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Inflación: el debate

INFLACION: EL DEBATE

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Opinan Marcelo Bonelli, Facundo Moyano, Myriam Bregman, Agustin Salvia líder del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Fernando Blanco Muiño de Defensa del Consumidor del Ministerio de Producción, Miguel Angel Boggiano economista, Pablo Knopoff de Isonomía Consultores y Daniel Menéndez coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie.

Por Catalina de Elía

@CatadeElia

 

Introducción

La inflación directa o indirectamente está presente en todas las charlas de los argentinos. No todos discuten sus causas, pero todos hablan de sus efectos prácticos cristalizados en las subas de los precios de los productos. A causa de la inflación se ajustan las tarifas de los servicios públicos. Por ella aumentan los precios. Debido a sus efectos corrosivos sobre los salarios, se movilizan los sindicatos que agrupan a los trabajadores del sector formal de la economía. Las organizaciones sociales pujan por hacer visibles la forma en que ese fenómeno agudiza su situación de vulnerabilidad extrema. La inflación afecta el ánimo de la gente, agudiza las tensiones sociales y erosiona la paciencia ciudadana. La dirigencia política oscila entre la protesta y la impotencia.

En términos técnicos la inflación es el resultado de un desequilibrio entre la producción y la demanda. Su efecto más visible es la suba permanente de los precios y, en consecuencia, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.  En la década del ’50 Juan Domingo Perón lo ejemplificó muy bien. Afirmó que los salarios iban por la escalera y los precios por ascensor.

Las escuelas de los economistas en general plantean dos salidas al fenómeno inflacionario. Unos postulan la necesidad de reducir la cantidad de dinero en poder de las personas. Ello trae aparejado una drástica caída del consumo, es decir, de las ventas. Por lo tanto los precios no aumentan. Esta salida es la denominada ortodoxa y su traducción coloquial es el ajuste. Otros ven el fenómeno al revés. Sostienen que hay que aumentar la oferta de bienes para equilibrar la demanda. Para esta mirada el Estado tiene que tener un rol más activo, interviniendo en la economía. La idea es sostener los niveles de consumo y bajar la inflación.

En medio de estas dos visiones del fenómeno inflacionario hay matices propios de cada sociedad. En nuestro caso, muchos dirigentes colocan la lente en los intermediarios. Afirman que los productores de bienes tienen que vender el resultado de su trabajo a un precio bajo y que los consumidores pagan por ello un precio excesivamente alto. En el medio se ubican los conglomerados empresarios que intermedian entre producción y consumo. A veces por posiciones monopólicas o por cartelización; es decir, acuerdos empresariales, manejan el mercado a su antojo.

Voces Excluidas decidió intervenir y requirió opiniones distintos referentes para tratar de abarcar los diferentes enfoques que abarcan tanto el diagnóstico y como las posibles soluciones del fenómeno.

MARCELO BONELLI, PERIODISTA

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La Argentina tiene la peor combinación: recesión y alta inflación. Es la peor combinación que puede tener el país. Ello es el resultado del desastre económico  que dejó activado Cristina Kirchner. Del plan bomba que armó para que estalle durante el gobierno que la iba a suceder en diciembre.  Esto hubiese ocurrido a cualquier sucesor, sea Scioli o Macri. De todas formas, el gobierno esta manejando mal las expectativas, hay un incremento de costos que no es compensado. La alta inflación a provocado una caída del salario. Esto ha provocado una caída del consumo y esto esta provocando también una caída en el nivel de actividad. La tasa de referencia del 38 % del Banco Central es insostenible y esta marcando de alguna manera que el gobierno espera una inflación del 35 %. La tasa de interés tendría que bajar  a la expectativa  de la inflación que espera el gobierno que es del  orden del 25 %. Es factible que el índice de precios en el segundo semestre ceda. Pero esto va a ser producto de la recesión y no de una política macroeconómica adecuada, ordenada, coordinada y que corrija los desequilibrios que Macri heredó de Cristina Kirchner.

