceso penal para ver si se encuentra “algo” incriminante.  En esos momentos también renació una vieja causa del año 2007. Allí se achaca a Sala haber favorecido a un prófugo que había participado de un enfrentamiento entre tupaqueros y la policía. Además, ella estaba procesada por una causa del año 2009 iniciada por el delito de amenazas contra el actual gobernador. Finalmente, el fiscal Anticorrupción de Jujuy, Joaquín Millón Quintana, denunció a la Tupac porque dos municipios durante meses libraron cheques a cooperativas asociadas a la organización por la 50 mil pesos cada uno para construir viviendas. Según la denuncia, las viviendas no se construyeron o no se terminaron. Además, sospecha que las casas funcionaron como una excusa para encubrir una maniobra de lavado de dinero. Le llamó la atención que los cheques siempre alcanzaron la suma de 50 mil pesos que es el límite de las normas antilavado para cobrar dinero por ventanilla. Una conclusión inicial desde enero de 2016 es que las causas judiciales se activaron y nacieron como hongos, pero todas son por viejos hechos, salvo la toma de la plaza.

Este es el panorama general del campo judicial. Antes de seguir una cuestión debe quedar clara. Nadie puede discutir seriamente que todos los ciudadanos estamos sometidos a la ley y a las instituciones que las ponen en movimiento. El texto apunta, simplemente,  a mostrar un aspecto diferente en el que el panorama judicial funciona como un elemento de auxilio para comprender cosas más profundas y menos visibles.

Para comenzar vamos a contrastar la detención de Milagro Sala con otro caso conmocionante. El de un grupo de personas que protagonizaron un hecho que ratifica que la corrupción mata y que están en libertad. Milagro Sala fue encarcelada al principio  “preventivamente” por tomar una plaza para protestar. Esta tensión revela un riesgo: el de utilizar el encarcelamiento como mecanismo de control social o el uso de la justicia para zanjar disputas partidarias.

La masacre de Once. 52 muertos. 21 condenados desde el 29 de diciembre de 2015 entre los 5 y 8 años de prisión de cumplimiento efectivo en algunos casos. Sin embargo, en febrero de 2016 debido a una discutible –por no decir escandalosa- interpretación del Código Penal, todos permanecen en libertad. Más allá de la comparación jurídica, el contraste es evidente. Por eso, en el caso de Milagro Sala unos ven un “disciplinamiento” de la militante social de parte de la oligarquía provincial. Y otros una medida ejemplificadora contra la corrupción.

La reacción del sistema judicial frente a la decisión de encarcelar es compleja de analizar. Es verdad que Jujuy es un estado autónomo. Pero nuestro singular federalismo hace que el Código Penal sea el mismo y que el sistema procesal funcione de manera análoga, porque las leyes procesales reglamentan la constitución y la constitución es una. Desde allí es posible la comparación. El encierro preventivo es viable siempre que los jueces tengan pruebas concretas de que el imputado se va a fugar o va a entorpecer el proceso. Estas dos variantes se juegan en cada caso.  No hay un criterio único que dirima ese punto. Pero el caso de Sala es diferente, no sólo en comparación con la masacre de Once, sino por la naturaleza del hecho que disparó todo: el origen de Milagro Sala.

                            EL RASGO HUMANO

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Es aymara y jujeña.  A los 15 años descubrió que era adoptada. Vivió y creció en la pobreza.  Tiene dos hijos biológicos. Y, a los 25, adoptó a 12 chicos de la calle. “Milagro siempre recibió chicos grandes, nunca un bebé. Lo de ella, esa predisposición del alma hacia la maternidad, no tiene que ver con engendrar, sino con rescatar”, cuenta Sandra Russo en un articulo del diario Página 12. A los 16, arrancó su carrera en la política y se afilió al PJ. Luego se desafilió y en 2001 formó la organización Tupac Amaru de la cual es la líder. Unas 70 mil personas forman parte de su movimiento. Desde ese entonces, a través de la organización, construyeron gran cantidad de espacios públicos y viviendas.  A lo largo de los años, con marchas, cortes y movilizaciones la Tupac ha reclamado mejoras en la situación social. El 14 de diciembre de 2015 juró como diputada del Parlasur. A la par, la penetración social de la Tupac es un dato a tener en cuenta. Es el tercer empleador después del Estado provincial y del Ingenio Ledesma. El 10 por ciento de la población es parte de la organización que se institucionalizó a través de una red de cooperativas. En otras palabras, Milagro Sala y la Tupac Amaru constituyen un actor político que desafía al poder. Y el desafío se despliega en la construcción de obras y en la protesta callejera. Sala fue detenida por protestar.

