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PROTOCOLO ANTIPIQUETE: EL DEBATE

Crédito: Adrián Escandar Opinan Patricia Bullrich, Jorge Lanata, Horacio Verbitsky, el Perro Santillán, el fiscal Federico Delgado, Facundo Moyano, Roberto Gargarella, Cristina Caamaño y Myriam Bregman.

Por Catalina de Elía ; @CatadeElia

El Protocolo del Ministerio de Seguridad presentado el miércoles 18 de febrero apunta a evitar los piquetes. Ve en ellos un problema de orden. Es verdad que el tema da para debatir y también que el debate es “viejo”. Muy viejo. Pero esa temporalidad es justamente la que permite sospechar que no todo es blanco o negro. Quizá la disyuntiva “piquete sí”, “piquete no” es falsa. Por eso la filosofía política podría aportarle al tema un poco más de precisión.

Decía Nicolás Maquiavelo en los “Discursos Sobre la primera década de Tito Livio” algo que es pertinente para esta discusión: “Los que condenan los tumultos entre los nobles y la plebe atacan lo que fue la causa principal de la libertad en Roma y se fijan más en los ruidos y gritos que nacían de esos tumultos que en los buenos efectos que produjeron. Y tampoco consideran que en toda república hay dos espíritus contrapuestos: el de los grandes y el del pueblo, y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión entre ambos”. Donde el Gobierno ve un problema, el florentino veía la causa de la libertad. La virtud fue la discordia, la desunión. La tesis liberal, al contrario,  encuentra apropiado contener los deseos de la multitud para lograr paz social y un pluralismo sin ruidos.  Para Maquiavelo era al revés. La armonía liberal no es compatible con los ruidos de la libertad…Cientos de años después, el  Norberto Bobbio escribió que la “desobediencia civil” está éticamente justificada cuando hay, por ejemplo, violación a una ley o vulneración de derechos. Y en la misma sintonía, el filósofo chileno Sergio Romero expresó: “Desde los necesitados – el sitio de la moralidad de la protesta- desde donde ha de surgir la confrontación y alternación al mundo de la ética del poder”.

En medio de esa puja es que el blog “VOCES EXCLUIDAS” lee la génesis del Protocolo. Por eso se requirió la opinión de los referentes más importantes del país. Pasen nomás…

PATRICIA BULLRICH, Ministra de Seguridad: “En vez de cortar una calle, que lo hagan en una plaza o vereda”PATRICIA BULLRICH

@PatoBullrich

Como nunca antes en nuestro país, hemos emprendido el camino hacia la libertad individual de las personas.

Pregonamos palabras de respeto, volvimos al diálogo para la construcción de una Argentina quebrada en lo económico y dividida desde lo social.

Desde el Ministerio de Seguridad, volvimos a convocar al Consejo de Seguridad Interior, porque era necesario y urgente volver a juntarnos y debatir “Seguridad” en equipo.

Decidimos regular las manifestaciones, después de muchos años en donde la calle era tomada por cualquier ciudadano, y donde se perjudicaba a la gran mayoría de argentinos que deseaban circular libremente.

Este protocolo está 100% a favor de las manifestaciones, y también está 100% en contra de los cortes de calles, rutas y autopistas.

La protesta está bien, es democrática, siempre que se haga dentro del marco de la ley.

Quiero garantizarle a cada argentino que este Ministerio de Seguridad quiere que se expresen con libertad, siempre dentro de la ley.

Y que, llegado el caso de que haya una protesta, en vez de cortar una calle lo hagan en la vereda, en una plaza o en cualquier lugar donde no afecten los derechos de los demás.

Entendemos, también, que durante muchos años hubo que cortar calles para ser escuchados.El gobierno del Presidente Macri, y yo como ministra de Seguridad de la Nación, abrimos las puertas de la democracia para que los problemas se resuelvan en una mesa de diálogo, sin tener que cortar ninguna calle, ninguna ruta o autopista.

Argentina necesita crecer, y estamos acá para darle comienzo a una nueva manera de comunicarnos, sin recurrir a la violencia, sino apelando al diálogo y a la voluntad de generar consensos.