FACUNDO MOYANO, DIPUTADO DEL FRENTE RENOVADOR

FACUNDO MOYANO

La aceleración del proceso inflacionario en la Argentina tiene consecuencias nefastas para el país. El aumento de los niveles de pobreza e indigencia no sólo dificulta la reactivación económica porque achica el mercado interno, sino que incluso descompone el tejido social. Como en el 2014 la devaluación junto a la suba de la tasa de interés, transfiere recursos de manera automática hacia los sectores agro exportadores y el capital especulativo desde los sectores asalariados. Cuanto menores son los ingresos en pesos, menores los recursos para protegerse de la inflación. También como en el 2014 se le dio fuertes señales a los mercados y acreedores de Argentina llámense CIADI, Club de París o Buitres, para generar “confianza” y “previsibilidad” en la generación de empleo. A diferencia de ese año en donde también se buscó contener la inflación con los bajos salarios, el ajuste parece más brutal a partir de la quita de subsidios y los despidos en el sector público y privado. La inflación es un fenómeno económico sobre determinado muy complejo y con muchas causas. Nadie puede discutir que una de sus causas es la confianza y la previsibilidad, el problema es que hasta hoy no hemos visto una sola señal del gobierno que inspire confianza en los trabajadores formales, informales, jubilados o desocupados, que son los que día a día tienen menos confianza en llegar a fin de mes.

FERNANDO BLANCO MUIÑO, DIRECTOR DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

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La inflación es el más grande desafío que asumimos como Gobierno desde el momento que, luego de 7 años de negarla y esconderla a través de estadísticas fraudulentas, el Presidente Macri la puso en la agenda de gestión. No se puede trabajar en políticas públicas si se niega el problema. La lucha contra la inflación requiere el ordenamiento de la economía y ese proceso de transición lo asumimos con responsabilidad acompañando a los sectores más vulnerables con herramientas como Precios Cuidados, Ahora 12 y, desde el próximo 13 de mayo, con Precios Claros, la plataforma informática para visibilizar los precios. Estas políticas más las que se llevan adelante en materia monetaria, fiscal y de ordenamiento del frente externo permitirán estabilizar la economía argentina y alinearla con el resto de los países de nuestro continente donde, salvo en Venezuela, la inflación no es tema de preocupación pública.

AGUSTIN SALVIA (CONICET-UBA/UCA)

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“ESPERANDO EL DERRAME: HERENCIA, NEGACIONES Y FALACIAS”

La Argentina habría experimentado en la década pasada mejoras evidentes en términos de crecimiento, calidad del empleo, distribución del ingreso y derechos sociales. Sin embargo, la investigación social es prolífera en recoger señales inequívocas de que, al mismo tiempo, ningún cambio estructural tuvo lugar en materia de desarrollo y que la pobreza, la marginalidad y la desigualdad se hicieron más estructurales durante la última década. Asimismo, hace un lustro que la economía está nuevamente estancada en materia de crecimiento, sin inversiones ni creación de empleo, al mismo tiempo que está envuelta en un proceso inflacionario con déficit fiscal y otros varios desajustes macroeconómicos.

Como parte del mismo proceso, la era kirchnerista se llevó puestas las estadísticas públicas, así como a centros de investigación independientes e investigadores sociales destacados, todo ello recursos científicos necesarios para alertar de los errores y orientar soluciones. En general, las pocas advertencias no autorizadas nunca tuvieron aceptación, legitimidad ni asidero oficial. Salvo muy raras excepciones, el oficialismo de entonces nunca acompañó diagnósticos que dieran malas noticias.

El final relativamente febril en materia de consumo y estabilidad social del último período bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner fue posible en la medida que se lograba desplazar desequilibrios y postergar vencimientos. De igual manera, proliferaron los programas de asistencia a los pobres con el fin de mantener la paz social y se utilizaba el gasto público de manera políticamente correcta para disciplinar a amigos y castigar a enemigos. En ese marco, el gobierno fue dilapidando activos financieros, productivos, energéticos, ambientales, sociales y políticos con el fin de mantener un clima de fiesta. La negación de problemas acuciantes, entre ellos la inflación, la pobreza o la inseguridad, fue un instrumento del discurso político oficial para a través de una grieta retórica mantener invisibilizada la grieta social.