Ese dato es el que debió tener en cuenta la justicia jujeña. La toma de la plaza no fue un hecho nuevo, se inscribía en las prácticas corrientes de los tupaqueros. Ese dato era decisivo y aloja los temores que se resúmen en la frase “represión de la protesta social”.

Por eso, cuando se trata de protestas sociales, la cosa es más compleja. Quizá nos pueda ayudar la lectura que el argentino Francisco Aricó hizo de los textos del filósofo italiano Antonio Gramsci. Aricó hablaba de la importancia de “traducir” las categorías teóricas abstractas a su contexto social para esquivar un típico error: tratar que la realidad se acomode al concepto y no adecuar el concepto al contexto social. Con el encarcelamiento de Milagro Sala puede que pase algo así. La tradición argentina a la hora de llevar las demandas sociales al Estado, no siempre pasa por la mediación de los partidos políticos. Por cuestiones que exceden a estas líneas, nuestra historia muestra que la ausencia de un sistema de partidos estructurados, una crónica debilidad institucional y las lógicas populares de acción colectiva, desembocan en las calles como ágora para peticionar a las autoridades. La “Revolución de Mayo”, la “Revolución del Parque”, “El 17 de octubre de 1945” o “El 19 y 20 de diciembre de 2001” son algunos ejemplos de esa tradición. Una tradición que ningún juez puede hacer a un lado a la hora de distinguir la protesta social de un delito común. Como señala Francois Ost, los jueces pueden imitar a Hermes, que en la mitología griega representaba a la comunicación; es decir que los jueces, además de investigar y sancionar pueden facilitar el flujo del sentido social que edifica las instituciones de la democracia. El derecho, de esta manera, recuperaría un rol clave que tuvo por ejemplo en los inicios de la era moderna. Fue una fuente para afirmar las libertades ciudadanas. Hoy, se acerca más a un elemento para cercenarlas, cuando se utiliza mal la prisión preventiva y también cuando no se castiga la corrupción efectivamente.

EL ROSARIO DEL PAPA, LA HISTORIA DE EMILIANO Y OTRAS YERBAS

papa y milagro

A casi un mes de la detención de Milagro, el Papa Francisco le envió un rosario bendecido. Se lo envió a través de un colaborador de Scholas Ocurrentes junto con un mensaje de preocupación por su situación. Este gesto de Francisco despertó todo tipo de críticas ideológicas y políticas. Pero como afirmó en una nota al diario La Nación monseñor Víctor Fernández “pretender prohibirle este gesto al Papa muestra un deseo de tensar la cuerda que no es precisamente una ayuda a la pacificación de la Argentina”.

En el mismo sentido, el presidente de la ONG La Alameda y legislador porteño Gustavo Vera expresó a este blog: “Estando en Santa Marta, lugar en el que me quedé durante diez días, pude saber de la preocupación del Papa Francisco por las condiciones y los motivos que sirvieron para detenerla por primera vez a Milagro Sala y que sienta un precedente para criminalizar la protesta social, en un contexto de despidos, inflación y recesión en general. Las garantías judiciales, no lo digo yo, lo dice cualquier abogado o estudiante de abogacía son vulneradas y totalmente arbitrarias. Gente con condena firme, Jaime uno de ellos, además de condenado por intentar borrar pruebas, sigue libre hasta que la Cámara lo confirme. Boudou lo mismo, Schiavi también”.

“Todos pueden ser investigados y si están sospechados de corrupción en la gestión pública muchísimo más. El día después de la detención de Sala –confió Vera- lo charlé con el Papa y ahí me dijo su preocupación. Con los de guante blanco del gobierno anterior no se meten. Que investiguen pero que respeten el proceso”. Raro. Los cuestionamientos al gesto del Papa no paran de crecer, incluso entre los católicos que parecen no recordar que este es el año de la misercordia…