JORGE LANATA, periodista: “La discusión del protocolo antipiquete me parece vieja”

JORGE LANATA         Más que nada, pensando en el mundo, la discusión me parece vieja. ¿Qué pasaría si cortás la Quinta Avenida? ¿O la avenida El Vedado en La Habana? Está bien que las organizaciones combinen con el Estado de qué modo hacer valer su protesta y los derechos del resto a la vez.

El semáforo, ¿es una restricción a la libertad de tránsito?, ¿O es ver quién pasa y quién espera? Sobre los palos y los encapuchados: esta es una Democracia y en Democracia no hay porque andar encapuchado. Si el tema es la prevención de que la policía te filme, demandemos a la policía por hacer inteligencia interna, pero la solución no es andar cubierto.

HORACIO VERBITSKY, periodista y director del CELS: “La única reacción oficial ha sido solidarizarse con la fuerza agresora”

HORACIO VERBITSKY

@VerbitskyH

 Argentina es un país con tradición de protesta callejera. El protocolo, en esas condiciones, ¿afecta el derecho a protestar? 

HV: Lo restringe y lo condiciona, subordinando al orden público otros derechos de raigambre constitucional y consagrados en las convenciones internacionales de derechos humanos.

En su caso, ¿el protocolo es una vía elíptica para sancionar la protesta evitando a los jueces? 

HV: No necesariamente. Tiene dos aspectos que confluyen en contra de los manifestantes: uno inmediato, represivo, y otro diferido, de criminalización, en el que los jueces cumplen también un rol disciplinador.

¿El protocolo distingue las marchas autorizadas de las espontáneas y apuesta a una instancia de negociación?

HV: Esa instancia es puramente retórica. Dura cinco minutos y se reduce a la intimación oficial quien, de no ser acatada, abre paso a la represión, que ni siquiera descarta el uso de armas de fuego.

¿Es sencillo hacer esa distinción en la realidad? 

HV: Relativamente. No es esa la principal dificultad.

¿Está nuestra policía preparada para mediar en la calle?

HV: No, y tampoco debería ser su función. La ley de seguridad interior vigente, los protocolos previos, la práctica de más de una década indican que la negociación debe estar a cargo de una autoridad política, para controlar un uso racional y proporcionado de la fuerza. Pero aquí el problema es que el descontrol y la irracionalidad provienen de la autoridad política, con una ministra que llega a decir les damos cinco minutos y después los sacamos y que intenta impedir la cobertura periodística in situ, para que no quede registro de la brutalidad con que se intenta amedrentar. A casi un mes de la agresión con escopetas de gendarmería contra niños de una murga del bajo Flores, la única reacción oficial ha sido solidarizarse con la fuerza agresora.

“PERRO SANTILLAN”, dirigente sindical: “Aunque aprieten a los sectores populares no podrán parar los cortes de ruta del pueblo”

PERRO SANTILLAN

Este protocolo del Gobierno de Macri es hijo de la ley antiterrorista  kirchnerista y ya tuvo su primer  derrota con el paro general de los estatales.

Aunque aprieten a los sectores populares, como lo está haciendo este Gobierno, no podrán parar las movilizaciones y los cortes de ruta del pueblo, que saldrá a defender los derechos conquistados por la lucha.

Roberto Gargarella, Sociólogo y abogado constitucionalista (UTDT): “Error democrático,  político, social y jurídico”

GARGARELLA

El nuevo Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, promovido recientemente por el Consejo de Seguridad Interior, representa un grande error. Error democrático, error político y social, error jurídico también.

El error es democrático porque un problema grave y que es de todos merece ser discutido entre todos, y no por unos pocos. Cuando sólo unos pocos lo discuten, ocurre lo que ocurriera ahora: se termina decidiendo sesgadamente, conforme a la visión dominante en los pocos. Y no basta decir entonces, a los ausentes: “acérquense y traigan sus propuestas.” Es el gobierno actor el que está obligado a salir a busca esas voces, obligado a aprender de los que puedan ser perjudicados por la medida.

El error es político y social, porque cuando las decisiones las dicta la urgencia, se termina decidiendo conforme a los vientos que dictan el apuro. El error implica ahora que se deje de lado todo lo importante que acompaña a la discusión sobre la protesta. Y es que, si bien merece que se debate, finalmente, cómo pensamos la protesta, y cómo la acomodamos para el beneficio común, ella merece discutirse teniendo en cuenta un trasfondo más amplio, que incluye al menos otros dos aspectos: las obligaciones sociales que tiene el Estado e incumple, y el sistema institucional que no ayuda a que las demandas sociales encuentren su cauce apropiado, y que fuerzan a los manifestantes a buscar, entonces, cauces extra-institucionales: no por otra razón protestan así, en las calles.