Según la información que releva de manera sistemática el Observatorio de la Deuda Social Argentina, a diciembre de 2015 el 6% de la población sufría indigencia extrema y más ampliamente entre el 25% y el 29% (según la fuente de datos que se utilice) se encontraba en situación de pobreza por ingresos. Asimismo, el 48% de los hogares urbanos del país –el 54% de la población– se encontraban afectados por al menos una de las formas que adopta la pobreza estructural: inseguridad alimentaria (15%), tenencia irregular o vivienda precaria (22%), falta de acceso a la red de agua corriente y servicios sanitarios (17%), padecimiento de enfermedades crónicas sin cobertura médica (20%), exclusión de la seguridad social (25%) o exclusión educativa (20%). En este contexto, el 20% de los niños sufre insuficiencia alimentaria, y el 45% de los adolescentes no termina el nivel secundario. En fin, el balance resultante en materia de exclusión social, después de más de una década de políticas ambiciosas políticas distribucionistas, no deja de ser preocupante: el 25% de la población urbana experimenta alguna carencia social fundamental y al mismo tiempo carece de ingresos para lograr un adecuado funcionamiento en sociedad.

Pero si bien estas cifras pueden ser objeto de discusión académica, las distintas evaluaciones que ofrece la realidad dependiendo de la fuente de datos utilizada pierden sentido cuando el foco se vuelca sobre las fallas más estructurales que presentan el sistema productivo, el mercado de trabajo y la estructura social. En tal sentido, la literatura coincide en destacar que más del 47% del empleo asalariado y no asalariado no está afiliado a la seguridad social´, la mitad de la fuerza de trabajo gana menos que un salario mínimo, el 25% de la fuerza de trabajo está desocupada o realiza trabajos de indigencia, y, entre otras evidencias, el 30% de los hogares recibe porque necesita alguna asistencia social fundamental para su subsistencia.

El problema es que, tanto antes como ahora, con verdades parciales útiles para la construcción de ficciones políticas se pierde capacidad para enfrentar la realidad, así como para encontrar los mejores senderos que permitan superar los escollos. Ni antes ni ahora las islas de fantasía nunca fueron buenas para promover debates ciudadanos ni acuerdos sociales que fortalezcan las instituciones de la democracia, permitan resolver de manera equilibrada las emergencias y proyectar políticas de desarrollo de largo aliento. De ahí que el necesario balance que demanda el actual momento requiere interrogarse también sobre los procesos que fijan límites estructurales a cualquier programa de ajuste, reactivación y crecimiento.

Al respecto, aunque no es esta la oportunidad para profundizar este tema, no sería pertinente omitir que el sistema socioeconómico argentino continúa padeciendo una serie de barreras estructurales que parecen operar como freno a cualquier programa de desarrollo con plena inclusión social. A saber:

  • Concentración económica e inserción internacional a partir de una fuerte especialización productiva basada en recursos primarios;
  • Profundas heterogeneidades en materia de productividad entre empresas, sectores y regiones con efectos directos sobre los mercados de trabajo, y la calidad de empleos y remuneraciones;
  • Fuerte concentración económica de capitales físicos, financieros, recursos ambientales y de la riqueza, con creciente extranjerización de las empresas líderes;
  • Grandes limitaciones para la producción y difusión microeconómica de los progresos científico-tecnológicos;
  • Patrones desiguales y socialmente segmentados de consumo, junto a crecientes desequilibrios fiscales y comerciales en el marco de una estructura tributaria regresiva.

Es en este contexto que la sociedad también recibe dividida, incluso sin comprender demasiado su significado, el cambio de régimen político que implica el arribo de Cambiemos al gobierno. Se observa tanto un exaltado entusiasmo como un comprensible y creciente temor. Además de las conocidas promesas de progreso y unidad de los argentinos, el nuevo gobierno apuesta a alcanzar soluciones estructurales al problema del subdesarrollo (p.e. “pobreza cero”) a través de un régimen de mayor libertad económica. En lo inmediato, este horizonte demandaría salir del default, abrir las puertas al capital financiero internacional, instalar un tipo de cambio más comprometido, bajar las retenciones a las exportaciones, normalizar las variables macroeconómicos, reactivar la paralizadas obra pública, corregir las distorsiones en los precios de las tarifas, ajustar el costo laboral por medio de una baja del precio relativo de los salarios, entre otras medidas, todo lo cual es de esperar mejore el clima de negocios, vengan las inversiones, baje la inflación, se retome el crecimiento, se reactive el empleo y se reduzca la pobreza.