Otra historia solidaria y de pacificación que surgió a raíz de la detención de Milagro Sala es la de Emiliano Villar. Abogado penalista, trabajador de un centro de integración de personas en situación de calle y militante desde la adolescencia. “Me involucré sin dudas por la afinidad que me une con el personaje y por la clara persecución política que intuí casi de inmediato”, le contó Villar a este Blog.  De ahí que este abogado se inspiró a pensar, crear y presentar el planteo de excarcelación el 10 de febrero en la justicia federal porteña y denunció que Sala estaba privada ilegalmente de su libertad por su condición de legisladora. Sintió que estaban “llevándose puesta toda la normativa nacional e internacional; deteniendo por las dudas y no tanto, es claramente un metamensaje a todos los ciudadanos. ¿Qué le queda al hombre y mujer de base que desde su lugar de trabajo, desde su rol de ciudadano activo y desde su pequeñez, si una dirigente como Milagro la privan de su libertad, sin condena y con una maquina publicitaria de terror que la demoniza sin concesiones”, dice Emiliano.

Su planteo no tuvo suerte. El juez Rafecas tomó atajos procesales, se apegó a la formalidad jurídica, dividió el planteo de Emiliano en un simple pedido de libertad y en una simple denuncia. Le quitó así los elementos que dotaban a la cuestión una singularidad más grave y envió los expedientes a la justicia federal jujeña. Como dato de color que pinta nuestro sistema judicial, el lector tiene que saber que en la era de las comunicaciones, las denuncias de Emiliano Villar tardaron más de una semana en arribar a su destino.

Además de la reacción papal y la de un militante que convirtió la indignación moral en energía política, una acción llamativa en tiempos donde reina la indiferencia,  también el Centro de Estudios Legales y Sociales y Anmistía Internacional, recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamando por la libertad de Milagro Sala.

 A MODO DE CONCLUSIÓN

Recurrimos a la palabra insolencia para empezar estas líneas. Para que se comprenda el sentido en que la usamos vamos a atarla a la acusación real que se hace a Milagro Sala: “montó un Estado paralelo”. Esa es la base real de la sospecha, más allá e independientemente de los delitos que pudo haber cometido. La palabra insolencia la tomamos prestada de los textos de Guillermo O’Donnell, en particular de “El Estado Burocrático Autoritario”. Aquel fue probablemente quien mejor comprendió las causas de la tragedia argentina cuyo capítulo más oscuro se escribió a partir del 24 de marzo de 1976. O’Donnell, y lo decimos temeraria y simplificadamente, ubicaba entre las causas de la violencia institucional a la “insolencia” de los sectores populares que ganaban las calles en busca de  justicia sustantiva. Es decir, vivir mejor. Para O’Donnell, el grado de la movilización social permitía intuir el grado de la represión, pero fue fatal la faz que se inició en marzo de 1976. Y, con los matices obvios del caso, algo de eso envuelve al caso Milagro Sala.  La Tupac en cierto modo es un Estado paralelo porque debido a una mezcla de virtud y fortuna hace cosas que el Estado jujeño no hace. La Tupac es praxis colectiva y en tanto praxis, se expresa en la movilización que impugna al poder instituido. Milagro Sala encarna ese paso tan complejo de dar, que se vincula con comprender al deseo no como carencia de algo, como angustia, sino con Aristóteles, como motor de la acción social. Como ese camino duro de transformar las condiciones de vida. Sus gestos son simples: cuidar al otro, resistir, crear y posibilitar. Pero esos gestos simples pueden verse como insolentes y generan reacciones. La prisión es una de ellas.

 

PROTOCOLO ANTIPIQUETE: EL DEBATE

Crédito: Adrián Escandar Opinan Patricia Bullrich, Jorge Lanata, Horacio Verbitsky, el Perro Santillán, el fiscal Federico Delgado, Facundo Moyano, Roberto Gargarella, Cristina Caamaño y Myriam Bregman.

Por Catalina de Elía ; @CatadeElia

El Protocolo del Ministerio de Seguridad presentado el miércoles 18 de febrero apunta a evitar los piquetes. Ve en ellos un problema de orden. Es verdad que el tema da para debatir y también que el debate es “viejo”. Muy viejo. Pero esa temporalidad es justamente la que permite sospechar que no todo es blanco o negro. Quizá la disyuntiva “piquete sí”, “piquete no” es falsa. Por eso la filosofía política podría aportarle al tema un poco más de precisión.