Aquí es donde aparecen entonces los problemas jurídicos. Y es que la protesta social en la Argentina no surge en un contexto de paz y armonía social, sino en otro en el que un Estado hace años (años que incluyen a la feroz dictadura, pero también al cruel menemismo y al hipócrita kirchnerismo, en lugares privilegiados) incumple las obligaciones que tiene. Tales obligaciones encuentran su base en compromisos constitucionales que se remontan a mediados del siglo XX, y que se afianzan en tratados internacionales constitucionalizados a finales del siglo anterior. Se trata de obligaciones sociales, relacionadas con el techo, la salud y el trabajo, que el Estado viene desde hace décadas incumpliendo. Entonces, el Protocolo no puede ligeramente llamar a los protestantes “delincuentes” si es que cortan las calles: sería entonces, en los mismos términos de ese tratado, el Estado un Estado “criminal.”

La protesta social no nos coloca, finalmente, ante la tontera de dos derechos enfrentados: expresión y tránsito, y “a ver cómo los acomodamos.” Se trata, insisto, de un abanico de derechos incumplidos, que tienen como principal incumplidor al Estado, en el marco de un sistema institucional deficientemente democrático, y que los gobiernos anteriores no hicieron sino deteriorar aún más. Ese es el marco dentro del cual debe pensarse la protesta, y no otro definido por simplificaciones bobas, manifestantes como criminales, y Estados de fantasía.

FACUNDO MOYANO, Diputado Frente Renovador: “No se puede limitar un derecho constitucional en un contexto inflacionario donde intentan ponerle límite a las paritarias”

FACUNDO MOYANO

@Facundo_Moyano

La conflictividad social es parte fundamental de la vida democrática en donde los distintos sectores de la sociedad hacen valer sus intereses. La potestad Constitucional de la manifestación, libertad de expresión y la de reunirse en la vía pública forman parte de la dinámica que ha llevado al reconocimiento de los distintos derechos de los argentinos.

Todo intento de “regular” la protesta social esconde el objetivo de limitar su carácter progresivo respecto de los derechos sociales, laborales y económicos. No se puede pretender con una resolución ministerial, limitar un derecho constitucional. Sobre todo en un contexto inflacionario en donde el gobierno intenta ponerle límites a la paritarias, para llevar adelante un ajuste hacia los sectores más desprotegidos.

FEDERICO DELGADO, Fiscal Federal: “Es altamente probable que el protocolo aumente el conflicto social que pretende resolver”

FISCAL DELGADO

Por razones que no podemos profundizar en este momento, el llamado “protocolo” del Ministerio de Seguridad confiesa la impotencia de las instituciones del Estado para procesar las demandas de la sociedad civil. Aunque no sé si es del todo apropiada, la distinción entre sociedad civil y sociedad política me parece útil para desarrollar brevemente la idea.

En efecto, me parece que hay un hiato muy pronunciado entre las lógicas de la sociedad política y las lógicas de la sociedad civil. La institucionalidad está obsesionada por el orden en las calles. Quiere balancear el derecho a protestar con el derecho a circular. Intenta hacerlo desde una perspectiva estrictamente jurídica. Apuesta a torcer el sentido social mediante el dictado de normas jurídicas. Como si el derecho tuviese la capacidad de formatear los hechos! Es un recurso sencillo porque se limita a elaborar una disposición autoritativa y a esperar que “derrame” sus efectos sobre la polis. Mas en esa sencillez yace su fragilidad.