Pero mientras madura el esperado derrame hay que pasar una dolorosa transición. En este marco, con el fin de evitar una obturación de la paz social el gobierno se preocupó en activar una serie de medidas de alivio social: aumento en las prestaciones por jubilación y pensión, programas sociales y asignaciones familiares, reducción del mínimo no imponible de ganancias, establecimiento de tarifas sociales, adelantamiento del consejo del salario mínimo, mantenimiento del sistema de precios cuidados, entre otras medidas; a la vez que algunas de las cuales todavía no dejan de ser proyectos (ampliación de la AUH, reducción parcial del IVA para los alimentos a beneficiarios de programas sociales).

Ahora bien, mientras esperamos que este plan de ajuste heterodoxo (no centrado en el equilibrio fiscal ni monetario) logre su cometido de mediano-largo plazo, los agentes económicos empoderados (léase los empresarios) han hecho y siguen haciendo de las suyas. En particular se han protegido aumentando precios antes, durante y después de la devaluación, lo siguen haciendo luego del ajuste de las tarifas, incluso a pesar de la caída del consumo. Es decir, la estanflación especulativa continúa siendo la moneda de cambio de una clase empresarial nacional con escasa vocación y gimnasia capitalista. La inversión de riesgo con recursos propios parece detenida hasta lograr mayores incentivos. Es cierto, todavía no están despidiendo a mansalva pero quieren poder hacerlo en cualquier momento, incluso, al menor costo económico posible.

Es frente a este escenario que los actores sindicales, sabiendo del riesgo estratégico que corren, negocian salarios reales a la baja pero cubriéndose del espanto en materia de desempleo. De ahí la demanda legítima de mayor protección, aunque todavía no exista crisis ocupacional. Pero el mayor riesgo económico en realidad lo están experimentando la pymes y microempresas, y con ellas una amplia capa de trabajadores asalariados precarios, trabajadores independientes, pequeños comerciantes y trabajadores eventuales (al menos 3,5 millones de trabajadores); en buena medida votantes del cambio. Los cuales, además de carecer de visibilidad y de representación política, o debido a ello, no han sido objeto de una especial protección social frente a la tormenta perfecta generada por la caída del consumo, el aumento de los precios y la creciente amenaza de despido. Un segmento al cual no llegan aumentos por paritarias, ni tasas de interés favorables, ni tarifas sociales, ni aumento en los programas sociales, etc.

Justamente, es esta masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares los que constituyen los “nuevos pobres” de los primeros meses de gobierno. En el caso de los que ya lo eran, lejos todavía de encontrar una salida a la pobreza, aunque sin todavía perder la esperanza, les ha tocado profundizarla sin red de contención. En abril pasado, el Observatorio de la Deuda Social buscó registrar este proceso al señalar un aumento estimado de manera conservadora de entre 24%-29% a entre 27%-33% en la incidencia de la pobreza urbana (en cualquier caso, más de un millón de nuevos pobres).

Es quizás un capítulo aparte, pero frente a esta cuidada puesta en escena de la información hubo diferentes y no menos extrañas reacciones que no es posible omitir. Por una parte, sorprendió un discurso kirchnerista sensible al aumento de la pobreza, cuando en general este sector político fue mentiroso a conciencia al momento de usar estadísticas sociales, a la vez que siempre fue crítico –cuando no amenazante- frente a las estimaciones de la UCA. Ahora bien, no menos patético fue registrar la reacción de algunos portavoces y consultores del nuevo oficialismo, antes proclives siempre a valorar las estadísticas sociales del Observatorio. A igual que en tiempo no tan lejanos, algunos sospecharon de las intenciones, otros pusieron en duda la metodología y no faltaron los que sometidos a una esperanzadora fidelidad de clase buscaron negar la realidad. Afortunadamente, muy diferente a otros tiempo, no fue esta fue esta la reacción del actual gobierno, quien inmediatamente procuró entender la problemática y no confrontar con la información.