Decía Nicolás Maquiavelo en los “Discursos Sobre la primera década de Tito Livio” algo que es pertinente para esta discusión: “Los que condenan los tumultos entre los nobles y la plebe atacan lo que fue la causa principal de la libertad en Roma y se fijan más en los ruidos y gritos que nacían de esos tumultos que en los buenos efectos que produjeron. Y tampoco consideran que en toda república hay dos espíritus contrapuestos: el de los grandes y el del pueblo, y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión entre ambos”. Donde el Gobierno ve un problema, el florentino veía la causa de la libertad. La virtud fue la discordia, la desunión. La tesis liberal, al contrario,  encuentra apropiado contener los deseos de la multitud para lograr paz social y un pluralismo sin ruidos.  Para Maquiavelo era al revés. La armonía liberal no es compatible con los ruidos de la libertad…Cientos de años después, el  Norberto Bobbio escribió que la “desobediencia civil” está éticamente justificada cuando hay, por ejemplo, violación a una ley o vulneración de derechos. Y en la misma sintonía, el filósofo chileno Sergio Romero expresó: “Desde los necesitados – el sitio de la moralidad de la protesta- desde donde ha de surgir la confrontación y alternación al mundo de la ética del poder”.

En medio de esa puja es que el blog “VOCES EXCLUIDAS” lee la génesis del Protocolo. Por eso se requirió la opinión de los referentes más importantes del país. Pasen nomás…

PATRICIA BULLRICH, Ministra de Seguridad: “En vez de cortar una calle, que lo hagan en una plaza o vereda”PATRICIA BULLRICH

@PatoBullrich

Como nunca antes en nuestro país, hemos emprendido el camino hacia la libertad individual de las personas.

Pregonamos palabras de respeto, volvimos al diálogo para la construcción de una Argentina quebrada en lo económico y dividida desde lo social.

Desde el Ministerio de Seguridad, volvimos a convocar al Consejo de Seguridad Interior, porque era necesario y urgente volver a juntarnos y debatir “Seguridad” en equipo.

Decidimos regular las manifestaciones, después de muchos años en donde la calle era tomada por cualquier ciudadano, y donde se perjudicaba a la gran mayoría de argentinos que deseaban circular libremente.

Este protocolo está 100% a favor de las manifestaciones, y también está 100% en contra de los cortes de calles, rutas y autopistas.

La protesta está bien, es democrática, siempre que se haga dentro del marco de la ley.

Quiero garantizarle a cada argentino que este Ministerio de Seguridad quiere que se expresen con libertad, siempre dentro de la ley.

Y que, llegado el caso de que haya una protesta, en vez de cortar una calle lo hagan en la vereda, en una plaza o en cualquier lugar donde no afecten los derechos de los demás.

Entendemos, también, que durante muchos años hubo que cortar calles para ser escuchados.El gobierno del Presidente Macri, y yo como ministra de Seguridad de la Nación, abrimos las puertas de la democracia para que los problemas se resuelvan en una mesa de diálogo, sin tener que cortar ninguna calle, ninguna ruta o autopista.

Argentina necesita crecer, y estamos acá para darle comienzo a una nueva manera de comunicarnos, sin recurrir a la violencia, sino apelando al diálogo y a la voluntad de generar consensos.

JORGE LANATA, periodista: “La discusión del protocolo antipiquete me parece vieja”

JORGE LANATA         Más que nada, pensando en el mundo, la discusión me parece vieja. ¿Qué pasaría si cortás la Quinta Avenida? ¿O la avenida El Vedado en La Habana? Está bien que las organizaciones combinen con el Estado de qué modo hacer valer su protesta y los derechos del resto a la vez.

El semáforo, ¿es una restricción a la libertad de tránsito?, ¿O es ver quién pasa y quién espera? Sobre los palos y los encapuchados: esta es una Democracia y en Democracia no hay porque andar encapuchado. Si el tema es la prevención de que la policía te filme, demandemos a la policía por hacer inteligencia interna, pero la solución no es andar cubierto.

HORACIO VERBITSKY, periodista y director del CELS: “La única reacción oficial ha sido solidarizarse con la fuerza agresora”

HORACIO VERBITSKY

@VerbitskyH

 Argentina es un país con tradición de protesta callejera. El protocolo, en esas condiciones, ¿afecta el derecho a protestar? 

HV: Lo restringe y lo condiciona, subordinando al orden público otros derechos de raigambre constitucional y consagrados en las convenciones internacionales de derechos humanos.

En su caso, ¿el protocolo es una vía elíptica para sancionar la protesta evitando a los jueces? 

HV: No necesariamente. Tiene dos aspectos que confluyen en contra de los manifestantes: uno inmediato, represivo, y otro diferido, de criminalización, en el que los jueces cumplen también un rol disciplinador.