Es altamente probable que el protocolo aumente el conflicto social que pretende resolver. Básicamente porque, palabras más palabras menos, frente a las demandas de la sociedad civil la sociedad política respondió con un esquema de coerción. Y como nos legó Foucault, toda fuerza genera resistencia. El protocolo pretende marcar el camino por el que deben transitar las demandas. Ese es su límite. No apuesta a componer un mapa de soluciones. Además, peca de nostalgia porque está anclado en esa idílica representación política que distinguió el advenimiento de la democracia liberal, a través de la cual los ciudadanos canalizaban sus inquietudes por el saber de los representantes en los que delegó su poder político. Ese esquema está quebrado en todo occidente. Con la representación la sociedad política expropió a la sociedad civil, el hogar de la historia, la chance de modificar el mundo. Todo intento de cambio debía pasar por la mediación de los “representantes”. Eso está en crisis. Eso es lo que el protocolo no ve. Eso sella su suerte. Por eso va a traer más problemas que soluciones.

Asistimos, en palabras de la politóloga italiana Nadia Urbinati, a una desinstitucionalización de la democracia de partidos. En nuestro caso agravado, además, por una tradición popular que pese a los postulados constitucionales, siempre prefirió hacer visibles sus demandas en las calles antes que llevarlas al congreso. Con un poco más de precisión. La sociedad política desde hace mucho tiempo no logra de algún modo procesar la indignación popular que rebalsa la Hybris que se despliega en la sociedad civil. No una indignación moral derivada de la crítica testimonial, sino la indignación política que, para el poder instituido, condensa otro tipo de riesgos porque casi siempre aloja el germen de la transformación social. Cuando la indignación deja de ser moral y pasa a ser política, los antiguos la llamaban rebeldía y, de nuevo Foucault, responder con decisiones autoritativas a ese momento proyecta un horizonte con más nubes que sol.

MYRIAM BREGMAN, Diputada Nacional Frente de Izquierda: “el Protocolo de Bullrich no solo es ilegal sino que viola toda la moderna jurisprudencia al respecto”

Myriam Bregman

@myriambregman

El Protocolo es un cercenamiento del derecho de protesta liso y llano. Parte de considerar que toda protesta es un “delito flagrante”, por lo tanto establece un orden de tratamiento sumamente peligroso: primero se desaloja, las fuerzas de seguridad reprimen según su propio criterio, ellas evalúan en el lugar cuál protesta dejan realizar y cuál no. Posteriormente se comunica la situación al Ministerio de Seguridad y a la justicia. Y en último lugar, como una burla, el Protocolo dice que se preguntará cuál es el reclamo. Este era el “sueño” de Sergio Berni en las represiones realizadas en la Autopista Panamericana, pero después de mucha lucha logramos que la justicia federal, tanto de San Isidro como de San Martín, establezcan que el accionar de Berni y la Gendarmería Nacional fue completamente ilegal y que los manifestantes de Lear y quienes se solidarizaban con ellos ejercían legalmente y legítimamente el derecho de protesta.

Por eso el Protocolo de Bullrich no solo es ilegal sino que viola toda la moderna jurisprudencia al respecto, algo que he visto que muchos comunicadores sociales intentan ocultar, dicen hay “choque de derechos” o “cortar la calle es ilegal”, eso será así en sus añoranzas más íntimas, la justicia ya resolvió sendas veces lo contrario, no pueden seguir confundiendo deliberadamente a la población.

Desde el gobierno de Onganía cuando por decreto ley redactó el actual art. 194 del CP nadie se atrevía a poner por escrito una prohibición expresa a la protesta callejera como la que escribió la ministra Bullrich intentando borrar, como en aquella dictadura de los bastones largos, de la represión a los obreros y estudiantes del Cordobazo, la historia del pueblo argentino.

Aquí cuando hay cortes de energía eléctrica, la gente sale a la calle; para luchar contra la megaminería se realizan marchas y acampes como en este momento están haciendo los vecinos de Andalgalá en la Plaza Lavalle. Bullrich lo sabe, pero tira de la soga, avanzará hasta donde se la deje. Nosotros nos plantamos frente a ello, en el Congreso y en las calles.

CRISTINA CAAMAÑO, Fiscal Nacional y Ex Secretaria del Ministerio de Seguridad de la Nación: “A diferencia del Protocolo creado con Garré, este Protocolo criminaliza la protesta”

CRISTINA CAAMANO

@cristinacaamano

Por ser la Argentina un país que manifiesta su descontento protestando en la calle, es que una de las inaugurales medidas tomadas por la Dra. Nilda Garré, primera ministra a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, creado en diciembre 2010, fue generar un Protocolo con criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en manifestaciones públicas.