En este marco, el continuado aumento de los precios, la falta de señales en materia de inversión, el riesgo que encierra el poner muchas esperanzas en el derrame y la preocupación cierta en que lejos de la “pobreza cero” se vuelva a generar una nueva capa de pobres, motiva a algunos sectores oficialistas a reflexionar sobre las responsabilidades compartidas, así como de la necesidad de contar con un programa más integral que promueva la inclusión social.

Sin duda, resulta deseable contar con un programa integral de combate de la pobreza como política de Estado que comprometa al gobierno, a trabajadores, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, asumiendo que es tarea de todos. Pero en principio el argumento resulta falaz –cuando no engañoso- si sólo se convoca a poner el foco en la herencia recibida, cuya vigencia es tan real como rivalizados son la interpretación sobre sus alcances y sentidos; y mucho menos, si de la propuesta no surge no surge la identificación de diferentes responsabilidades.

En efecto, es engañosa cualquier asignación no diferenciada de responsabilidades cuando en realidad los actores de carne y hueso –los institucionalizados y las capas de trabajadores informales, pobres o marginados no representados por nadie- no tuvieron igual protagonismo al momento de decidir el reparto de la torta ni mucho menos accedieron a iguales porciones de la misma mientras duró la fiesta. En este sentido, no parece justo que una vez finalizado el aquelarre se solicite a todos que paguen de manera democrática la cuenta; y menos aún si la fiesta termina mal, teniendo en cuenta que no todos los participantes tienen similar capacidad para protegerse de la debacle.

Aunque sobra decirlo, solo una mesa en donde todos los actores puedan verse la cara, sin antifaces (incluido el gobierno), podrá hacer posible distribuir talentos por devolver, prioridades por atender y sacrificios necesarios, es decir, saldar la salida de fiesta haciendo algo de justicia. Bajo este escenario, la situación exige del gobierno, antes que de nadie: información cierta, objetividad, lucidez, audacia, fortaleza, entusiasmo, transparencia, todo cual debe expresarse en la puesta en escena de un plan de emergencia mucho más integral que haga frente a la tormenta, priorizando a los más débiles, a aquellos sin recursos ni defensa frente a la crisis.

Pero además de lamentar que la mesa de actores sigue vacía, cabe la pregunta: ¿se están repartiendo con equidad los costos de la herencia?, ¿existe un plan de emergencia que prevenga y contemple las injusticias de la debacle?, ¿son suficientes y están llegando a tiempo las medidas de alivio social adoptadas para los sectores más pobres? No parece. El aumento, algo más que “probable”, que habría registrado la pobreza por ingresos según el Observatorio de la Deuda Social Argentina muestra que pueden ser millones los hogares que se sigan sumando a la pobreza si, al margen de toda red de contención, el derrame tarda más de lo previsto, resulta débil o nunca llega.

Es posible que el gobierno necesite ganar tiempo para instalar confianza plena en que un futuro distinto es posible, sin embargo, muy poco se logrará de manera objetiva al respecto si durante el tránsito no hay efectivas señales de equidad en la distribución de las responsabilidades y de los escasos recursos económicos disponibles. Para ello sin duda habrán de ser necesarias más y mejores estadísticas sociales, sobre todo estadísticas públicas (todavía ausentes), pero sobre todo una más clara voluntad política a resolver con responsabilidad, solidaridad y justicia este final de fiesta.

MIGUEL ANGEL BOGGIANO, ECONOMISTA Y CEO DE CARTA FINANCIERA

boggiano

¿Cuál es la causa actual de la inflación?