¿El protocolo distingue las marchas autorizadas de las espontáneas y apuesta a una instancia de negociación?

HV: Esa instancia es puramente retórica. Dura cinco minutos y se reduce a la intimación oficial quien, de no ser acatada, abre paso a la represión, que ni siquiera descarta el uso de armas de fuego.

¿Es sencillo hacer esa distinción en la realidad? 

HV: Relativamente. No es esa la principal dificultad.

¿Está nuestra policía preparada para mediar en la calle?

HV: No, y tampoco debería ser su función. La ley de seguridad interior vigente, los protocolos previos, la práctica de más de una década indican que la negociación debe estar a cargo de una autoridad política, para controlar un uso racional y proporcionado de la fuerza. Pero aquí el problema es que el descontrol y la irracionalidad provienen de la autoridad política, con una ministra que llega a decir les damos cinco minutos y después los sacamos y que intenta impedir la cobertura periodística in situ, para que no quede registro de la brutalidad con que se intenta amedrentar. A casi un mes de la agresión con escopetas de gendarmería contra niños de una murga del bajo Flores, la única reacción oficial ha sido solidarizarse con la fuerza agresora.

“PERRO SANTILLAN”, dirigente sindical: “Aunque aprieten a los sectores populares no podrán parar los cortes de ruta del pueblo”

PERRO SANTILLAN

Este protocolo del Gobierno de Macri es hijo de la ley antiterrorista  kirchnerista y ya tuvo su primer  derrota con el paro general de los estatales.

Aunque aprieten a los sectores populares, como lo está haciendo este Gobierno, no podrán parar las movilizaciones y los cortes de ruta del pueblo, que saldrá a defender los derechos conquistados por la lucha.

Roberto Gargarella, Sociólogo y abogado constitucionalista (UTDT): “Error democrático,  político, social y jurídico”

GARGARELLA

El nuevo Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, promovido recientemente por el Consejo de Seguridad Interior, representa un grande error. Error democrático, error político y social, error jurídico también.

El error es democrático porque un problema grave y que es de todos merece ser discutido entre todos, y no por unos pocos. Cuando sólo unos pocos lo discuten, ocurre lo que ocurriera ahora: se termina decidiendo sesgadamente, conforme a la visión dominante en los pocos. Y no basta decir entonces, a los ausentes: “acérquense y traigan sus propuestas.” Es el gobierno actor el que está obligado a salir a busca esas voces, obligado a aprender de los que puedan ser perjudicados por la medida.

El error es político y social, porque cuando las decisiones las dicta la urgencia, se termina decidiendo conforme a los vientos que dictan el apuro. El error implica ahora que se deje de lado todo lo importante que acompaña a la discusión sobre la protesta. Y es que, si bien merece que se debate, finalmente, cómo pensamos la protesta, y cómo la acomodamos para el beneficio común, ella merece discutirse teniendo en cuenta un trasfondo más amplio, que incluye al menos otros dos aspectos: las obligaciones sociales que tiene el Estado e incumple, y el sistema institucional que no ayuda a que las demandas sociales encuentren su cauce apropiado, y que fuerzan a los manifestantes a buscar, entonces, cauces extra-institucionales: no por otra razón protestan así, en las calles.

Aquí es donde aparecen entonces los problemas jurídicos. Y es que la protesta social en la Argentina no surge en un contexto de paz y armonía social, sino en otro en el que un Estado hace años (años que incluyen a la feroz dictadura, pero también al cruel menemismo y al hipócrita kirchnerismo, en lugares privilegiados) incumple las obligaciones que tiene. Tales obligaciones encuentran su base en compromisos constitucionales que se remontan a mediados del siglo XX, y que se afianzan en tratados internacionales constitucionalizados a finales del siglo anterior. Se trata de obligaciones sociales, relacionadas con el techo, la salud y el trabajo, que el Estado viene desde hace décadas incumpliendo. Entonces, el Protocolo no puede ligeramente llamar a los protestantes “delincuentes” si es que cortan las calles: sería entonces, en los mismos términos de ese tratado, el Estado un Estado “criminal.”