Este documento confeccionado a la luz de nuestra Constitución Nacional y los Convenios Internacionales de protección de los DDHH, garantizaba la libertad de manifestarse y el ejercicio de peticionar sin reprimir, a la vez que activaba los canales de diálogo y mediación, siempre con miras a atender las causas que ocasionan el conflicto.

Además, la creación de un Ministerio específico para el área de Seguridad fue una apuesta superadora en política de seguridad ciudadana. La tarea era consolidar un modelo de Seguridad Democrática, donde la conducción de las fuerzas de seguridad estuviese en manos de la conducción política y ésta a su vez, se apoyaba en los estándares internacionales de los DDHH.

De este modo, el objetivo primordial de los Criterios Mínimos fue la de proteger los derechos de los manifestantes y reducir las afectaciones que pudieran producir en las personas que no participaran de dicha manifestación.

Entre las medidas más importantes que se tomaron con respecto a los manifestantes podemos mencionar: que el operativo era coordinado por una fuerza de seguridad desde su inicio hasta la desconcentración total de ellos; que las fuerzas de seguridad tenían que estar identificadas; al igual que los vehículos; que no podían portar armas de fuego, ni municiones de poder letal, ni pistolas lanza gases, tampoco podían participar fuerzas de seguridad que se encontraran bajo investigación. Estaban permitidas las postas de goma, con fines defensivos en caso de peligro para la fuerza actuante o terceros ajenos a la manifestación, no para dispersar a los manifestantes.

La medida novedosa fue la de contar con un negociador que intentaba resolver, dialogando, los conflictos que pudieran sucederse durante la manifestación y que dicho mediador no podía estar a cargo del operativo de seguridad, sino que estaba, exclusivamente, para canalizar las demandas de los manifestantes al área que correspondiese.

Por otro lado, las fuerzas tenían que garantizar hacia los ciudadanos que no se manifestaban, un control adecuado del tránsito y evitar hechos de violencia entre estos y los manifestantes.

En caso de que los cuerpos policiales tuviesen que intervenir, lo hacían de manera progresiva, designando un responsable policial identificado y un funcionario político que era quien coordinaba con el funcionario policial. Todo ello, con el fin de facilitar el diálogo. Este responsable podía ordenar el uso de agresivos químicos y antitumulto, haciéndose responsable en caso de exceso en su uso. Por otra parte, de haber detenidos, estos debían ser transportados en patrulleros o vehículos específicos para trasladar personas y debidamente identificados.

También brindaba protección a las fuerzas actuantes, en su condición de trabajadores.

Por último, se instruía a las fuerzas de seguridad para que respeten, protejan y garanticen el trabajo periodístico.

Queda claro que no todo fue perfecto, pero se respetaron a todos los que quisieron manifestarse, incluso se daba protección especial a niños, niñas y mujeres.

Nada de eso ocurre con el nuevo Protocolo puesto en marcha por el Ministerio de Seguridad de la Nación, dado que ordena a las fuerzas de seguridad que priorice la libre circulación de personas y bienes (suponemos que se refiere a vehículos), por sobre los manifestantes e incluso, habilita las armas para dispersarlos.

Si bien refiere que al producirse una manifestación, la fuerza de seguridad debe abrir una instancia de diálogo para que cese el corte y dar aviso a la justicia, agrega que sin importar si la negociación es positiva o negativa, el jefe del operativo advertirá por altoparlantes o a viva voz, que los manifestantes desistan de cortar las calles por donde transitan los vehículos y que deben ubicarse en una zona determinada, de lo contrario, los manifestantes incurrirán en el delito previsto en el artículo 194 del Código Penal.

Dicho artículo, hace referencia al que crea una situación de peligro común al entorpecer el normal funcionamiento del transporte, servicios públicos de comunicaciones, provisión de agua, de electricidad o sustancias energéticas. De lo expuesto, surge que no basta con que se corte una calle para incurrir en este tipo penal, sino que además, es necesario que se cree una situación de peligro común, lo que es bastante poco probable, por lo menos en las ciudades, dado que hay otras vías alternativas para transitar. Es decir, que de intentar aplicarse el tipo penal, éste sería atípico.

