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VILLA 31: UN CASO JUDICIAL DIFERENTE

Por Catalina de Elía

@CatadeElía      

villa 31Tres inmuebles que eran usados para la venta de drogas en el interior de la villa 31 ahora serán bibliotecas y centros educativos. Así lo pidió el fiscal Jorge Di Lello y lo ordenó el juez Ariel Lijo. En la resolución, el juez explicó que durante la investigación se constató que esos lugares se usaban para cometer los delitos de comercialización de estupefacientes. Hace un tiempo atrás, la justicia hizo un megaoperativo con más de 40 allanamientos y desbarató una peligrosa banda de narcotraficantes. Hoy la puja es distinta: por el control del territorio. Para ello, el juez convocó a autoridades políticas, tanto a nivel nacional como local y a organismos específicos del Ministerio Público Fiscal.

La decisión

di lello

La primera lectura de la sentencia llama la atención por su heterodoxia. El juez Lijo recogió una iniciativa del fiscal Jorge Di Lello que, de alguna manera, desdobló la actuación del Ministerio Público Fiscal. En efecto, sin renunciar al descubrimiento de los hechos e individualización de los responsables la fiscalía de Di Lello dio un paso más. Normalmente, el sistema judicial realiza procedimientos y se retira del lugar. Precisamente, la fiscalía esta vez hizo lo contrario. De la mano de la manda constitucional que asigna al Ministerio Público la representación de los intereses generales de la sociedad, se convocó a un equipo interdisciplinario para que se ocupe del día después. Esto significa garantizar la presencia del Estado después de la intervención compulsiva propia de un allanamiento.

Aquí reside la novedad. En primer lugar, separar la tenencia de drogas del narcotráfico como campos de la salud y del derecho penal respectivamente. En segundo lugar, en ensayar una serie de medidas político judiciales enderezadas a establecer de manera concreta y palpable la presencia del Estado en el territorio. En tercer lugar, en generar las condiciones para que esos lugares sean convertidos en espacios sociales de encuentro, de servicios y de creación de ciudadanía.

En definitiva, para este espacio es importante que exista un precedente de esta naturaleza porque indica que la justicia no solo puede reprimir los delitos sino que además tiene la chance de contribuir a la re significación del sentido que circula en espacios donde el Estado ve resentida o disuelto un rasgo que debería distinguirlo, el ejercicio de la soberanía.

           A modo de conclusión…

A 42 años del asesinato del Padre Carlos Mugica, cuya sombra envuelve a la villa 31 y al grito de justicia de sus vecinos, decisiones como la emprendida por la fiscalía de Di Lello,  permiten generar ilusiones vinculadas con otra forma de ver los problemas del lugar.

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