La protesta social no nos coloca, finalmente, ante la tontera de dos derechos enfrentados: expresión y tránsito, y “a ver cómo los acomodamos.” Se trata, insisto, de un abanico de derechos incumplidos, que tienen como principal incumplidor al Estado, en el marco de un sistema institucional deficientemente democrático, y que los gobiernos anteriores no hicieron sino deteriorar aún más. Ese es el marco dentro del cual debe pensarse la protesta, y no otro definido por simplificaciones bobas, manifestantes como criminales, y Estados de fantasía.

FACUNDO MOYANO, Diputado Frente Renovador: “No se puede limitar un derecho constitucional en un contexto inflacionario donde intentan ponerle límite a las paritarias”

FACUNDO MOYANO

@Facundo_Moyano

La conflictividad social es parte fundamental de la vida democrática en donde los distintos sectores de la sociedad hacen valer sus intereses. La potestad Constitucional de la manifestación, libertad de expresión y la de reunirse en la vía pública forman parte de la dinámica que ha llevado al reconocimiento de los distintos derechos de los argentinos.

Todo intento de “regular” la protesta social esconde el objetivo de limitar su carácter progresivo respecto de los derechos sociales, laborales y económicos. No se puede pretender con una resolución ministerial, limitar un derecho constitucional. Sobre todo en un contexto inflacionario en donde el gobierno intenta ponerle límites a la paritarias, para llevar adelante un ajuste hacia los sectores más desprotegidos.

FEDERICO DELGADO, Fiscal Federal: “Es altamente probable que el protocolo aumente el conflicto social que pretende resolver”

FISCAL DELGADO

Por razones que no podemos profundizar en este momento, el llamado “protocolo” del Ministerio de Seguridad confiesa la impotencia de las instituciones del Estado para procesar las demandas de la sociedad civil. Aunque no sé si es del todo apropiada, la distinción entre sociedad civil y sociedad política me parece útil para desarrollar brevemente la idea.

En efecto, me parece que hay un hiato muy pronunciado entre las lógicas de la sociedad política y las lógicas de la sociedad civil. La institucionalidad está obsesionada por el orden en las calles. Quiere balancear el derecho a protestar con el derecho a circular. Intenta hacerlo desde una perspectiva estrictamente jurídica. Apuesta a torcer el sentido social mediante el dictado de normas jurídicas. Como si el derecho tuviese la capacidad de formatear los hechos! Es un recurso sencillo porque se limita a elaborar una disposición autoritativa y a esperar que “derrame” sus efectos sobre la polis. Mas en esa sencillez yace su fragilidad.

Es altamente probable que el protocolo aumente el conflicto social que pretende resolver. Básicamente porque, palabras más palabras menos, frente a las demandas de la sociedad civil la sociedad política respondió con un esquema de coerción. Y como nos legó Foucault, toda fuerza genera resistencia. El protocolo pretende marcar el camino por el que deben transitar las demandas. Ese es su límite. No apuesta a componer un mapa de soluciones. Además, peca de nostalgia porque está anclado en esa idílica representación política que distinguió el advenimiento de la democracia liberal, a través de la cual los ciudadanos canalizaban sus inquietudes por el saber de los representantes en los que delegó su poder político. Ese esquema está quebrado en todo occidente. Con la representación la sociedad política expropió a la sociedad civil, el hogar de la historia, la chance de modificar el mundo. Todo intento de cambio debía pasar por la mediación de los “representantes”. Eso está en crisis. Eso es lo que el protocolo no ve. Eso sella su suerte. Por eso va a traer más problemas que soluciones.

Asistimos, en palabras de la politóloga italiana Nadia Urbinati, a una desinstitucionalización de la democracia de partidos. En nuestro caso agravado, además, por una tradición popular que pese a los postulados constitucionales, siempre prefirió hacer visibles sus demandas en las calles antes que llevarlas al congreso. Con un poco más de precisión. La sociedad política desde hace mucho tiempo no logra de algún modo procesar la indignación popular que rebalsa la Hybris que se despliega en la sociedad civil. No una indignación moral derivada de la crítica testimonial, sino la indignación política que, para el poder instituido, condensa otro tipo de riesgos porque casi siempre aloja el germen de la transformación social. Cuando la indignación deja de ser moral y pasa a ser política, los antiguos la llamaban rebeldía y, de nuevo Foucault, responder con decisiones autoritativas a ese momento proyecta un horizonte con más nubes que sol.