Desde el punto de vista del procedimiento, en caso de incumplir la orden, se tomará el corte como un delito cometido en flagrancia y se procederá a intervenir y disolver la manifestación, sin explicar de qué manera, aunque todos conocemos cómo actúan las fuerzas de seguridad cuando se les da vía libre. Como contradicción, nos queda la explicación anterior, donde decíamos que no hay delito, por tanto, es difícil entender por qué tratan a los manifestantes como delincuentes.

Siguiendo el hilo del Protocolo, recién una vez liberado el tránsito se procederá a establecer una instancia de negociación por el reclamo. A esta altura, me pregunto con quién, si ya se han dispersado los manifestantes y si han detenido a alguno se trata de un delincuente. Es casi paradójico que las fuerzas de seguridad negocien con un delincuente sin quedar ellos incursos en un delito.

Respecto a los medios periodísticos, es la fuerza de seguridad la que dispone en qué lugar deben permanecer para realizar su tarea y no interferir con el accionar de la fuerza actuante. Ello, considero que constituye, claramente, un atentado a la libertad de prensa.

En conclusión puedo remarcar que con los Criterios Mínimos no hubo intervención violenta por parte de las fuerzas de seguridad, no hubo muertos por protestar y al manifestante no se lo consideraba un delincuente. El espacio es público y también puede ser utilizado para manifestarse. A diferencia, con este nuevo Protocolo se habilitan las armas, se coarta la posibilidad de manifestarse, se autoriza la represión de manifestantes, a quienes se los considera delincuentes y todo, porque lo primordial es disolver la protesta y priorizar la circulación por sobre la manifestación social.

En definitiva, este protocolo criminaliza la protesta y de esta forma, le devuelve el poder de actuación a las fuerzas de seguridad, dejando de existir la conducción política sobre éstas, que es lo que sustentaba el Modelo de Seguridad Democrática.

…………………………….

Si te interesa leer qué dice en detalle el Protocolo antipiquete entrá acá http://www.minseg.gob.ar/pdf/protocolo-final.pdf

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17 Comments

  1. Juan Pablo Sanhueza Tortella says

    Muy buena columna para nutrir el debate, agradezco la introducción tan pedagógica y la comparación (necesaria) entre la aspiración consensual liberal, por una parte, y el conflicto como constitutivo de libertad, por otra.

    ¡Saludos y abrazos desde Chile! Nos leemos.

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  2. Mirta says

    Que bueno ver que el periodista agradece y contesta las opiniones vertidas por los lectores. Hoy todo el mundo en twitter, en losmedios escritos todos leen alimentando el ego de que “lo siguen”, pero no le pidas que t de un me gusta o te conteste, no existe. Gracias Cata. Es tiene que ver con el don de gente!

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  3. Todo muy bien pero no veo a nadie preocupándose por el afectado, que no es la autoridad pública ni los protesteros sino quienes no participan de la protesta. En una guerra serían las víctimas inocentes. Por otra parte, si no estoy de acuerdo con quienes protestan, cómo lo puedo manifestar?

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  4. Felicitaciones por el artículo !
    Agrego que si hay una manifestación espontánea (“no programada “, en los términos del nuevo protocolo) las FFSS están obligadas a desalojar el espacio por la fuerza, porque al no haber liderazgo en una manifestación espontánea no les queda otra que el uso de la fuerza. Ergo, en el nuevo protocolo obliga a volar los DDHH.
    Como dice el constitucionalista Gustavo Ferreyra, en la tensión de derechos (refiriéndose al piquete) “Dos son, entonces, las posibles lecturas que coexisten para la realización constitucional. Aplicando, rigurosamente, una de ellas (la débil), un derecho (el de libertad de expresión) queda vaciado de contenido; y el otro (el derecho de libertad de transitar), lleno. La segunda hipótesis interpretativa (la fuerte) permite optar por la posibilidad de que un derecho quede lleno (libertad de expresión), y el otro pueda ser inmediatamente llenado.”

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  5. Un soplo de aire en medio de tanto grito…buena fe en el blog, lo celebro. Yo no acuerdo con el dogmatismo que dice “toda reglamentacion respecto de la protesta social es inconstitucional”…pero para ponernos de acuerdo debemos analizar como este blog las cosas, empezando por la exquisita cita de Maquiavello…que nunca es preciosista, sino una invitación a pesar. Enrique M

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