Lo que vimos en desde diciembre del año pasado es un aumento en los precios de determinados bienes. En especial los llamados “transables” (aquellos bienes que pueden comerciarse internacionalmente), los combustibles y los servicios (gas, luz, transporte). Los transables por efecto de la devaluación más anticipada de la historia (luego de una fantasía de tipo de cambio dramáticamente atradaso), los combustibles por elegir mantener empleo en las zona de producción petrolera, y los servicios por actualizar tarifas que no tenían ningún sentido económico.

Los transables y las tarifas, fueron sinceramiento de precios. Los combustibles son el resultado de haber perdido una batalla política.

En cualquier caso, hay que diferenciar inflación (aumento generalizado de precios), de cambio de precios relativos (donde determinados bienes se encarecen en relación a otros). Este último fue el caso. Obviamente esto impacta en un salto en el costo de vida y en el cómputo aritmético del índice de inflación, pero por su naturaleza de ser saltos de “una vez”, no deberían implicar inflación futura.

¿Qué hace el gobierno para combatirla?

Ha liberado no solo el cepo cambiario sino decenas de “cepos” que había en la economía. La era K fue una era de precios intervenidos y asordinados que no permitió transmitir la información de escasez relativa que transmite un precio.

Además de liberar los precios para restablecer el normal funcionamiento de una economía, se ha puesto énfasis en el componente monetario de la inflación. Se han hecho progresos pero aún se carga con la herencia de Lebacs (acrecentada por este mismo gobierno) que exige la necesidad de imprimir más pesos, sumado a la gran emisión necesaria para cubrir el dólar futuro de Vanoli. Hay mucho por trabajo por contener aún el componente monetario.

¿Qué debería hacerse o como debería hacerse para erradicarla?

Está todo en camino para que eso suceda. La gente se ha vuelto increíblemente impaciente, fogoneada por los políticos. Luego de soportar una inflación del 30%-40% por cuatro años, ahora quiere verla erradicada de cuajo. No hay soluciones mágicas.

MYRIAM BREGMAN, DIPUTADA FRENTE DE IZQUIERDA

Myriam Bregman

¿Cuál es la causa actual de la inflación?

La inflación tiene múltiples causas, sin embargo, es indudable que las medidas que tomó el macrismo desde que asumió provocaron una suba acelerada de los precios. A las medidas tomadas por el gobierno se suman las acciones de los empresarios que buscan mantener sus elevados márgenes de ganancia, aprovechando en algunos casos los manejos monopólicos de determinados mercados, creando una espiral de subas de precios.

El kirchnerismo dejó una “herencia” de inflación e ingresos de una mayoría por debajo de $7.900 (según último dato publicado por el INDEC en el segundo trimestre de 2015) pero el esquema económico que fijó el nuevo gobierno desde su asunción generó una escalada inflacionaria. En primer lugar, el dólar subió un 50 %, y esto es el principal elemento que explica la escalada de precios.  Se encarecieron los insumos importados que necesita la industria para producir y subieron los precios de los productos exportables que sus productores y comercializadores pretenden cobrar en el país al mismo nivel de precios en pesos que en el exterior.

Otras medidas inflacionarias han sido la quita de retenciones al campo y a la industria (lo cual lleva a que los productores busquen cobrar en pesos lo mismo que ganan en dólares al exportar), la eliminación de los Registro de Exportación (ROE) permite a los productores agrarios aumentar sus ventas al exterior y así presionar por precios en dólares al mercado interno, la quita de subsidios y tarifazos en agua, luz, gas, la suba de los combustibles, transporte,  por citar algunas. En mayo impactará la suba de cigarrillos, medicina prepaga y nueva suba de naftas.

El lunes pasado las consultoras económicas dieron a conocer la inflación de abril: la ubican entre 6 % y 8,5 %. La mayor suba en 14 años. En el acumulado entre enero y abril el aumento de precios alcanza de mínima al 20 %. Hasta la inflación que mide la Ciudad de Buenos Aires registró en marzo una inflación del 35 % interanual. Pero considerando que el promedio de inflación entre enero y abril está alrededor de 4,5 % y si este ritmo se extrapola hasta diciembre, la inflación anual podría superar el 60 %.

¿Qué hace el gobierno para combatirla?