MYRIAM BREGMAN, Diputada Nacional Frente de Izquierda: “el Protocolo de Bullrich no solo es ilegal sino que viola toda la moderna jurisprudencia al respecto”

Myriam Bregman

@myriambregman

El Protocolo es un cercenamiento del derecho de protesta liso y llano. Parte de considerar que toda protesta es un “delito flagrante”, por lo tanto establece un orden de tratamiento sumamente peligroso: primero se desaloja, las fuerzas de seguridad reprimen según su propio criterio, ellas evalúan en el lugar cuál protesta dejan realizar y cuál no. Posteriormente se comunica la situación al Ministerio de Seguridad y a la justicia. Y en último lugar, como una burla, el Protocolo dice que se preguntará cuál es el reclamo. Este era el “sueño” de Sergio Berni en las represiones realizadas en la Autopista Panamericana, pero después de mucha lucha logramos que la justicia federal, tanto de San Isidro como de San Martín, establezcan que el accionar de Berni y la Gendarmería Nacional fue completamente ilegal y que los manifestantes de Lear y quienes se solidarizaban con ellos ejercían legalmente y legítimamente el derecho de protesta.

Por eso el Protocolo de Bullrich no solo es ilegal sino que viola toda la moderna jurisprudencia al respecto, algo que he visto que muchos comunicadores sociales intentan ocultar, dicen hay “choque de derechos” o “cortar la calle es ilegal”, eso será así en sus añoranzas más íntimas, la justicia ya resolvió sendas veces lo contrario, no pueden seguir confundiendo deliberadamente a la población.

Desde el gobierno de Onganía cuando por decreto ley redactó el actual art. 194 del CP nadie se atrevía a poner por escrito una prohibición expresa a la protesta callejera como la que escribió la ministra Bullrich intentando borrar, como en aquella dictadura de los bastones largos, de la represión a los obreros y estudiantes del Cordobazo, la historia del pueblo argentino.

Aquí cuando hay cortes de energía eléctrica, la gente sale a la calle; para luchar contra la megaminería se realizan marchas y acampes como en este momento están haciendo los vecinos de Andalgalá en la Plaza Lavalle. Bullrich lo sabe, pero tira de la soga, avanzará hasta donde se la deje. Nosotros nos plantamos frente a ello, en el Congreso y en las calles.

CRISTINA CAAMAÑO, Fiscal Nacional y Ex Secretaria del Ministerio de Seguridad de la Nación: “A diferencia del Protocolo creado con Garré, este Protocolo criminaliza la protesta”

CRISTINA CAAMANO

@cristinacaamano

Por ser la Argentina un país que manifiesta su descontento protestando en la calle, es que una de las inaugurales medidas tomadas por la Dra. Nilda Garré, primera ministra a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, creado en diciembre 2010, fue generar un Protocolo con criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en manifestaciones públicas.

Este documento confeccionado a la luz de nuestra Constitución Nacional y los Convenios Internacionales de protección de los DDHH, garantizaba la libertad de manifestarse y el ejercicio de peticionar sin reprimir, a la vez que activaba los canales de diálogo y mediación, siempre con miras a atender las causas que ocasionan el conflicto.

Además, la creación de un Ministerio específico para el área de Seguridad fue una apuesta superadora en política de seguridad ciudadana. La tarea era consolidar un modelo de Seguridad Democrática, donde la conducción de las fuerzas de seguridad estuviese en manos de la conducción política y ésta a su vez, se apoyaba en los estándares internacionales de los DDHH.

De este modo, el objetivo primordial de los Criterios Mínimos fue la de proteger los derechos de los manifestantes y reducir las afectaciones que pudieran producir en las personas que no participaran de dicha manifestación.

Entre las medidas más importantes que se tomaron con respecto a los manifestantes podemos mencionar: que el operativo era coordinado por una fuerza de seguridad desde su inicio hasta la desconcentración total de ellos; que las fuerzas de seguridad tenían que estar identificadas; al igual que los vehículos; que no podían portar armas de fuego, ni municiones de poder letal, ni pistolas lanza gases, tampoco podían participar fuerzas de seguridad que se encontraran bajo investigación. Estaban permitidas las postas de goma, con fines defensivos en caso de peligro para la fuerza actuante o terceros ajenos a la manifestación, no para dispersar a los manifestantes.

La medida novedosa fue la de contar con un negociador que intentaba resolver, dialogando, los conflictos que pudieran sucederse durante la manifestación y que dicho mediador no podía estar a cargo del operativo de seguridad, sino que estaba, exclusivamente, para canalizar las demandas de los manifestantes al área que correspondiese.