El Gobierno busca bajar la inflación atacando el salario, imponiendo techos salariales del 25 % bajo la amenaza de la desocupación. La política económica de Cambiemos es de recesión de la economía con ajuste, restricción monetaria y encarecimiento del crédito que ya generó miles de despidos.

Por otro lado, con una concepción liberal, sostiene que la inflación es consecuencia de la emisión descontrolada del BCRA para cubrir el déficit fiscal durante el kirchnerismo. Sin embargo, su política reducción de dinero no redujo la escalada de precios. El gobierno también aplicó una fuerte suba de tasas, se licitaron Lebacs, con tasas que son muy atractivas para los grandes tenedores de pesos (bancos, financieras y grupos económicos). Este mecanismo viene alentando la “bicicleta financiera” que representa un gran costo para el BCRA, se calcula una suma similar a la que se le abonará a los buitres.

La inflación en caso de bajar es a costa de un enorme endeudamiento del Estado como de una fuerte recesión que recae sobre el empleo y las condiciones de vida del pueblo trabajador. En este sentido ajustador, el crédito hacia el sector privado se ha contraído en los primeros meses del año, el financiamiento para las Pymes se encareció. El objetivo es golpear al consumo mientras por otra parte se aplica un plan de ajuste del gasto del Estado con miles de despidos que también se replica en el sector privado y busca disciplinar al salario dejándolo por debajo de la inflación anual.

¿Qué debería hacerse o como debería hacerse para erradicarla?

Para los que nos decidimos claramente por la defensa de los que viven de su salario, Para enfrentar la inflación hay que exigir un salario equivalente a la canasta familiar para que se recupere el poder de compra frente a la inflación. La Junta Interna de Ate de las trabajadoras y trabajadores del INDEC estimaron la canasta familiar de marzo en $17.492. Es necesario que el salario mínimo sea igual a la canasta familiar, que haya paritarias libres y sin techo; contra los despidos. Para que la inflación no desvalorice el poder adquisitivo, imponer las cláusulas de ajuste automático de los salarios, así como para la asignación universal por hijo y las jubilaciones. El 82 % móvil para los jubilados.

Se deberían poner en pie comités de trabajadores y usuarios para el control de precios desde los lugares de producción, pasando por todos los canales de distribución hasta la venta, y la exigencia de apertura de los libros de contabilidad de todas las empresas que aduzcan que “necesitan” ajustar sus precios. También control de los stocks dado que las empresas recurren muchas veces al desabastecimiento para presionar y subir precios.

Por otro lado, la estatización de todos los bancos y una banca estatal única permitirían dar créditos baratos y acabar con las gigantescas ganancias financieras. Entre otras muchas estafas están las cargas en los pagos con tarjeta, sumas enormes que los supermercados descargan en los precios para después hacer los días de “descuento”.

La nacionalización del comercio exterior permitiría asegurar la producción y el abastecimiento local, vender al exterior y asegurar las compras a otros países, en función de las necesidades de la población, sin tomar medidas que golpean al pueblo trabajador en beneficio de un puñado de firmas.

PABLO KNOPOFF, SOCIO DIRECTOR DE ISONOMIA CONSULTORES

pablo

La mayoría de los temas o variables que pueden ser evaluados tienen una lectura filo política o asociada al nivel de aprobación hacia el gobierno nacional. Dicho de otro modo, la respuesta está condicionada con el voto del año pasado y la afinidad o lejanía con el gobierno actual. En contrapartida, cuando se evalúa la situación de inflación en opinión pública, si se toma una segmentación según niveles de aprobación hacia el Presidente Mauricio Macri, con ciertos matices, se observa un comportamiento similar en todos esos segmentos; esto es, sin importar el nivel de aprobación o desaprobación sobre la administración actual, la situación incide de similar manera.

Vale decir, por otro lado, que existen al menos tres elementos que mitigan el efecto de la inflación en la aprobación del gobierno: la responsabilidad sobre el tema presenta a empresarios y al gobierno previo con muchas más menciones que al Presidente Mauricio Macri; por otro lado, dos tercios de los argentinos sostienen que muchas de las decisiones de la administración actual son consecuencia de la herencia recibida; y, por último, las expectativas sobre que se logrará controlar la inflación se mantienen altas.