Por otro lado, las fuerzas tenían que garantizar hacia los ciudadanos que no se manifestaban, un control adecuado del tránsito y evitar hechos de violencia entre estos y los manifestantes.

En caso de que los cuerpos policiales tuviesen que intervenir, lo hacían de manera progresiva, designando un responsable policial identificado y un funcionario político que era quien coordinaba con el funcionario policial. Todo ello, con el fin de facilitar el diálogo. Este responsable podía ordenar el uso de agresivos químicos y antitumulto, haciéndose responsable en caso de exceso en su uso. Por otra parte, de haber detenidos, estos debían ser transportados en patrulleros o vehículos específicos para trasladar personas y debidamente identificados.

También brindaba protección a las fuerzas actuantes, en su condición de trabajadores.

Por último, se instruía a las fuerzas de seguridad para que respeten, protejan y garanticen el trabajo periodístico.

Queda claro que no todo fue perfecto, pero se respetaron a todos los que quisieron manifestarse, incluso se daba protección especial a niños, niñas y mujeres.

Nada de eso ocurre con el nuevo Protocolo puesto en marcha por el Ministerio de Seguridad de la Nación, dado que ordena a las fuerzas de seguridad que priorice la libre circulación de personas y bienes (suponemos que se refiere a vehículos), por sobre los manifestantes e incluso, habilita las armas para dispersarlos.

Si bien refiere que al producirse una manifestación, la fuerza de seguridad debe abrir una instancia de diálogo para que cese el corte y dar aviso a la justicia, agrega que sin importar si la negociación es positiva o negativa, el jefe del operativo advertirá por altoparlantes o a viva voz, que los manifestantes desistan de cortar las calles por donde transitan los vehículos y que deben ubicarse en una zona determinada, de lo contrario, los manifestantes incurrirán en el delito previsto en el artículo 194 del Código Penal.

Dicho artículo, hace referencia al que crea una situación de peligro común al entorpecer el normal funcionamiento del transporte, servicios públicos de comunicaciones, provisión de agua, de electricidad o sustancias energéticas. De lo expuesto, surge que no basta con que se corte una calle para incurrir en este tipo penal, sino que además, es necesario que se cree una situación de peligro común, lo que es bastante poco probable, por lo menos en las ciudades, dado que hay otras vías alternativas para transitar. Es decir, que de intentar aplicarse el tipo penal, éste sería atípico.

Desde el punto de vista del procedimiento, en caso de incumplir la orden, se tomará el corte como un delito cometido en flagrancia y se procederá a intervenir y disolver la manifestación, sin explicar de qué manera, aunque todos conocemos cómo actúan las fuerzas de seguridad cuando se les da vía libre. Como contradicción, nos queda la explicación anterior, donde decíamos que no hay delito, por tanto, es difícil entender por qué tratan a los manifestantes como delincuentes.

Siguiendo el hilo del Protocolo, recién una vez liberado el tránsito se procederá a establecer una instancia de negociación por el reclamo. A esta altura, me pregunto con quién, si ya se han dispersado los manifestantes y si han detenido a alguno se trata de un delincuente. Es casi paradójico que las fuerzas de seguridad negocien con un delincuente sin quedar ellos incursos en un delito.

Respecto a los medios periodísticos, es la fuerza de seguridad la que dispone en qué lugar deben permanecer para realizar su tarea y no interferir con el accionar de la fuerza actuante. Ello, considero que constituye, claramente, un atentado a la libertad de prensa.

En conclusión puedo remarcar que con los Criterios Mínimos no hubo intervención violenta por parte de las fuerzas de seguridad, no hubo muertos por protestar y al manifestante no se lo consideraba un delincuente. El espacio es público y también puede ser utilizado para manifestarse. A diferencia, con este nuevo Protocolo se habilitan las armas, se coarta la posibilidad de manifestarse, se autoriza la represión de manifestantes, a quienes se los considera delincuentes y todo, porque lo primordial es disolver la protesta y priorizar la circulación por sobre la manifestación social.

En definitiva, este protocolo criminaliza la protesta y de esta forma, le devuelve el poder de actuación a las fuerzas de seguridad, dejando de existir la conducción política sobre éstas, que es lo que sustentaba el Modelo de Seguridad Democrática.

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Si te interesa leer qué dice en detalle el Protocolo antipiquete entrá acá http://www.minseg.gob.ar/pdf/protocolo-final.pdf