Aparece con claridad e importancia el “segundo semestre” como momento central asociado al tema inflación, siendo que el propio gobierno ancló las expectativas hacia tal fecha, lo que implica, por un lado, la posibilidad de sostenerlas con fuerza hasta tal momento y, por otro lado, en caso de no poder cumplirlas, la necesidad de comunicarlo previamente para extender el periodo mencionado.

DANIEL MENENDEZ, COORDINADOR NACIONAL DEL MOVIMIENTO BARRIOS DE PIEdanielmenendez

Los índices de desigualdad son cada día más desalentadores en nuestro país. A pesar de que nos prometieron Pobreza Cero, comprobamos que en los cuatro meses cumplidos del 2016, son miles las personas que han caído bajo la línea de la pobreza.

Hace unas semanas, el Presidente de la Nación hizo una serie de anuncios, los cuales no tienen el suficiente impacto ante el deterioro de las condiciones de vida.

En lo que respecta a la devolución del IVA a los productos de la Canasta de Alimentos, el descuento mensual sería de $138 por persona, y $428 para una familia de dos adultos y dos niños pequeños. El ministro Triaca dijo que el tope de las devoluciones es de $300, con lo cual el beneficio sería aún más reducido. Si tenemos en cuenta que los ingresos necesarios para solventar sus gastos mensuales generales, para la misma familia está en el orden de los $ 9164 (según Índice Barrial de Precios de marzo) esos $300 de reintegro significarían una reducción del 3,27%. Y para efectuarse el descuento, la compra debe hacerse con tarjeta de débito. En los pequeños negocios de los barrios, por lo general no se trabaja con tarjetas.

En segundo lugar, teniendo en cuenta que la jubilación mínima es de $4990, una retribución por única vez de $500, asignada en mayo que se cobraría en junio, es absolutamente insuficiente.

Por otra parte, los anuncios no han mencionado ni el problema de los tarifazos ni el de los despidos, dos realidades que hoy afectan directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El aumento sostenido de precios de los artículos de la canasta de alimentos y los tarifazos que el Gobierno está imponiendo en los servicios públicos, y en la nafta más recientemente, son un durísimo golpe para amplios sectores de la sociedad, en especial para los hogares humildes.
Desde Barrios de Pie adherimos a la segunda convocatoria de #SuperVacíos para el 10 de mayo (la primera fue el 7 de abril) porque creemos que el Estado Nacional debe, de manera urgente, instrumentar medidas contra la inflación. El mensaje de esta iniciativa está dirigido a dos destinatarios: el Gobierno y los formadores de precios. Los aumentos los terminan pagando los trabajadores y los humildes, mientras que los sectores concentrados no tienen que hacer ningún tipo de sacrificio ante el ajuste económico.

Siempre se nos acusa a los movimientos sociales de reclamar y no proponer soluciones. Contrariamente a eso, hemos coordinado en el último tiempo reuniones con la Pastoral Social y con distintos sectores de la Iglesia, así como con otras organizaciones sociales, para acercar propuestas a diputados de diferentes sectores políticos.

Entre las medidas que proponemos se encuentran: la devolución del IVA de los productos de la Canasta Básica Alimentaria; la suspensión de despidos; la actualización del monto de los planes sociales, jubilaciones y pensiones, y de la prestación por desempleo; y la implementación de una verdadera tarifa social de los servicios públicos, de fácil y rápido acceso.

A este paquete de propuestas las hemos enmarcado dentro de un objetivo común que consiste en solicitar que se declare la Emergencia Social. Estamos convencidos que  través del diálogo y del consenso se pueden lograr avances significativos en la lucha contra el droga, la pobreza y la exclusión.

No compartimos con el Gobierno la visión de que las inversiones se traducen en mejoras sociales. La experiencia histórica demuestra que además es indispensable la intervención del estado para garantizar que los beneficios que las mismas traen se distribuyan equitativamente a toda la población. Para no profundizar la actual estructura de pobreza en nuestro país, es preciso tomar medidas urgente.

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